Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas repudiamos la avanzada
represiva desde el poder político y económico, expresada en leyes y
políticas que tienen como objetivo neutralizar la protesta social y
perseguir a los sectores sociales considerados "peligrosos", de acuerdo a
los discursos mediáticos y políticos sobre la "seguridad", entre los
cuales figuramos quienes venimos resistiendo al avance contaminador y
depredador de las grandes empresas sobre nuestros territorios. Porque se
trata de defender la vida, nuestras luchas territoriales y cotidianas,
seguirán creciendo empecinadamente, de la mano de nuestro deseo de que
la dignidad sea la que guíe nuestra manera de estar en el mundo.
Declaración de la Unión de Asambleas Ciudadanas
Repudio a las políticas y leyes que criminalizan la protesta social
Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas repudiamos la avanzada
represiva desde el poder político y económico, expresada en leyes y
políticas que tienen como objetivo neutralizar la protesta social y
perseguir a los sectores sociales considerados "peligrosos", de acuerdo a
los discursos mediáticos y políticos sobre la "seguridad", entre los
cuales figuramos quienes venimos resistiendo al avance contaminador y
depredador de las grandes empresas sobre nuestros territorios.
Los términos militarización, represión y criminalización se
convirtieron en parte del lenguaje cotidiano. Un nuevo disfraz de una
antigua amenaza se cierne sobre los movimientos populares de la
Argentina y de Nuestra América; nos referimos a las grandes empresas
(extranjeras y locales), sumadas a los Estados (nacional y
provinciales), que determinan las políticas cuyo objetivo es defender la
seguridad jurídica e institucional para los capitales, siempre
traducidas en inseguridad para los pueblos. En otras palabras, viejos y
nuevos verdugos que nos siguen oprimiendo.
En una dinámica que abarca todo el continente, en Argentina se aprobó
en diciembre de 2011, con una velocidad sorprendente, una ley
antiterrorista (en rigor una modificación al Código Penal, ley 26.734)
que promulga un incremento de la escala penal para delitos que tengan
por finalidad aterrorizar a la población u obligar a las autoridades
públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Además, establece que será reprimido con prisión de 5 a 15 años el que
directa o indirectamente recolectara o proveyera bienes o dinero a
sabiendas de que serán utilizados para financiar un delito con
finalidades terroristas. Si bien el texto de la ley aclara que quedan
excluidos de su aplicación los hechos de protesta social que reclamen
derechos individuales o colectivos, esta norma es peligrosa porque los
conceptos que consagra son imprecisos y arbitrarios y facilitan la
aplicación de figuras penales frecuentemente utilizadas para
criminalizar la protesta social, como sucede en los casos de resistencia
a desalojos, cortes de vías de circulación o actos de protesta en el
espacio público.
Además, se invierte la carga de prueba ya que deberán ser los líderes
sociales los que tengan que demostrar que no son terroristas en los
procesos penales. Este tipo de leyes responden a una exigencia del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para calificar
a la Argentina como destino seguro para inversiones externas directas,
tal como lo explicitó el bloque oficialista en el parlamento durante su
aprobación, "es el costo de pertenecer". De esta manera, se subordina el
derecho a la protesta social a las exigencias impuestas por los
organismos financieros internacionales. Es necesario aclarar que esta
ley fue aprobada a pesar de las denuncias en su contra que manifestaron
la mayoría de las organizaciones populares, los organismos de derechos
humanos e incluso periodistas, escritores y funcionarios allegados al
gobierno nacional.
En este sentido, la Presidenta de la Nación expresó, en la apertura
de las sesiones legislativas de este año, la necesidad de crear una
norma contra los cortes que se realizan en el marco de una movilización
social en el espacio público, con el propósito de que no alteren la
libre circulación. La Presidenta equiparó el derecho a la protesta con
el derecho a la libre circulación y se declaró a favor de "que se regule
la convivencia" y que "no puede ser que diez personas, por más razón
que tengan, corten el tránsito y perjudiquen a miles". Destacó, a su
vez, que el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue procesado por
haber desalojado un corte en la Panamericana, mientras que a los
manifestantes "no les pasó nada".
Este anuncio presidencial se tradujo en un proyecto de ley
oficialista, llamado de convivencia en manifestaciones públicas,
conocido como "ley antipiquetes", en la cual se pretende distinguir
manifestaciones legítimas de aquellas que no lo son, diferenciación a
cargo del Estado frente a quien se elevan las protestas. Según el
proyecto, una manifestación es legítima cuando no impide el normal
funcionamiento de los servicios públicos ni obstaculiza totalmente la
circulación de personas y vehículos; permite la libre circulación de
grupos vulnerables; cuando los manifestantes no cometen delitos
previstos en el Código Penal; y cuando es notificada a las autoridades
policiales con una antelación no menor de 48 horas. En esa notificación
escrita deben constar los siguientes datos: lugar donde se llevará a
cabo, el tiempo estimado, el objeto de la manifestación y el nombre de
un manifestante delegado. Según el proyecto, una vez que las autoridades
policiales reciben la notificación, otorgan una constancia de recepción
y dan aviso al personal civil designado del Ministerio de Seguridad. A
su vez, expresa que toda manifestación no podrá ser desalojada por las
fuerzas de seguridad sin una mediación obligatoria y previa a cargo de
personal civil del Ministerio de Seguridad. Un dato a tener en cuenta es
que la mediación no puede extenderse más allá de dos horas, pasadas las
cuales se entiende que la manifestación es ilegítima; lo mismo ocurre
en caso de que los manifestantes se nieguen a participar de la
mediación. En caso de que no se cumplan todos estos requisitos, la
manifestación es considerada ilegítima.
A través de este proyecto de ley, que fue duramente criticado desde
un amplio arco político y social, se pretende ampliar el control estatal
sobre el derecho a la protesta, ya que el Poder Ejecutivo se arroga la
facultad de decidir la legitimidad o no de una manifestación social.
Es una clara violación del derecho a la protesta, mediada según el
proyecto por una notificación y una mediación obligatoria, y de que sean
las organizaciones y movimientos sociales los que decidan cuándo y
porqué es necesario expresarse y movilizarse en el espacio público. La
otra cara de este proyecto, es la impunidad de muchos casos de violencia
institucional y represión violenta de manifestaciones, incluyendo
asesinatos de manifestantes.
En este contexto represivo en aumento, y a contramano de lo que se
dice defender, consideramos como agravante y objeto de preocupación el
mantenimiento en su cargo del Jefe del Ejército General César Milani por
parte del gobierno nacional, ya que existen sobrados testimonios y
pruebas de su vinculación en delitos de lesa humanidad durante la
dictadura cívico-militar de 1976.
Estas políticas y leyes criminalizantes son algunas de las
expresiones de la represión a nuestras rebeldías que también se
manifiestan a través de la actuación de fuerzas públicas y privadas que
militarizan los territorios en conflicto, de patotas pagadas por las
empresas o pertenecientes a la burocracia sindical que agreden a las
comunidades en protestas, de grupos de operaciones especiales de las
policías provinciales silenciando a balas a los pueblos, de matones a
sueldo de los terratenientes que asesinan a integrantes de comunidades
originarias porque se niegan a entregar sus territorios ancestrales, de
la gendarmería en las calles para cuidar la tranquilidad de quienes
consumen según las lógicas del sistema. Y esa represión se manifiesta
también en el gatillo fácil ejercido sobre niños y jóvenes en situación
de marginalidad, que ven sus derechos vulnerados por el propio estado y
son a su vez, víctimas de las redes de narcotráfico y de delincuencia;
en cárceles efectivas para quienes se movilizan en demanda de promesas
incumplidas y de posibilidades de sobrevivencia; en cárceles cerradas
para los responsables de las redes de trata de personas y para los
agresores y asesinos de mujeres; en órdenes judiciales que desestiman
derechos humanos y ancestrales; en discursos políticos y mediáticos que
descalifican las luchas sociales y las asocian a la delincuencia o al
terrorismo. Se trata de un amplio abanico de estrategias desplegadas
para eliminar los obstáculos que representan los pueblos organizados
ante los avances de un modelo capitalista, colonial y patriarcal.
Repudiamos, muy puntualmente, las represiones fatales sobre pueblos
originarios y la prisión de luchadores sociales, en particular la que
sufren los trabajadores petroleros de Las Heras, comparada por Osvaldo
Bayer con la ejecución de Sacco y Vanzetti.
Frente a esta avanzada represiva en aumento, los movimientos
populares tenemos desafíos que crecen día a día, entre los cuales se
destaca la consolidación de redes de resistencia que fortalecen nuestras
luchas territoriales. Estas redes son nuestra arma más poderosa porque
son creadas desde la solidaridad concreta y cotidiana, y permiten
enfrentar a empresas, gobiernos y al poder judicial que pretenden
avanzar sobre nuestros territorios y la autodeterminación de nuestras
vidas a favor de una lógica economicista al costo de más represión y más
muertes.
Porque se trata de defender la vida, nuestras luchas territoriales y
cotidianas, seguirán creciendo empecinadamente, de la mano de nuestro
deseo de que la dignidad sea la que guíe nuestra manera de estar en el
mundo.
Unión de Asambleas Ciudadanas
Fuente: NO a la Mina 27.05.14