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31 ene. 2013

Qom : Comentario sobre la Carta Abierta a la Presidenta


Agresiones y violencia criminal sobre el pueblo qom

Por Martín Lozada * 

Días atrás, por me­dio de una car­ta abier­ta di­ri­gi­da a la pre­si­den­ta Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner, in­ves­ti­ga­do­res, aca­dé­mi­cos, pe­rio­dis­tas y es­cri­to­res le so­li­ci­ta­ron su in­ter­ven­ción pa­ra evi­tar la re­pre­sión y la muer­te de ciu­da­da­nos ar­gen­ti­nos miem­bros del pue­blo qom, en las pro­vin­cias de Cha­co y For­mo­sa.
La car­ta ex­pre­sa el nom­bre y ape­lli­do de los fa­lle­ci­dos, así co­mo las cir­cuns­tan­cias en las cua­les se pro­du­je­ron sus res­pec­ti­vas muer­tes, to­das ellas du­do­sas o me­dian­te ase­si­na­tos. Tres de aqué­llos eran ni­ños: Na­ta­lia Li­la, de 11 me­ses; Da­niel Asi­jak, de 16 años; e Imer Flo­res, de 12 años.
Los fir­man­tes ex­pre­sa­ron que a ello de­ben su­mar­se las ame­na­zas ver­ba­les y los ata­ques per­ma­nen­tes que su­fren los miem­bros de es­tas co­mu­ni­da­des, la que­ma sis­te­má­ti­ca de sus do­cu­men­tos y per­te­nen­cias y otras ac­cio­nes des­ti­na­das a ate­mo­ri­zar y a po­ten­ciar la im­pu­ni­dad de los au­to­res y par­tí­ci­pes.
Mu­chas de las víc­ti­mas ha­bían de­nun­cia­do ame­na­zas y abu­sos por par­te de la Gen­dar­me­ría Na­cio­nal y dis­tin­tos gru­pos ar­ma­dos, tan­to po­li­cia­les co­mo pa­ra­po­li­cia­les. Los ac­ci­den­tes du­do­sos y los ase­si­na­tos re­cru­de­cie­ron en los úl­ti­mos tres años, coin­ci­den­te­men­te con el pe­río­do en que sus de­nun­cias se hi­cie­ron más vi­si­bles y rei­te­ra­das.
Se­gún ex­pre­san, “los gru­pos ar­ma­dos que obe­de­cen a em­pre­sa­rios y te­rra­te­nien­tes ac­túan con im­pu­ni­dad, sin ser so­me­ti­dos a in­ves­ti­ga­ción al­gu­na y sin ser con­de­na­dos por sus crí­me­nes”.
Y si bien to­dos es­tos ca­sos han si­do de­nun­cia­dos y es­tán, o de­be­rían es­tar, sien­do in­ves­ti­ga­dos por los or­ga­nis­mos co­rres­pon­dien­tes, lo cier­to es que la reac­ción de los res­pec­ti­vos Es­ta­dos pro­vin­cia­les y de los Po­de­res Ju­di­cia­les ha si­do dis­par. Lo que evi­den­cia, en mu­chos ca­sos, una in­di­fe­ren­cia e in­clu­so ne­gli­gen­cia res­pec­to de los crí­me­nes co­me­ti­dos con­tra los in­dí­ge­nas en sus res­pec­ti­vos te­rri­to­rios.
La vio­len­cia ha­cia di­cho pue­blo no es un fe­nó­me­no re­cien­te. Cuan­do el Es­ta­do se es­ta­ble­ció en el te­rri­to­rio po­bla­do ori­gi­na­ria­men­te por sus co­mu­ni­da­des, su­frie­ron to­das las con­se­cuen­cias ne­ga­ti­vas que afec­tan a quienes son derrotados en las gue­rras de con­quis­ta y co­lo­ni­za­ción.
Lue­go de las con­quis­tas mi­li­ta­res en la re­gión, las co­mu­ni­da­des ori­gi­na­rias de las ac­tua­les pro­vin­cias de Cha­co y For­mo­sa fue­ron con­fi­na­das en te­rri­to­rios es­ca­sos y re­du­ci­dos, en los cua­les las agre­sio­nes no se de­tu­vie­ron.
Sin em­bar­go, hoy los tiem­pos han cam­bia­do y los qom, co­mo los miem­bros de otros pue­blos ori­gi­na­rios, re­sul­tan ti­tu­la­res de to­dos los de­re­chos co­rres­pon­dien­tes a los ciu­da­da­nos ar­gen­ti­nos. Se les re­co­no­cen, asi­mis­mo, fa­cul­ta­des es­pe­cí­fi­cas en su ca­li­dad de pue­blos in­dí­ge­nas, co­mo los de par­ti­ci­pa­ción y con­sul­ta so­bre los “in­te­re­ses que los afec­ten”.
No obs­tan­te ello, a con­tra­ma­no de es­tos re­co­no­ci­mien­tos, las co­mu­ni­da­des son cons­tan­te­men­te pre­sio­na­das pa­ra que aban­do­nen los re­du­ci­dos te­rre­nos en los que fue­ron con­fi­na­das tras la con­quis­ta mi­li­tar.
Y es en es­te pun­to cru­cial en don­de los fir­man­tes de la car­ta abier­ta lla­man es­pe­cial­men­te la aten­ción de la Pre­si­den­ta, ya que se tra­ta de un pro­ble­ma de ex­ten­sión na­cio­nal que se ha ve­ni­do in­cre­men­tan­do dra­má­ti­ca­men­te en tiem­pos re­cien­tes: to­das las víc­ti­mas per­te­ne­cen a una re­gión que se ha con­ver­ti­do en los úl­ti­mos años en una re­no­va­da fron­te­ra de ex­pan­sión eco­nó­mi­ca. Prin­ci­pal­men­te pa­ra gran­des gru­pos eco­nó­mi­cos li­ga­dos a los agro­ne­go­cios, el pe­tró­leo y, aun­que en me­nor me­di­da, el tu­ris­mo.
Tan­to los so­bre­vi­vien­tes de los ata­ques co­mo los fa­mi­lia­res de los fa­lle­ci­dos se­ña­lan ele­men­tos de odio ra­cial y xe­no­fo­bia co­mo una cons­tan­te en el mar­co de es­tos aco­me­ti­mien­tos. De mo­do que el odio ra­cial no es un ele­men­to ais­la­do y pro­pio de los vic­ti­ma­rios, si­no par­te de un con­tex­to que pre­ce­de y po­si­bi­li­ta tan­to la eje­cu­ción de los crí­me­nes co­mo su im­pu­ni­dad.
Los fir­man­tes ape­lan a la in­ter­ven­ción pre­si­den­cial pa­ra dis­mi­nuir las ac­cio­nes y los dis­cur­sos ra­cis­tas, es­pe­cial­men­te en los me­dios de co­mu­ni­ca­ción, en la for­ma­ción de las fuer­zas de se­gu­ri­dad y en las ex­pre­sio­nes de los re­pre­sen­tan­tes po­lí­ti­cos.
Y des­ta­can que es im­pe­rio­so reem­pla­zar las ideas de su­pe­rio­ri­dad ra­cial y lim­pie­za ét­ni­ca que to­da­vía per­vi­ven, por una pe­da­go­gía res­pe­tuo­sa de los de­re­chos hu­ma­nos y la vi­da.
* Juez en lo Pe­nal de Río Ne­gro. Dis­tin­gui­do co­mo “Ca­te­drá­ti­co UNES­CO 2008 en Paz, De­mo­cra­cia y De­re­chos Hu­ma­nos”.

Publicada en Puntal 31.1.13

28 ene. 2013

Brasil de luto: Incendio en una disco deja saldo de centenares de víctimas



La tragedia se dio en Santa María, en el sureño estado brasileño de Río Grande do Sul, cuando se desencadenó un incendio en la discoteca Kiss que albergaba 2000 jóvenes y el lugar se transformó en una trampa mortal en la que fallecieron alrededor de 233 personas en su mayoría estudiantes universitarios ya que Santa María es una dinámica ciudad de 261.000 habitantes en el corazón del estado brasileño de Río Grande do Sul, que vive del comercio y los servicios, y  alberga  universidades.  El desgraciado suceso ha enlutado a todo Brasil, pero particularmente a la comunidad universitaria, ya que muchas de las víctimas eran jóvenes de las facultades de la Universidad Federal de Santa María (UFSM)  informa EFE. Una joven hija de una ciudadana argentina figura entre las víctimas fatales, el propio cónsul en Uruguaiana, Alfredo Ortiz Baeza, confirmó la noticia. Se trata de una adolescente de 19 años, Natasha Urquiza, quien residía en la ciudad cercana a Porto Alegre con su mamá, y la madrugada del domingo había concurrido a la fiesta que terminó en tragedia. "Natasha es hija de una argentina y un brasileño y vivía en Santa María. Además, es prima de dos secretarias del consulado", contó a este medio Baeza. "Esto afecta muchísimo a la provincia de Entre Ríos, porque su familia es de allá", agregó

Según varios supervivientes, el incendio comenzó cuando uno de los integrantes de la banda encendió en el escenario un fuego pirotécnico conocido como «Lluvia de plata», cuyas chispas alcanzaron la espuma utilizada como aislante acústico en el techo del establecimiento.

Expresiones y testimonios ante la tragedia

Una de las empleadas de la discoteca, Ingrid Goldani,  dijo que la humareda cubrió todo el local en tres minutos."Los integrantes de la banda Gurizada Fandangueira, que tocaban en el momento y encendieron el artefacto que provoca las chispas, intentaron inicialmente apagar las llamas con agua y después con un extintor. No sé si no consiguieron manipular el extintor, pero el fuego y el humo se expandió rápidamente". 

Rodrigo Moura, uno de los encargados de seguridad que, según los testimonios, en una primera reacción intentaron impedir la salida del público  dijo: "En medio del tumulto la gente comenzó a pisarse, hubo personas que no tuvieron tiempo de salir. Conseguimos sacar a algunas personas, pero tenían el 80% de sus cuerpos quemados, no resistieron. Era como una película de terror. Uno de mis colegas murió".

Rodrigo Martins, guitarrista del grupo "Comenzamos a tocar a eso de las 2.15 y alcanzamos a tocar unas cinco canciones cuando miré al techo y vi que se estaba quemando.Tal vez fue causado por el aparato que usamos para crear un efecto luminoso con chispas. Es inofensivo, no quema."

Elaine Resener : directora del Hospital Universitario de Santa María, , cuyo hijo está entre los heridos : «Todavía estamos en estado de shock, trabajando mucho para ayudar a las víctimas. Me gustaría que este día no hubiese amanecido», ha afirmado al diario Zero Hora  cuyo hijo Luiz Arthur Resener de Moraes, de 25 años, estudiante de medicina, está entre los heridos. Resener ha relatado que un amigo llegó a su casa esta madrugada para informarle de lo sucedido y que su hijo estaba entre los primeros que habían sido socorridos y trasladados a un hospital de la ciudad. «Corrí para allá (para la discoteca) y cuando vi aquel montón de personas frente al local comencé a tener noción del tamaño de la tragedia", ha agregado la directora.

El Comandante General del Cuerpo de Bomberos, coronel Guido de Melo dijo: «La mayoría de los fallecidos murió por asfixia. Cundió el pánico y se acabaron pisoteando entre sí», declaró el. "Todo comenzó porque utilizaron artefactos pirotécnicos en un local cerrado. Eso generó un incendio y un humo muy tóxico que se expandió rápidamente". 
Según el Departamento de Bomberos, el permiso o la licencia del club había vencido en agosto del 2012.Los reportes preliminares indican que los guardias de seguridad impidieron que las personas salieran del club."Este hacinamiento complicó que saliera la gente, y según la información que tenemos, los guardias de seguridad no dejaron salir del edificio", mencionó Guido de Melo, un oficial del grupo de Bomberos, a la cadena Globo TV.

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil que se encontraba en Chile en la cumbre Celac- UE y manifestó: «Quien necesita de mí en este momento es el pueblo brasileño. Pedí a todos los ministros ayudar en todo lo que puedan y trasladarse allí, y yo también estaré allí», aseguró Rousseff en declaraciones a medios brasileños en Chile. La presidenta suspendió entonces su participación en la Cumbre y se trasladó al Santa María.

Para Brasil, la tragedia fue la segunda entre las peores catástrofes de este tipo en el país, luego del incendio del 17 de diciembre de 1961 en el Gran Circo Norteamericano, en Niteroi, estado de Río de Janeiro, cuando un empleado con problemas mentales roció la carpa con nafta y la prendió fuego; 503 personas murieron, la mayoría de ellas chicos. Las heridas de quemaduras de los sobrevivientes fueron tratadas por un joven médico que luego se volvería un famoso cirujano plástico, Ivo Pitanguy.

Es un hecho  similar a la tragedia de Cromagnon que sobre el fin del 2004 enlutó a nuestra sociedad, y que como toda tragedia  de esta magnitud es una herida abierta en la memoria colectiva. Por el fallo de la Justicia argentina fueron  condenados el gerenciador del lugar; los músicos que organizaron el recital y promovieron el uso de bengalas; el jefe policial que hizo la "vista gorda", y los funcionarios que eludieron su labor de control.

Sumamos nuestro pesar ante la pérdida de tanta vida joven por negligencia y junto a ese pueblo nos preguntamos ¿Quem vai pagar por este horror?

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

26 ene. 2013

Qom: Carta Abierta a la Presidenta



Carta abierta a la presidente Cristina Fernández de Kirchner: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom


Carta Abierta a la Excma. Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández

CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak

Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernández

Ref: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom.

Viernes 18 de enero de 2013

Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente.

Entre ellos, pueden citarse los casos de:
* Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.
* Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un policía.
* Alberto Galván, jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.
* Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martín, Pcia. del Chaco.
* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.
* Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013.
* Daniel Asijak, 16 años, sobrino del qarashe Félix Díaz de La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013.

También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se repone de las graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; en los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa.

Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.

A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan sólo unas horas se conoció el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae Napocna Navogoh.

En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.

Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar, evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos territorios.

A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.

Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas y sectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de las comunidades).

Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.

Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes.

En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de las personas
fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.

La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas, durante la conquista y luego con la colonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores.

Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como indígenas. La dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el movimiento indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país, el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale además anotar que los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos sino que su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y líderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía a construir una sociedad mejor.

Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos económicos líderes, ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la desocupación y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Más aún, sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la represión, y estas comunidades, las más activas y organizadas políticamente, las que más luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.

Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un terrateniente.

También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario López del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de un paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por sicarios reconocidos).

Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña.

Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigüedad de la situación, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la implementación de medidas urgentes y decididas para:
• Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos; incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La reparación debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días.
• Intervenir en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las comunidades, dado que está comprobada la relación entre la promoción de los agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias y turísticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos Originarios. Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, a través de sus autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus territorios. El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y social.
• Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.
• Por último, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia.

La saludamos respetuosamente

1) Diana Lenton, DNI 17901607, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
2) Diego Escolar, DNI 18053150, antropólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Mendoza.
3) Gabriela Nacach, DNI 22302241, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
4) Lorena Cardin, DNI 22.110.057, antropóloga, Universidad de Buenos Aires.
5) Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
6) Luciana Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
7) Marcelo Musante, DNI 23467808, sociólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
Mariana Gómez, DNI 28170891, antropóloga, CONICET, Buenos Aires.
9) Ana Vivaldi, DNI 25188169, antropóloga, Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá.
10) Alexis Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
11) Gerardo Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de antropología, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
12) Darío Aranda, DNI 25905483, periodista, Buenos Aires.
13) Osvaldo Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista, Buenos Aires.
14) Ramón Navarro, DNI 12646312, músico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja.
15) Jorge Omar Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires.
16) Luis Piaggi, DNI 13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
17) Claudia Salomón Tarquini, DNI 22.676.405, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, La Pampa.
18) Luciano D’Addario, DNI 27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.
19) Nilo Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en Desarrollo, Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires.
20) Florencia Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza.
21) Ramón Minieri, DNI 5511376, escritor independiente, Departamento de Río Colorado, Río Negro.
22) Armando Aligia, DNI 11632231, físico, junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche, Río Negro.
23) Carlos Paz, DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires.
24) José Luis Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut.
25) María de los Ángeles Vivardo, DNI 20499490, docente y antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires.
26) Marcelo Giraud, DNI 20112286, geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
27) Karen Avenburg, DNI 28549080, antropóloga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.
28) Mónica Padin, DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Río Negro.
29) Marina Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y docente, Lago Puelo.