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20 sept. 2015

Tucumán , opiniones acerca del fallo judicial y la posibilidad de intervención

El abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, consideró que ante las denuncias de fraude y las graves irregularidades registradas en Tucumán se debería convocar a una nueva votación, tal como sostuvo ayer la Sala I la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para "restablecer la credibilidad" de la población. "Se ha puesto en tela de juicio el principio mismo de la soberanía popular, es decir, la transparencia con cual la gente puede expresar su voluntad. De esto no se sale si no a través una nueva elección", resaltó.

 "La intervención federal es una medida extrema para repeler una invasión, en un caso de sedición o para garantizar la subsistencia de la forma republicana de gobierno. No creo que estén dadas estas condiciones en Tucumán", aseguró  Gil Lavedra en diálogo con radio Mitre.

 La Constitución Nacional establece que el Ejecutivo puede decretar la intervención federal de una provincia en caso de que el Congreso esté "en receso", ya que es una atribución que le corresponde al Poder Legislativo. En caso de que la Presidenta decidiera optar por esa vía ante la eventual acefalía que se podría producir en Tucumán el 29 de octubre próximo, fecha prevista para la asunción de nuevas autoridades, debería enviar un proyecto de ley al Parlamento nacional.

Otras opiniones

El apoderado del Frente para la Victoria en Tucumán, Marcelo Caponio, cuestionó con dureza la sentencia que validó las denuncias de fraude de la oposición, que lidera José Cano , y anticipó que llevarán el caso ante la Corte Suprema provincial. "No tengo duda de que si el tribunal supremo no dicta otra medida, la provincia de Tucumán debe ser intervenida", advirtió.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez defendió enfáticamente el argumento utilizado por la Cámara tucumana. “El clientelismo es una prueba más de todas las que se han colectado en el expediente y que demuestran que el proceso, como proceso electoral, estuvo viciado. La prueba más contundente es que el gobernador y el vicegobernador reconocieron que se compraron votos”, explicó.“Que una elección sea transparente es una precondición de la democracia. Toda elección donde haya clientelismo es ilegítima, se viola la Constitución Nacional y se violan los tratados internacionales de derechos humanos”, agregó Gil Domínguez, quien cree que el fallo “es sólido”.

 La posición contraria fue expresada por el constitucionalista Eduardo Barcesat, quien asesora al Frente para la Victoria de Tucumán en el proceso judicial. “Hay que ver qué se entiende por clientelismo. Si el tema es el reparto de comida, chapas o colchones, y es algo que se cumple todo el año como asistencialismo, de ninguna manera puede considerarse que es clientelismo porque se haga antes de la elección”, indicó.Para Barcesat, el clientelismo “es un argumento retórico” y el fallo de los camaristas tucumanos “menosprecia al ciudadano”.