Viviendas: nuestras matemáticas dicen “hay negocios”
Por Martín Cantoro *
Hoy 20 de junio se cumple la mitad del plazo previsto
(25 de 50 meses) de la obra “Construcción 1000 Viviendas - Clase
Media”, más de dos años de ejecución, momento oportuno para
evaluar resultados de la obra adjudicada originalmente a
Ivecor SA.
De acuerdo con las condiciones del pliego y del contrato de la obra, deberíamos tener, desde el pasado 20 de enero (20 meses de obra), finalizadas y en óptimas condiciones de edificación y funcionamiento 300 viviendas (100 de la primera etapa y 200 de la segunda) más el 50% de avance de obra de otras 200 viviendas de la tercera etapa; insistimos, todo el 20 de enero pasado. A ello podríamos añadirle lo avanzado desde aquel entonces. Condiciones exigibles a la contratista originaria, y hoy a la nueva contratista, Incisa SA, correspondiendo la aplicación de multas en caso de incumplimientos, lo que no ocurrió.
Un relevamiento de obra del 21-04-15 nos indicó que aún no se había terminado de entregar las primeras 101 viviendas que conformaron la primera etapa (14 meses de atraso). La segunda etapa, de la que al menos 199 viviendas deberían haber estado finalizadas el 20 de enero, muestra algún avance sobre 49 viviendas destinadas al Cispren, mientras en el loteo Castelli sólo pudieron constatarse 85 plateas. No tenían inicio 65 viviendas. Los cuestionamientos por las deficiencias en los trabajos han sido unánimes en todos los frentes.
En términos económico-financieros se han abonado $ 55 millones (40 millones cobró Ivecor y 15 millones Incisa), pese a que claramente no hubo un avance equivalente en obra. En principio, ello se justificó por los adelantos financieros otorgados a Ivecor por acopios; sin embargo, y pese a financiarse con recursos públicos (Fomuvi), el acopio para la segunda etapa ha desaparecido documentadamente sin que ello le importe al secretario de Vivienda. El mismo contemplaba la compra de materiales para 104 viviendas, desde hormigón armado para distintos elementos constructivos, ladrillos y pisos cerámicos, zócalos, revestimiento para cocinas y baños, puertas placas y tablero, ventanas, mesadas de cocina, pintura (interior y exterior), así como los materiales para realizar las instalaciones eléctrica, sanitaria y pluvial y de gas, hierro para rejas y muebles de bajo-mesada. Ante escribana pública Ivecor le transfirió a Incisa sólo 13 viviendas en construcción y estructuras premoldeadas para otras 10 viviendas, y el gobierno lo aprobó. A valores de hoy son apenas $13 millones que no merecen siquiera un mínimo reclamo del jefe de Gabinete.
Hemos aportado a la fiscalía de Walter Guzmán elementos contundentes que dan muestra de que el Municipio, a instancias del aval del secretario de Vivienda, abonó por tareas no ejecutadas. Fotografías tomadas ante escribano público en octubre de 2014 (8 meses después de haber emitido el Certificado 11) muestran diversos rubros que aun con semejante brecha temporal fueron certificados en febrero de 2014 sin estar ejecutados aún en octubre.
Para ejemplificar, tomemos el Rubro 20 del Certificado 11, Revestimiento Baño - Mano de Obra (es decir, ejecución y no acopio) de la primera etapa. Aquí 4 de las 12 viviendas de 2 dormitorios en construcción no mostraban ejecución alguna de dicha tarea; sin embargo, el rubro indica una certificación del 83,33% (lo que equivaldría a tener la tarea ejecutada en 10 viviendas). De igual modo, 13 de las 87 viviendas de 3 dormitorios no tenían ejecución en dicho rubro; sin embargo, el Certificado 11 indica un avance del 97,70% (equivale a 85 unidades con la tarea concluida). Realice usted simples operaciones matemáticas y saque sus conclusiones. Por ello puedo afirmar, a instancias del secretario de Vivienda, Ivecor SA le cobró al Municipio por tareas no realizadas.
Ya en este 2015, con una celeridad propia de quien pretende eludir explicaciones, por recomendación del secretario de Vivienda y del fiscal municipal, el intendente aprobó la cesión del contrato de Ivecor a Incisa. El bloque oficialista aprobó, en silencio cómplice, pese a que la documentación mostraba innumerables irregularidades: antecedentes falsos, análisis financieros descabellados, inconsistencias entre avances declarados y reales, sólo por enunciar algunas (no profundizamos por cuestión de espacio).
Pudiendo haber aplicado multas, llegando a la rescisión misma del contrato, reteniendo así fondos de reparo, pólizas de caución y garantías; pudiendo haber abonado sumas considerablemente menores a partir de cotejar los avances reales de obra y de exigir a las contratistas invertir los fondos para cumplir con los plazos y las exigencias financieras del pliego (Art. 2), el gobierno ha tomado un camino difícil de explicar a los riocuartenses en general y a los adjudicatarios en particular.
¿Por qué no se defienden aquí los intereses riocuartenses? ¿Cómo explicar la defensa que se hace del accionar del Municipio cuando queda claro que Ivecor lo defraudó, del mismo modo que avaló a Incisa aunque presentaba antecedentes falsos y de demostración irrefutable?
Se habló también de los beneficios del precio; sin embargo, con la redeterminación de precios a enero 2015, el Municipio abona $6.030,64 por metro cuadrado (2 dormitorios), apenas por debajo del costo de la construcción publicado por la provincia de Córdoba para el mismo mes, aunque obviamente éste último no contempla todas las deficiencias y demoras de público conocimiento que tienen las viviendas construidas en nuestra ciudad.
La próxima gestión heredará un contrato para construir viviendas para las cuales no hay interesados. Nunca hubo 1.000 inscriptos y de los 656 informados por el secretario de Vivienda se han seguido sucediendo renuncias de los adjudicatarios, siendo la brecha cada día mayor.
Con sólo rescindir y volver a licitar reduciendo en 400 la cantidad de viviendas a ser construidas, el compromiso económico disminuiría en más de $ 130 millones a valores de enero 2015. ¿Por qué evitar rescindir? ¿Para quién es negocio esta situación? Claramente no lo es para todos los riocuartenses. Evidentemente sí para algunos.
De acuerdo con las condiciones del pliego y del contrato de la obra, deberíamos tener, desde el pasado 20 de enero (20 meses de obra), finalizadas y en óptimas condiciones de edificación y funcionamiento 300 viviendas (100 de la primera etapa y 200 de la segunda) más el 50% de avance de obra de otras 200 viviendas de la tercera etapa; insistimos, todo el 20 de enero pasado. A ello podríamos añadirle lo avanzado desde aquel entonces. Condiciones exigibles a la contratista originaria, y hoy a la nueva contratista, Incisa SA, correspondiendo la aplicación de multas en caso de incumplimientos, lo que no ocurrió.
Un relevamiento de obra del 21-04-15 nos indicó que aún no se había terminado de entregar las primeras 101 viviendas que conformaron la primera etapa (14 meses de atraso). La segunda etapa, de la que al menos 199 viviendas deberían haber estado finalizadas el 20 de enero, muestra algún avance sobre 49 viviendas destinadas al Cispren, mientras en el loteo Castelli sólo pudieron constatarse 85 plateas. No tenían inicio 65 viviendas. Los cuestionamientos por las deficiencias en los trabajos han sido unánimes en todos los frentes.
En términos económico-financieros se han abonado $ 55 millones (40 millones cobró Ivecor y 15 millones Incisa), pese a que claramente no hubo un avance equivalente en obra. En principio, ello se justificó por los adelantos financieros otorgados a Ivecor por acopios; sin embargo, y pese a financiarse con recursos públicos (Fomuvi), el acopio para la segunda etapa ha desaparecido documentadamente sin que ello le importe al secretario de Vivienda. El mismo contemplaba la compra de materiales para 104 viviendas, desde hormigón armado para distintos elementos constructivos, ladrillos y pisos cerámicos, zócalos, revestimiento para cocinas y baños, puertas placas y tablero, ventanas, mesadas de cocina, pintura (interior y exterior), así como los materiales para realizar las instalaciones eléctrica, sanitaria y pluvial y de gas, hierro para rejas y muebles de bajo-mesada. Ante escribana pública Ivecor le transfirió a Incisa sólo 13 viviendas en construcción y estructuras premoldeadas para otras 10 viviendas, y el gobierno lo aprobó. A valores de hoy son apenas $13 millones que no merecen siquiera un mínimo reclamo del jefe de Gabinete.
Hemos aportado a la fiscalía de Walter Guzmán elementos contundentes que dan muestra de que el Municipio, a instancias del aval del secretario de Vivienda, abonó por tareas no ejecutadas. Fotografías tomadas ante escribano público en octubre de 2014 (8 meses después de haber emitido el Certificado 11) muestran diversos rubros que aun con semejante brecha temporal fueron certificados en febrero de 2014 sin estar ejecutados aún en octubre.
Para ejemplificar, tomemos el Rubro 20 del Certificado 11, Revestimiento Baño - Mano de Obra (es decir, ejecución y no acopio) de la primera etapa. Aquí 4 de las 12 viviendas de 2 dormitorios en construcción no mostraban ejecución alguna de dicha tarea; sin embargo, el rubro indica una certificación del 83,33% (lo que equivaldría a tener la tarea ejecutada en 10 viviendas). De igual modo, 13 de las 87 viviendas de 3 dormitorios no tenían ejecución en dicho rubro; sin embargo, el Certificado 11 indica un avance del 97,70% (equivale a 85 unidades con la tarea concluida). Realice usted simples operaciones matemáticas y saque sus conclusiones. Por ello puedo afirmar, a instancias del secretario de Vivienda, Ivecor SA le cobró al Municipio por tareas no realizadas.
Ya en este 2015, con una celeridad propia de quien pretende eludir explicaciones, por recomendación del secretario de Vivienda y del fiscal municipal, el intendente aprobó la cesión del contrato de Ivecor a Incisa. El bloque oficialista aprobó, en silencio cómplice, pese a que la documentación mostraba innumerables irregularidades: antecedentes falsos, análisis financieros descabellados, inconsistencias entre avances declarados y reales, sólo por enunciar algunas (no profundizamos por cuestión de espacio).
Pudiendo haber aplicado multas, llegando a la rescisión misma del contrato, reteniendo así fondos de reparo, pólizas de caución y garantías; pudiendo haber abonado sumas considerablemente menores a partir de cotejar los avances reales de obra y de exigir a las contratistas invertir los fondos para cumplir con los plazos y las exigencias financieras del pliego (Art. 2), el gobierno ha tomado un camino difícil de explicar a los riocuartenses en general y a los adjudicatarios en particular.
¿Por qué no se defienden aquí los intereses riocuartenses? ¿Cómo explicar la defensa que se hace del accionar del Municipio cuando queda claro que Ivecor lo defraudó, del mismo modo que avaló a Incisa aunque presentaba antecedentes falsos y de demostración irrefutable?
Se habló también de los beneficios del precio; sin embargo, con la redeterminación de precios a enero 2015, el Municipio abona $6.030,64 por metro cuadrado (2 dormitorios), apenas por debajo del costo de la construcción publicado por la provincia de Córdoba para el mismo mes, aunque obviamente éste último no contempla todas las deficiencias y demoras de público conocimiento que tienen las viviendas construidas en nuestra ciudad.
La próxima gestión heredará un contrato para construir viviendas para las cuales no hay interesados. Nunca hubo 1.000 inscriptos y de los 656 informados por el secretario de Vivienda se han seguido sucediendo renuncias de los adjudicatarios, siendo la brecha cada día mayor.
Con sólo rescindir y volver a licitar reduciendo en 400 la cantidad de viviendas a ser construidas, el compromiso económico disminuiría en más de $ 130 millones a valores de enero 2015. ¿Por qué evitar rescindir? ¿Para quién es negocio esta situación? Claramente no lo es para todos los riocuartenses. Evidentemente sí para algunos.
* Tribuno de Cuentas de
Encuentro Ciudadano.
Encuentro Ciudadano.
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