Lo que pasa en Famatina (La Rioja) y la expresión de un pueblo que defiende su tierra
"La mejor forma de expresión del enojo es cuando te indignas por algo
que te parece indignante. Uno tiene que elegir cotidianamente de qué
lado está: DEL LADO DE LOS INDIGNOS O DE LOS INDIGNADOS" –Eduardo
Galeano-
No aceptamos censuras ni pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio
Ante la denuncia de la minera MIDAIS SH (que opera en Angulo- Dpto.
Famatina) a vecinos e integrantes de las asambleas, entendemos que es
fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a
la protesta y la autodeterminación de los pueblos, ya que es la base
para la preservación de todos los demás derechos. Si estos derechos nos
faltan, todos los demás derechos están en riesgo.
Declaración de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito,
Asamblea El Retamo de Nonogasta, Vecinos por la Vida de Campanas,
Asamblea Riojana Capital, Asamblea de los Llanos por la Vida
Las mineras roban, contaminan y matan, nosotros defendemos nuestra vida, agua y cerros y el Estado nos criminaliza.
Una vez más, denunciamos públicamente al gobierno de La Rioja por
profundizar su estrategia antidemocrática de criminalizar la protesta
social, presentando ante la sociedad a la lucha por nuestros derechos,
como delitos. Y a los luchadores, como delincuentes.
De esta manera el gobierno pone en marcha dispositivos
institucionales que deberían estar al servicio del pueblo, como a la
policía y a la justicia, para proteger a las empresas explotadoras de
las personas y la naturaleza, reprimiendo, deteniendo y judicializando a
los obreros y vecinos que defienden los legítimos derechos a tener un
trabajo digno y un ambiente sano. Como ocurre con los obreros de la
empresa aceitera AMURAI en Vichigasta y con pobladores de los pueblos de
Famatina y Chilecito.
La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la
represión para inmovilizar y desarticular a las organizaciones populares
y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho
de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades, cuestionando
la miseria y la opresión, en un claro acto de disciplinamiento,
imponiendo el poder antidemocrático de la fuerza y la dominación social.
Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través del
espionaje y la persecución penal de sus integrantes y el encarcelamiento
utilizado como "castigo ejemplificador" para frenar el conflicto
acallando y domesticando las disidencias. Corriendo el eje de la
injusticia denunciada hasta plantear que lo que está sucediendo es un
"delito", una "amenaza para el orden legal", una "violación a la ley",
deslegitimando la lucha.
Para conseguir sus fines se están utilizando
estrategias tales como: crear causas con mentiras, falsas denuncias a
partir de autoatentados, como lo hizo la minera MIDAIS, en complicidad
con un aparato policial y judicial que rápidamente actúa incriminando a
vecinos sin contar con las pruebas que acrediten la denuncia.
Esta operación política utiliza los medios de comunicación amigos del
poder para desparramar la mentira con el claro objetivo de generar
malestar social contra los luchadores.
El aparato del Estado en su
conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes intereses
económicos vayan allanado su camino hacia una creciente privatización y
mercantilización de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad
mayoritaria de las poblaciones afectadas. En nombre del 'desarrollo' y
la 'generación de empleo', el territorio provincial es entregado a
grandes enclaves extractivos, cuya insustentabilidad socioambiental y
económica resulta manifiesta. Las legítimas reacciones de resistencia de
las poblaciones locales en defensa de la tierra y las fuentes de agua
sólo han dado lugar a atropellos sistemáticos de una virulencia
creciente.
Desde hace 8 años venimos denunciando la violación a los derechos de
los pueblos con metodologías que van desde la cooptación hasta la
judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta
la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de
solidaridad que se desarrollan entre las organizaciones movilizadas en
puebladas como lo es en nuestro territorio en contra de la minería.
Afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los
ciudadanos sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado del
gobierno de Beder Herrera, porque la criminalización de la protesta
social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que
privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las
necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.
Los
últimos acontecimientos ocurridos tanto en la lucha obrera que vienen
manteniendo los compañeros de la empresa aceitera AMURAI como con
nosotros , los vecinos de los pueblo de Famatina y Chilecito, que se
suman a otras tantas luchas, ponen de manifiesto un patrón de conducta
de las más altas esferas de gobierno que se viene repitiendo y
consolidando como forma de resolución de los conflictos suscitados en
torno a los derechos laborales y territoriales: la criminalización,
represión y judicialización de la protesta social.
Denunciamos que existe una tendencia a agravar las imputaciones
utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre
la libertad de los ciudadanos y aumentando la militarización de la zona
pretendiendo generar miedo en los pobladores.
Responsabilizamos al gobierno provincial del sistemático ejercicio de
la de violencia institucional que nos llevan al hartazgo popular
quebrando los límites de la tolerancia y alimentando una escalada de
reacciones que puede terminar en el desborde total de la situación con
saldos aún más dolorosos.
No propiciamos ni acordamos el recurso de la violencia, pero tampoco
nos plegamos a hipócritas condenas genéricas de la misma, que omiten sus
raíces y licuan las responsabilidades de sus provocadores. Por el
contrario, condenamos el uso de la violencia institucional y señalamos a
las máximas autoridades del gobierno como sus principales responsables.
Condenamos en particular el uso del aparato legal-represivo del
estado para 'brindar 'protección y seguridad jurídica' a las empresas,
aún en contra de la desprotección y la vulneración de los más
elementales derechos y garantías constitucionales de nuestras propias
poblaciones.
Saludamos nuestras reivindicaciones como una legítima defensa de los
derechos y las condiciones básicas sobre las que se asienta una
auténtica vida democrática, y que supone el respeto incondicional al
principio de autodeterminación de los pueblos.
Convocamos la población en general a adherir y sumar esfuerzos en
defensa de nuestro territorio y los bienes comunes del ambiente, por el
respeto y la plena vigencia de los derechos humanos y por la
construcción de una sociedad en justicia y paz, por la vida digna y
sostenible, respetuosa de la con-vivencia social y ecológica.
Por último, renovamos nuestra decisión de no permitir la minería de
ningún tipo en nuestra provincia anteponiendo un perfil agrario y
turístico a baja escala con apoyo a las economías sociales y solidarias
en la región.
No aceptamos censuras ni pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio
Frente al miedo que nos intentan imponer, nosotros nos fortalecemos y
unimos. Seguimos defendiendo nuestra vida, nuestra agua y nuestros
cerros. Seguimos defendiendo la autodeterminación de los pueblos, el
derecho a la protesta y la libertad de expresión como pilares de una
democracia real.
Resistimos a las injusticias y abusos de poder que impiden el
desarrollo democrático de los pueblos y la participación activa en
defensa de nuestros derechos fundamentales. Por ello, invitamos a todos
los ciudadanos a que ejerzan sus derechos por una sociedad más justa,
equitativa y sustentable.
¡Gane quien gane, aquí no habrá minería!
En el Valle del Famatina, a los 27 días del mes de Abril de 2015
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