Los tribunales federales porteños producen gags desopilantes. Por ejemplo, que en las tranqueras de las remotísimas estancias de Lázaro Báez
aparezcan movileros relatando: "De un momento a otro llegarán los
allanamientos del juez Sebastián Casanello". Mientras tanto, el fiscal
Guillermo Marijuan hacía noche en Comodoro Rivadavia, porque el avión
que le prestaron no atravesaba la niebla patagónica. Para calmar la
ansiedad de la audiencia, Casanello hizo
abrir cofres y galpones con autos de alta gama y joyas costosísimas.
Eso sí, no encontró bóveda alguna. Lo más parecido fue un montículo de
tierra removida. Un mani pulite filmado por Fellini.
Tal
vez sea razonable. El kirchnerismo es capaz de superar el 30% de
inflación, de importar gas en el país de Vaca Muerta y de quedarse sin
dólares durante el boom de las
commodities. Pero, si le dan tres
años de plazo, consigue hacer desaparecer los escondites del dinero mal
habido. Porque sobre los tesoros que mandó a buscar Casanello la prensa
está informando desde el año 2013.
Pero
la impericia puede ser invencible: a primera hora de la mañana de hoy,
cuando se actualiza este texto (*), llegaban versiones desde Santa Cruz
acerca de que el personal policial habría detectado una bóveda en la
estancia La Julia, escondida tras paredes y techos falsos. Se la habría
detectado gracias al plano de un albañil que trabajó en su construcción.
Al parecer, también habría plata. Si es que no falla el olfato de los
perros.
A pesar de eso las diligencias de estos días en el
sur, con toda su espectacularidad, o tal vez gracias a ella, parecen un
nuevo recurso para garantizar la impunidad de los funcionarios acusados
de corrupción. En especial de Cristina Kirchner.
Nadie
se interesó en identificar los escondites de Báez en todos estos años.
Casanello tampoco ordenó un allanamiento cuando detuvo al empresario.
Declaró el explosivo Leonardo Fariña y aun así siguió esperando. Hace 15
días, la Cámara Federal le ordenó decomisar los fondos de Báez. Pero
hizo falta una segunda confesión de Fariña para que se desperezara. Así y
todo, se tomó una semana para autorizar a Marijuan a viajar al Sur.
Casanello
perjudica a sus colegas. En un momento en que los jueces federales
porteños están bajo sospecha, él exhibe los trucos disponibles para
evitar una sanción. Retrasar los procedimientos es sólo uno. Hay otro
mucho más eficiente: acotar el delito que se investiga para dejar a
salvo a posibles imputados. Durante mucho tiempo Casanello circunscribió
su interés a los despilfarros de Fariña. De la compra de una Ferrari a
un amigo del sindicalista José Luis Lingeri, "Mr. Cloro", a un campo
mendocino. Como el recorte del juez era insuficiente, el kirchnerismo
intervino sobre la fiscalía. Carlos Gonella, el fiscal antilavado,
escribió a los subordinados de Marijuan que excluyeran a Báez y a Julio
De Vido de la investigación. Gonella está procesado por ese consejo.
Pero Alejandra Gils Carbó, la procuradora, no lo sancionó.
Después
de desbocarse ante Jorge Lanata, Fariña fue tras las rejas por evasión
impositiva. O por hablar. Al poco tiempo, Casanello dictó la falta de
mérito de Báez. También redactó el sobreseimiento. Pero, cuando estaba
por firmarlo, Cristina Kirchner acusó de deslealtad a su presunto
testaferro.
Fariña se cansó de ser el único preso de la red.
Esperó al cambio de gobierno y se declaró arrepentido. Sus revelaciones
obligaron a Casanello a abrir el círculo del expediente.
Entró Báez.
Pero la causa sigue estando restringida. Que aparezcan autos, alhajas,
aviones, campos y aun euros enmohecidos es irrelevante. El juez se
circunscribe a un caso de lavado de dinero. Es una falta subsidiaria del
crimen principal: la fijación de sobreprecios en la obra pública para
el cobro de retornos. La excitante "ruta del dinero K" puede conducir a
Nassau o Seychelles, pero aleja a los jueces de los Kirchner. Permite
que, a la larga, Casanello transfiera el expediente al fuero penal y
económico. Cristina Kirchner, De Vido y los demás acusados de apropiarse
de fondos públicos seguirían protegidos.
Hay dos circunstancias
que desbaratarían esta estrategia. La primera es que la causa Báez se
conecte con la de sobrefacturación de la infraestructura, que investiga
el juez Julián Ercolini, y con la de los retornos enmascarados en
alquileres de Hotesur, que lleva Daniel Rafecas. Esos puentes
reconstruirían el circuito sobreprecios-lavado-coimas. Y conectarían dos
fenómenos que el montaje procesal pretende aislar: política y dinero
negro.
Las decisiones judiciales van en sentido contrario. Rafecas
desarticuló la pesquisa de Hotesur girando una parte a Ercolini. En la
senda de Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, Laura Alonso, la titular de
la Oficina Anticorrupción, pidió anteayer la reunificación. Es una
señal significativa de Mauricio Macri.
Rafecas estuvo paralizado
nueve meses con la excusa de un problema de competencia. El fiscal de
Hotesur, Carlos Stornelli, le pidió en vano que activara la
investigación. Pero Rafecas aún no tocó un solo documento de los que
incautó Claudio Bonadio en las oficinas santacruceñas de los Kirchner.
Los tiene en un galpón. No se los muestra a nadie. A la Báez. Bonadio
los pidió para otra causa. Sólo cuando amenazó a su colega con allanar
la secretaría del juzgado logró que se los enviaran. A la vez Stornelli,
ayer, en una causa por el financiamiento del mausoleo de Néstor
Kirchner que sigue el juez Sergio Torres, obtuvo otros testimonios
relevantes. Fue en una oficina santacruceña, sobre la ruta 3, que se le
escapó a Casanello.
Rafecas y Casanello superaron un antiguo
encontronazo emocional para estudiar juntos una protección para la
señora de Kirchner. En los tribunales aseguran que Casanello mantiene
contacto permanente con El Calafate, a través de Telegram. Apenas Fariña
terminó su declaración, se unió a esa mensajería.
Arrepentidos
La
otra novedad que perforaría el escudo procesal que protege a Cristina
Kirchner es que un nuevo arrepentido conecte las tres causas. Por eso el
kirchnerismo teme a Báez. En cualquier momento él podría sentir que el
lugar que ocupa en el penal corresponde a otro. Como Fariña sintió que
ocupaba el lugar de Báez. Hasta hace pocas semanas, la ex presidenta
mantuvo un dispositivo para alejar ese nubarrón: las defensas de los
involucrados en las tres causas eran coordinadas en las sombras por un
mismo abogado. Adjudican ese rol a Daniel Pastor, un discípulo de Julio
Maier. Pero Pastor ya no monitorea a Báez. En cambio su maestro, Maier,
sigue fiel a Cristina Kirchner: ayer acompañó al defensor de la ex
presidenta, Alberto Beraldi, a la Cámara Federal para recusar a Bonadio
en la causa del dólar futuro. Los escoltó el titular del CELS, Horacio
Verbistky. ¿Denunciarán una violación de los derechos humanos?
El
hilo que une a Báez con la señora de Kirchner es cada día más delgado.
Comenzó a debilitarse mucho antes de que ella lo acusara de apropiarse
de sus bienes y le bajara el pulgar de la obra pública. Tal vez Báez
tuvo el primer indicio cuando, en la licitación de las represas Kirchner
y Cepernic, ya no lo trataron como un testaferro. Báez iba asociado a
Iecsa, de Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, y a la china Sinohidro.
Pero el escándalo desatado por Fariña hizo que lo reemplazaran por otro
constructor nacional y popular: Gerardo Ferreyra, aliado a otra china,
Gezhouba. Ferreyra es el titular de Electroingeniería, acusada en Brasil
junto con De Vido por recibir coimas de Petrobras. La compañía lo
niega. Ferreyra está casado con la dueña de la joyería Simonetta Orsini,
la preferida de los jueces federales. Alguien convenció a Cristina
Kirchner de que los cargos contra Electroingeniería se proponen
reemplazarla con compañías de Calcaterra y Nicolás Caputo, manteniendo a
Gezhouba. ¿Alucinaciones?
El azar, o el funcionamiento de un
sistema, quiere que estos actores reaparezcan en una polémica que ayer
tomó temperatura. El cordobés Juan Schiaretti se enfrentó al grupo
Techint por la provisión de tubos para los gasoductos que licitó la
provincia. El ministro de Servicios Públicos, Fabián López, acusó a
Techint de querer monopolizar ese producto. Desde Techint denunciaron
que Schiaretti autorizará la importación de caños chinos a precio de
dumping.
La
disputa es interesante por su contexto. La red de gas fue adjudicada a
Iecsa, de Calcaterra, asociada a China Communications Construction Co., y
a Electroingeniería, unida a China Petroleum Pipeline Bureau. Lo más
llamativo: el ministro Fabián López, que defiende la importación de
insumos chinos, fue el organizador de la licitación de las represas
patagónicas cuando era subsecretario de Recursos Hídricos de De Vido.
López trató en aquel entonces con los mismos protagonistas: Calcaterra,
Ferreyra y el gobierno chino. Sólo falta Báez.
Las represas
santacruceñas y los gasoductos cordobeses iluminan otro ángulo opaco: la
expansión de China en la obra pública coincide con el aumento de la
corrupción. Curiosa ruta del dinero que lleva desde la celda de Báez al
diseño de la política exterior.
Fuente: La Nación. Jueves 28 de abril de 2016
(*) La información vertida en esta columna fue actualizada a primera hora de hoy