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24 sept. 2012

SUSANA DILLON: MAESTRA!!!

Como vos nos denominabas “tus hijos putativos” te recuerdan con entrañable cariño, poniendo de relieve que nos solicitaste que en tu ausencia en esta vida levantemos la voz por los que no tienen voz y que no olvidemos que la lucha por los Derechos Humanos carece de color partidario como tu ejemplo así lo demuestra.
GRACIAS por habernos dejado compartir nuestra vida con vos!

Camucha,  José Luis, Nora, Sabina , Claudia , Marta, Héctor

19 sept. 2012

Mendoza: otro NO a la reelección y a la megaminería

Anonymous hackeó los sitios web de la Legislatura de Mendoza

La organización de ciberactivistas hizo saturar los sitios web de las Cámaras de Diputados y de Senadores, lo que hizo imposible acceder a los mismos. El ataque, que no vulneró contenidos, se efectuó en protesta por la posible reforma de la ley 7722, que regula la actividad minera.

Los sitios web de las Cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, sufrieron esta tarde un hackeo en sus sistemas, lo que hizo imposible acceder a dichas páginas. El grupo de activistas informáticos conocido como Anonymous Argentina se atribuyó el ataque, en protesta por la posible reforma de la ley minera 7722.

Desde Diputados y Senado informaron que podría tratarse de un ataque de negación de servicio. 

Según explicó Pedro Badoza, sudirector de Análisis y Programación del Senado, fue "un ataque a la conexión, no a los contenidos, que impide que puedas acceder al sitio desde afuera". El técnico descartó que se hubiera violado el ingreso al sitio, pero en estos momentos los especialistas en informática de la Legislatura se encuentran cambiando las reglas de seguridad.

El funcionario indicó que la sospecha sobre la autoría del ataque se inclina hacia el grupo de ciberactivistas versión argentina y el procedimiento fue el mismo que se efectuó para inutilizar la página web de la Afip semanas atrás.

La negación de servicio es una forma de ataque -no sería un hackeo- donde una gran cantidad de usuarios empiezan a bombardear a una sola dirección, hasta que la saturan, lo que impide el acceso. 

En un mail, la organización se atribuye el ataque y manifiestan que el mismo se realiza en protesta por la posible reforma que pueda darse con la ley 7722, que regula la actividad minera y prohíbe actualmente la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro.


Esto es lo que dice el comunicado de Anonymous:
"Hola pueblo de Mendoza, hoy hemos vuelto a interferir el servicio de un par de páginas correspondientes a vuestra provincia, con el objetivo de exigirle a los diferentes poderes la PLENA VIGENCIA Y CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY PROVINCIAL 7.722.

Ayer le toco al Poder Judicial, donde duermen los pedidos de inconstitucionalidad presentados por las empresas mineras. Exigiendole a los jueces, que en estos momentos están recibiendo escraches de su propio pueblo,  traten de forma inmediata los pedidos y ratifiquen la
constitucionalidad de la ley 7.722. 

¿Qué a caso no se dan cuenta que están poniendo en la balanza al pueblo vs las empresas mineras? Ley creada por el pueblo, para defender sus recursos. Pedidos hechos
por las mineras, para seguir llenando sus bolsillos.

¡Ellos son los representantes de la justicia del pueblo... NO de la mineras!

Hoy, le tocó a las páginas de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS y a la HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.

A ell@s, les exigimos que dejen de intentar modificar los artículos de esta ley. El pueblo la creo así y así quiere que siga vigente.

A su vez, les pedimos que cuando tengan que votar por un proyecto minero (como ocurrió con San Jorge) no permitan la instalación de ninguna otra minera en la provincia.

¡Advertimos que las medidas seguirán! Somos pueblo y luchamos como tal.

EXIGIMOS LA PLENA VIGENCIA Y CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7.722 Que los jueces, diputados y senadores obedezcan las voluntades del pueblo".


Fuente: mdzol.com

18 sept. 2012

A seis años de la desaparición de Jorge Julio López


Su testimonio permitió encarcelar al represor Miguel Etchecolatz. Fue visto con vida por última vez el 18 de diciembre de 2006

Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, un día antes de que se conociera la sentencia a prisión perpetua por el delito de genocidio contra el ex jefe de investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz. 

Considerado un testigo "clave" para encarcelar al represor, López había relatado ante el Tribunal Oral Federal de La Plata, las torturas y vejaciones que había padecido durante sus tres años en cautiverio entre 1976 y 1979.

"No hay ninguna novedad, no hay mucho para decir que no haya dicho antes", señala Jorge Asuaje, ex militante de la Juventud Peronista (JP) que fundó junto a López la Unidad Básica de Los Hornos, el barrio platense donde el albañil vivió hasta el día de su desaparición.

"Soy consciente de que lamentablemente a esta altura es muy difícil poder avanzar en la investigación porque ha pasado mucho tiempo, no hay ninguna pista concreta y eso dificulta mucho más las cosas", opina Asuaje a seis años de la desaparición de su compañero. 

López y Asuaje se conocieron en 1973 cuando se organizaban las primeras reuniones para el armado de la Unidad Básica. Recién en democracia, entrados los años noventa, Asuaje escuchó de boca de López detalles de lo que años después relataría en el juicio por crímenes de lesa humanidad: "Nos encontramos en la había sido mi casa, él había trabajado (como albañil) muchos años con mi suegro", recuerda. 

"Lo que más me impactó, aunque sabía que mis compañeros habían sido asesinados, fue saber cuál había sido su final; para mí fue muy tremendo", se lamenta por el destino de Roberto Roda, Alejandro Sánchez, Patricia Dell'Orto y Ambrosio de Marco, con quienes había compartido años de militancia.  

El día que desapareció, López salía de su casa en Los Hornos para escuchar los alegatos finales. En su declaración, además de reconocer a Etchecolatz como su torturador, logró identificar a Ramón Camps y Hugo Guallama. El video de su testimonio, de hecho, se usó también en la causa del "Circuito Camps" en octubre del año pasado.

Nilda Eloy, ex detenida-desaparecida en el Pozo de Arana en 1976, aseguró a Perfil.com que "no hay ninguna voluntad de conseguir ningún tipo de avance" en la causa a seis años de la desaparición.

En este sentido, sostuvo, "no es una causa donde haya habido pistas: cada vez que logramos que alguien tome las riendas e investigue ‘algo’ y ese ‘algo’  apunta a la Bonaerense pasa algo, la causa se paraliza".

Para Eloy "es una causa llena de papeles y vacía de contenidos. Hubo una clara voluntad de tergiversar la realidad porque al principio lo que se hizo fue esa campaña de ‘Busquemos a Julio’ como si fuera un abuelo perdido".

Arslanián vs Los sin gorra. Para la abogada querellante, Guadalupe Godoy, en la investigación "sellaron la suerte en el primer tramo, dominado por el accionar de la Policía Bonaerense; por la resistencia a reconocer la desaparición con el desarrollo del juicio", afirmó a Perfil.com.

"Fue una decisión que se tomó en todos los ámbitos: un ministro nacional nos dijo que ‘no había elementos para suponer que no estuviera tomando el té con la tía’", recuerda Godoy palabras del ex ministro de Justicia, Aníbal Fernández, sobre la supuesta inexistencia de elementos para tomar la hipótesis del secuestro. 

Godoy, que representa a los organismos de Derechos Humanos platenses en la causa por la desaparición de López, recuerda que “desaparece en medio del conflicto de ‘Los sin gorra’ (un grupo de ex policías bonaerenses exonerados de la fuerza por diversos delitos) con el ex secretario de Seguridad, León Arslanián en un contexto que se conjugan con el inicio del juicio".


Fuente:Perfil

Cacerolazo: Pérez Esquivel y Nora Cortiñas


Cacerolazo: Pérez Esquivel criticó a Cristina y a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo



El ganador del premio Nobel de la Paz en 1980 dio su opinión respecto a la masiva movilización contra el Gobierno nacional del jueves 13 de septiembre. Se mostró en desacuerdo con la actitud de la Presidenta y con las palabras utilizadas por Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini. "Este es un gobierno de no diálogo y de imposiciones, por eso la gente reacciona", expresó.  
Adolfo Pérez Esquivel criticó la postura oficial del Gobierno frente a la multitudinaria movilización del pasado jueves. También se mostró endesacuerdo con las declaraciones de la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Carlotto había dicho que el cacerolazo fue protagonizado por "gente bien vestida, de clase media-alta". Bonafini por su parte manifestó que las personas que participaron de la masiva protesta fueron "los que vivaron" al exdictador Jorge Rafael Videla ahora "piden libertad".
"No estoy de acuerdo con esas expresiones", aseveró el ganador del premio Nobel de la paz, y arguyó que "son otras situaciones históricas, son otros momentos; no se puede decir que todos los que salieron a la calle tenían que ver con la última dictadura militar o estaban apoyando a la dictadura".
A través de twitter, también criticó a la Presidenta Cristina Fernández: "Este es un gobierno de no diálogo y de imposiciones, por eso la gente reacciona. Espero que registre la marcha del jueves." Sin embargo aclaró: "Criticar al gobierno no es estar a favor de la dictadura, pero tambiénes una locura decir o cantar que este gobierno es una dictadura".
Audio: Nora Cortiñas

Fuente:Perfil-RadioMitre

16 sept. 2012

Testimonios sobre el accionar del represor riocuartense condenado a perpetua


En la semana que pasó se conoció el fallo del Tribunal Oral Federal subrogante de Bahía Blanca  que condenó a cadena perpetua a 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. Hicimos mención ya, se encuentra entre los condenados Mario Carlos Méndez, nativo de esta ciudad de Río Cuarto, de 58 años, coronel retirado, a quien lo  sentenciaron por  los de­li­tos de se­cues­tros, tor­tu­ras y el ho­mi­ci­dio de tres per­so­nas en dos ope­ra­ti­vos que tu­vie­ron co­mo víc­ti­mas a Da­niel Hi­dal­go, Ol­ga Sil­va Sou­to Cas­ti­llo y a Pa­tri­cia Ace­ve­do.
La información que recaba  testimonios vertidos durante el proceso que comprometieron a Méndez, es durísima, pero si quiere saber que  se declaró acerca de este militar y su accionar sobre los grupos de tareas, léala. Importa por varias razones, entre otras porque es bueno mantener viva la memoria,  así como es necesario transmitir a las nuevas generaciones que no vivieron los años de plomo la brutalidad con que se ejerció el terrorismo de estado a partir del golpe del 76.

“Méndez la mató”
Publicado el 16/11/2011 por efemedelacalle

 
Ayer por la tarde continuaron recibiéndose testimonios sobre el operativo realizado por el grupo de tareas del V Cuerpo de Ejército en Fitz Roy 137 el 14 de noviembre de 1976 donde fueron asesinados Olga Souto Castillo -embarazada de cuatro meses- y su compañero Daniel Hidalgo, ambos militantes peronistas.
El ex colimba Félix Julián relató que el subteniente Mario Carlos Méndez le comentó que había asesinado a la mujer embarazada: “Yo me enteré después por comentarios de Méndez (…) Sé que mataron a dos personas ahí adentro, que él había matado a la chica que estaba embarazada y el otro al muchacho en el baño. Creo recordar que con una ametralladora”.
La función del militar riocuartense en Bahía Blanca incluía tareas de custodia del personal superior del V Cuerpo pero no perdía oportunidad de participar en los operativos de secuestro de personas sumándose de hecho a las filas de la Agrupación Tropa, comandada por el mayor Ibarra.
La escribana Edith Carmen Delgado, recordó que vivía allí con su hijo y que ese día percibieron movimiento en los pasillos, gente que corría, “tiros y demás yerbas”. No pudo precisar la hora de inicio del ataque pero “sí el programa que estaba viendo mi hijo que era el Mundo de los Simios”.
“Soy bastante miedosa, los gritos eran muy feos. En ese momento se corría el rumor que había problemas serios en distintos lugares. Tiros y demás se escucharon desde la planta baja. El edificio todavía conserva las huellas de esos tiros. Evidentemente estaban tratando de detener a alguien. Mi departamento era el 2, contrafrente”, aseguró.
Relató que la orden era no salir de su vivienda pero alrededor de las tres de la mañana “se empezó a incendiar el departamento donde habían ocurrido estos hechos y tuvimos que evacuar”.

“No entra en mi mente lo que hicieron”

Desde Mar del Plata vino Isabel Cristina Souto, hermana de Olga que había cumplido 20 años el 15 de octubre del 76 y era un año y tres meses menor que ella.
“En realidad yo me entero donde la matan doce años después que ocurrió el hecho. Hasta ese momento no sabíamos qué había pasado. Me entero por la declaración de un tal Vilas que dice que en Bahía Blanca habían matado a una mujer con otro nombre (Delia García)”, dijo a los jueces.
La familia Souto vivía en Capital Federal y cuando Silvia y Olga cumplieron 12 o 13 años se trasladaron a Mar del Plata. “Antes del Proceso nosotras militábamos en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), a mi hermana la buscaban, así que dejó de vivir en casa cuando tenía 17 años y a partir de ese momento una vez por semana o cada diez días venía el Ejército a preguntar por ella. Nos separaban en las habitaciones para ver que sabíamos”.
Las visitas se reiteraron por más de dos años y se cortaron en noviembre del 76 por lo que la familia concluyó que Olga había sido asesinada o capturada por las fuerzas armadas. Desde entonces, la buscaron junto al bebé que llevaba en su vientre.
Doce años después se enteraron de lo sucedido: “Cuando supimos que había muerto, que no había que buscar un bebé, fue también el hecho que (mis padres) no pudieron velarla, enterrarla y ellos (los militares) siempre supieron y nunca nos lo dijeron. Ni siquiera podíamos decirle a los demás por eso del algo habrá hecho. Fue tan arbitrario, tenían la ley detrás de ellos para juzgarla si había hecho algo y no lo hicieron. No puedo entender lo que hicieron porque en mi mente no entra”.

Daniel Alberto Alguacil, en 1976 vivía en Fitz Roy 137 con su bebé y su esposa que gestaba su segundo hijo. Declaró que “aproximadamente a las nueve de la noche escuchamos dos explosiones. Nos asustamos porque el departamento era un funcional, chico, estaba en el tercer piso 5, contrafrente, cerca de la escalera. Abrí la puerta y vi un militar que circulaba por la escalera. Me indicó que ingresara, que cierre la puerta, que no hable a nadie y que iban a avisar cuando se pueda salir”.
Se refugió con su familia en una habitación que daba a un patio de luz “con mucho susto y nerviosismo porque se seguían escuchando detonaciones y explosiones”. Después decidieron encerrarse en el baño que era más seguro. Estuvieron tres o cuatro horas y pudieron comunicarse con un vecino por la ventilación.
“Cuando fueron cesando los disparos y las detonaciones, pudimos evacuar el departamento. Ahí fue donde descendimos por la escalera y nos dijeron que todo el edificio iba a ser desalojado. Optamos por ir a lo de mis padres y volví la mañana siguiente”, comentó el testigo.

Colimbas en el Comando

Luego se presentó Félix Eduardo Julián quien comenzó su servicio militar el 15 de marzo de 1976 en el Comando V Cuerpo de Ejército.
Luego de la instrucción militar fue designado chofer del comandante Azpitarte con la orden de “no detenerse en semáforos, tratar de esquivar acumulaciones de autos teniendo en cuenta que podía ser parado en cualquier momento y había que evitarlo. Podían ser grupos terroristas, montoneros y todo ese tipo que eran los que más teníamos”.

Su jefe directo era el represor Mario Carlos Méndez, alias Tucho o El Loco de la Guerra, que no dudaba en jactarse de los operativos en que participaba durante las noches.
“Lo que más recuerdo es un procedimiento que se hizo en calle Fitz Roy. Después tuve que llevar al comandante para que vea como había quedado el departamento y por boca de Méndez me relató que había participado. Comentó que lo habían herido en la mano izquierda en ese procedimiento. Había recibido órdenes que había gente subversiva o posible documentación y que al ir se originó un tiroteo”, manifestó Julián.
Méndez le relató que “con otro oficial reciben al ingresar disparos de adentro y ellos contestan y se origina un acontecimiento terrible, sé que habían matado a dos personas ahí adentro. Con los años sé que fue el joven Hidalgo y la señora. Méndez me comenta que era un matrimonio y que la mujer estaba embarazada”.

Al edificio de Fitz Roy, el general Azpitarte llegó con custodia de un suboficial. Al salir, subió al auto y no hizo ningún comentario. “Yo me enteré después por comentarios de Méndez (…) Sé que mataron a dos personas ahí adentro, que él había matado a la chica que estaba embarazada y el otro al muchacho en el baño. Creo recordar que con una ametralladora”.
“Cuando casi no reciben fuego de adentro, él entra corriendo al departamento, se tira encima de una cama y la mujer estaba sobre el piso bastante malherida pero le alcanza a disparar –es herido en la mano- y en la cama la termina de matar”, insistió.

Néstor Omar Bonifaci también comenzó su servicio militar el 15 de marzo del 76 en el Comando V Cuerpo y luego en el Hospital Militar. En su etapa de instrucción participó en una o dos sesiones de tiro en el Balneario Maldonado y en simulacros de combate urbano en el sector de caballeriza. Su jefe directo era el capitán Adalberti.
El juez José Mario Triputti le marcó la contradicción entre su primera declaración ante el fiscal Hugo Cañón en 2007 y la de ayer respecto a su conocimiento sobre la existencia de un centro de detención y camionetas que llevaban gente hacía allí.
“Uno atando cabos a medida que pasa el tiempo relaciona lo que por allá haya visto. Puede ser que hayan pasado camionetas pero no que haya habido un centro clandestino”, explicó. Conclusión: “Hoy si me pregunta si había un centro, evidentemente lo había. Pero si usted me pregunta si en ese momento conocía la existencia del centro, no lo conocía”.
Una situación similar se dio cuando el juez Jorge Ferro le marcó que en 2007 el testigo dijo que el día del operativo en Fitz Roy estaba en la guardia del hospital y recibió un llamado pidiendo una ambulancia y le preguntó si sabía que un subteniente había sido herido.
Bonifaci dijo que no y Ferro le advirtió que “vuelve a incurrir en el mismo error porque en la declaración anterior dice que sí y que podría ser el subteniente Méndez aunque duda si no fue uno de apellido Corres. Usted es muy preciso con los nombres… no tira cualquier apellido”.
“Ehhh… está bien. Sí… ehhh por comentarios tuvieron participación pero no lo vi”, respondió.
Al final de la tarde declaró el ex colimba Juan José Isachi cuyo destino fue el Hospital Militar pero fue pasado “en comisión al Comando porque el teniente De la Serna era amigo de un vecino mío y necesitaba alguien de confianza”.
Aseguró que Méndez “era un subteniente muy enérgico del Ejército, le decían el Loco de la Guerra, no era muy querido por los soldados. Hacía chistes con armas”. Identificó a Chisu, alias Ginebra, como uno de los custodios del general Vilas. Al ser consultado por el fiscal Córdoba respondió: “No tengo idea si estaba vinculado a algún sector sindical”.

En cuanto a De la Serna, el testigo afirmó que “manejaba la parte de prensa. La tarea era de ayudante del general y se encargaba de la prensa. Manejarse con algún periodista y cosas así. Tendrían que venir los periodistas… pero no eran muchas las actividades que desarrollaban. Sé que era encargado de prensa por el título que tenía. Se reunía con el general, tomaba mate en la oficina”.

15 sept. 2012

Crímenes de Lesa Humanidad : Un riocuartense condenado a perpetua



Los juicios por delitos de  lesa humanidad en la última dictadura militar  continúan en todo el país. En el primero que se desarrolló en Bahía Blanca, se investigaron crímenes cometidos en el centro clandestino de detención “La Escuelita” y las sentencias se conocieron el pasado 12 del corriente. Se trató de la causa  caratulada “Bayón, Juan Manuel y otros por Privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en Área controlada operacional Cuerpo Ejército V”. Así, el Tribunal Oral Federal subrogante de Bahía Blanca condenó a cadena perpetua a 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. Además ordenó 17 años y medios de prisión para dos de ellos y 18 para el restante .El tribunal ordenó  que se enviara a una cárcel común  los a los ex militares y policías condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 90 personas durante la última dictadura militar.

Entre los condenados a cadena perpetua figura Mario Carlos Méndez, nativo de esta ciudad de Río Cuarto,  coronel retirado de 58 años. La sentencia es por  los de­li­tos de se­cues­tros, tor­tu­ras y el ho­mi­ci­dio de tres per­so­nas en dos ope­ra­ti­vos que tu­vie­ron co­mo víc­ti­mas a Da­niel Hi­dal­go, Ol­ga Sil­va Sou­to Cas­ti­llo y a Pa­tri­cia Ace­ve­do. Mén­dez, a quien apo­da­ban “el lo­co de la gue­rra”, ha­bía re­ci­bi­do re­co­no­ci­mien­tos por sus ac­tua­cio­nes en estos dos ope­ra­ti­vos. Ade­más, Mén­dez tam­bién es­ta­ba acu­sa­do del se­cues­tro y tor­tu­ras con­tra un gru­po de es­tu­dian­tes de dis­tin­tos cur­sos y un pro­fe­sor de la Es­cue­la Na­cio­nal de Edu­ca­ción Téc­ni­ca Nº 1 “In­ge­nie­ro Cé­sar Ci­po­llet­ti” de Ba­hía Blan­ca.  Además mien­tras se de­sa­rro­lla­ba es­ta cau­sa, so­bre el rio­cuar­ten­se ya re­caía otro pro­ce­sa­mien­to, por la coau­to­ría de la pri­va­ción ile­gal de la li­ber­tad co­me­ti­da por fun­cio­na­rio pú­bli­co, agra­va­da por ha­ber si­do con­su­ma­da con ame­na­zas y vio­len­cias en per­jui­cio de Ma­ría Gra­cie­la Izu­rie­ta, una jo­ven que se en­con­tra­ba em­ba­ra­za­da de 7 se­ma­nas, y co­mo “par­tí­ci­pe ne­ce­sa­rio” en la pri­va­ción ile­gal de la li­ber­tad, tor­tu­ras y ho­mi­ci­dio agra­va­do por ale­vo­sía en con­tra de Izu­rie­ta, Ri­car­do Ga­briel Del Río y Car­los Ro­ber­to Ri­ve­ra. 

En su ale­ga­to, el fis­cal Abel Cór­do­ba ha­bía in­di­ca­do: “La res­pon­sa­bi­li­dad de Mén­dez que­da fun­da­men­ta­da en su ac­ti­vi­dad. Hay una pre­pon­de­ran­cia de la ac­ti­vi­dad ope­ra­ti­va por so­bre el des­ti­no for­mal, que era la Com­pa­ñía Co­man­do y Ser­vi­cios, pe­ro en rea­li­dad su des­ti­no eran los ope­ra­ti­vos. Apa­re­ce en to­dos los ope­ra­ti­vos en los que hay ofi­cia­les iden­ti­fi­ca­dos, co­mo uno de los pre­pon­de­ran­tes.” 

Otras resoluciones importantes del fallo ordenan a los juzgados federales a investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados propuestas por el V Cuerpo de Ejército; la complicidad del cura católico Vara; dio curso a cuatro pedidos de falsos testimonios solicitados por la Fiscalía y rechazó un planteo similar de las defensas contra un integrante del Equipo de Antropología Forense. Con respecto  al diario propiedad de la familia Massot, sostuvo el fiscal “No me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados en 1976.

 CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

13 sept. 2012

Cacerolazos: un llamado de atención a la dirigencia nacional



Las calles de las principales ciudades del país  se poblaron esta noche con gente que se reunió al son de las cacerolas  respondiendo al fenómeno de convocatoria generada por  vía de las redes sociales, en forma espontánea y sin líderes o banderías partidarias. Los participantes que dieron algunas expresiones manifestaron su descontento con el gobierno nacional,  que es por algo más que las restricciones en la política cambiaria,  y tiene que ver con reclamos  de lo que son sus preocupaciones principales, colocando la inseguridad a la cabeza, la corrupción al grito de “dejen de robar” y las mentiras frente a la inflación y el INDEC entre sus reclamos más palpables.

La sociedad se expresa, y muestra la orfandad de canales de comunicación y vías institucionales para acceder a hacer oír su voz.  Ante la mayoría en el Congreso que aprueba lo injustificable, en donde por ejemplo se convalida un proyecto de tan dudosa claridad cómo la expropiación de Ciccone, y ante el accionar dubitativo de la Justicia  en casos que comprometen a los allegados al poder la gente en la calle le está diciendo a nuestras autoridades que el 54% que obtuvo la presidenta para su reelección no avala para todo.

Es triste ver de nuevo una palpable división del pueblo argentino, como se ve en estos momentos. Finalmente los que dirigen están logrando hacer realidad aquello de  estás con nosotros o estás contra mí, y si bien hay un amplio sector social que apoya al gobierno nacional hay muchos que salieron a la calle a expresar su descontento. Hasta aquí todo se dio en paz, pero es de mucho riesgo fomentar estas situaciones, creando antinomias que es demasiado simple atribuir al hacer de los medios opositores. Hay demasiados cuestionamientos a los planteos políticos que no resisten al análisis del sentido común que es el que aplica la gente, que no vive viendo conspiraciones sino que analiza la realidad  con los datos de la vida cotidiana.

 Pueda ser que esta manifestación ciudadana sea tenida en cuenta, analizada y no descalificada desde las esferas oficiales porque los que estuvieron en la calle no son enemigos del gobierno, solo ciudadanos que piensan diferente y necesitan autoridades que demuestren receptividad y voluntad de diálogo  para encontrar soluciones, sin actitudes que  exacerben más los ánimos para no llegar a generar conflictos más graves que el país no se merece, ya que  demasiado tiene el gran pueblo argentino con soportar las  pérdidas  de vidas humanas y materiales por causas que bien se pueden prevenir. 

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

Foto:Lv16

12 sept. 2012

El nuevo Código Civil será “promotor de desalojos indígenas y condenas penales”



El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) expuso ante el Congreso Nacional y cuestionó el Código Civil impulsado por el Gobierno. Auguró más desalojos y más criminalización indígena.


(5 de septiembre 2012 – Odhpi) – “Venimos a decirles a los congresistas que este proyecto de Código Civil es promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación”, afirmó el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) ante la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, en la audiencia pública de ayer en Buenos Aires. La organización de derechos humanos coincidió con los pueblos indígenas (que ya habían expuesto) al remarcar la “evidente inconstitucionalidad” del texto propuesto por el Poder Ejecutivo. El Odhpi instó a los legisladores a que “no propaguen el genocidio legalizando el despojo de los pueblos indígenas”. “La situación actual al interior de las provincias es que la discusión sobre la propiedad comunitaria indígena se da en el ámbito judicial y no en otros ámbitos. Esa es la única respuesta que tiene el Estado para abordar un tema tan sensible como lo es la situación territorial indígena. Ese es el escenario que se ofrece, un escenario donde terratenientes y empresarios se mueven como pez en el agua, y los indígenas apenas si logran, en el mejor de los casos, recurrir a defensores voluntarios. Allí es donde nos encontramos con jueces racistas que se resisten a comprender o se oponen ideológicamente a respetar y considerar al Pueblo Mapuche como colectivamente diferente, a respetar la diversidad que está declarada en la Constitución y a receptar las consecuencias jurídicas concretas que tiene el reconocimiento de pueblos preexistentes”, alertó Micaela Gomiz, abogada y secretaria ejecutiva del Odhpi. 

“Esos jueces de provincia que comparten el origen social de los impulsores de los juicios, que están impregnados de prejuicios personales y raciales, y que son adictos a la aplicación de normas del derecho común, ahora van a tener en ‘su” Código Civil normas que se dicen reguladoras de la propiedad indígena, pero que ayudarán a seguir equiparando a la posesión indígena con la posesión civil”, advirtió Gomiz. 

El Odhpi recordó que la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT (de carácter supralegal) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen dos cuestiones centrales para reconocer la propiedad comunitaria indígena: que la posesión indígena implica propiedad (haya reconocimiento explícito estatal o no) y que esa posesión indígena es sustancialmente diferente a la posesión del código civil. 

“Ninguna de estos dos aspectos están incluidos en la regulación propuesta. Y no sólo no están incluidos, sino que están siendo negados. La negación de estos aspectos significará directamente la expulsión de los territorios y la negación de derechos territoriales indígenas, o sea lo contrario a lo que muchos creen que este proyecto viene a hacer. Aunque en unos años logremos la inconstitucionalidad de esos artículos, lo cierto es que mientras tanto las consecuencias las van a sufrir las comunidades”, denunció. 

La abogada especializada en derecho indígena afirmó que el nuevo Código Civil beneficiará a los terratenientes que avanzan sobre territorios indígenas. “Los jueces penales condenarán a los miembros de las comunidades porque estarán ‘usurpando’ tierras que el Estado tituló a nombre de otro. Porque pese a que la Corte Interamericana ya ha dicho que la posesión indígena implica propiedad, los jueces van a recurrir a un Código Civil que sí habla de propiedad comunitaria indígena pero que la subordina a las reglas típicas del derecho de propiedad clásico”, lamentó la abogada del Odhpi. 

El Odhpi recordó que la “falta de titulación” de los territorios indígenas es la gran génesis de la mayoría de las violaciones de derechos de las comunidades, y es el origen de los juicios que enfrentan las comunidades. A modo de ejemplo, en Neuquén existen 57 comunidades mapuche y sólo cinco tienen su territorio titulado en su totalidad. Ni una sola tiene el relevamiento territorial hecho (a pesar de que la Ley 26160, que insta a relevarlas, fue sancionada en 2006) y 16 comunidades tienen juicios relacionados con sus tierras. “¿Qué se soluciona con este texto propuesto de Código Civil para estas comunidades en lo concreto para cada uno de esos juicios? No sólo no hay procedimiento establecido en este proyecto para obtener ese título sino que se desconoce las actuales propiedades al negar la posesión indígena”, aclaró Gomiz. 

En línea con el pedido de la mayoría de los pueblos indígenas del país, el Odhpi solicitó a los congresistas que retiren de la reforma los artículos referidos a los pueblos indígenas. “No propaguen el genocidio legalizando el despojo que han sufrido los pueblos indígenas. Si la voluntad es legislar sobre estos derechos, los mismos indígenas están dispuestos a participar en ese proceso y el Estado está obligado a garantizarlo”, reclamó el Odhpi.


Fuente: Odhpi