Los legisladores del Frente Cívico le enviaron una nota al gobernador De la Sota para que deje sin
efecto la resolución que aprobó el uso del suelo en Malvinas
Después de que se aprobara la nueva ley de ambiente provincial, la
oposición le envió una nota al gobernador José Manuel de la Sota en la
que le reclamó que anule el proceso de instalación de Monsanto desde el
inicio. Así, la multinacional se quedaría sin chances de instalarse en
Malvinas Argentinas, donde ya tiene erigida gran parte de su planta de
tratamiento de semillas, una obra que generó una fuerte polémica que
incluyó presentaciones judiciales, protestas e incidentes.
Los legisladores del Frente Cívico Liliana Montero -jefa de la bancada-, Santiago Clavijo y Ricardo Fonseca se dirigieron directamente al mandatario provincial para reclamarle que deje sin efecto el acto administrativo inicial, que fue la aprobación del aviso de proyecto.
“Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que ordene la anulación de la Resolución Nº 595 del 24 de agosto de 2012, emitida por el ex secretario de Ambiente Federico Bocco por la cual se autoriza el aviso de proyecto presentado por la empresa Monsanto Company, en abierta violación a lo establecido en la ley provincial 9841 -Regulación de Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba-, toda vez que la mencionada resolución habilita la instalación en una zona reservada para actividades agropecuarias no contaminantes”, dice la nota dirigida al gobernador.
Obligaciones
Los legisladores señalan que si bien la habilitación del uso del suelo es una facultad municipal, “la Secretaría de Ambiente se ha reservado para sí -a través de la ley 9841- el ejercicio de atribuciones y facultades propias y exclusivas en materia ambiental, de manera especial, al momento de aprobar ambientalmente los avisos de proyectos y/o estudios de impacto ambiental”, se lee en la nota. Esto implica que la Secretaría estaba obligada a verificar, antes de emitir la resolución, si se estaban respetando los preceptos incluidos en la ley de usos del suelo.
La instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas estuvo envuelta en polémicas desde que se inició. Hubo protestas e incidentes entre trabajadores vinculados al proyecto y miembros de grupos ambientalistas. En enero de este año, la Justicia frenó incluso hasta la obra civil del edificio en el que debería funcionar la planta de acondicionamiento de semillas para la siembra.
La multinacional anunció en 2012 la inversión en Malvinas Argentinas y la construcción de una planta con capacidad para producir hasta 3,5 millones de bolsas de semillas.
La resistencia que generó el desembarco provocó que el gobernador De la Sota enviara a la Legislatura un proyecto para establecer que fueran obligatorias las audiencias públicas o las consultas populares antes de que se habiliten proyectos con posible impacto sobre el ambiente.
Desde febrero de este año, cuando comenzó el debate en comisión, los legisladores opositores pidieron introducir amplias modificaciones, que fueron aceptadas por el oficialismo.
Los miembros del Frente Cívico reclaman que se apliquen a Monsanto los criterios fijados en la nueva normativa. “La ley 13.428 aprobada el 11 de junio de 2014 ratifica la vigencia el ordenamiento del uso del suelo y territoriales ambientales desarrollados por municipios y comunas en su ámbito jurisdiccional. Por lo que, sin ninguna duda, debe ordenarse la anulación de la resolución 595 de la Secretaría de Ambiente y notificar a la empresa Monsanto que por estos motivos se rechaza el proyecto de instalación de una planta de acondicionamiento de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas”, dice la nota.
Es decir, el proceso de desembarco de Monsanto quedaría anulado desde el origen; actualmente, después de que la Provincia rechazara el estudio de impacto ambiental, la multinacional tendría la oportunidad de presentar un segundo análisis. Con el criterio del Frente Cívico, ni siquiera podría pretender la instalación porque no tendría la posibilidad de usar el suelo para el funcionamiento de la planta proyectada.
Los legisladores del Frente Cívico Liliana Montero -jefa de la bancada-, Santiago Clavijo y Ricardo Fonseca se dirigieron directamente al mandatario provincial para reclamarle que deje sin efecto el acto administrativo inicial, que fue la aprobación del aviso de proyecto.
“Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que ordene la anulación de la Resolución Nº 595 del 24 de agosto de 2012, emitida por el ex secretario de Ambiente Federico Bocco por la cual se autoriza el aviso de proyecto presentado por la empresa Monsanto Company, en abierta violación a lo establecido en la ley provincial 9841 -Regulación de Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba-, toda vez que la mencionada resolución habilita la instalación en una zona reservada para actividades agropecuarias no contaminantes”, dice la nota dirigida al gobernador.
Obligaciones
Los legisladores señalan que si bien la habilitación del uso del suelo es una facultad municipal, “la Secretaría de Ambiente se ha reservado para sí -a través de la ley 9841- el ejercicio de atribuciones y facultades propias y exclusivas en materia ambiental, de manera especial, al momento de aprobar ambientalmente los avisos de proyectos y/o estudios de impacto ambiental”, se lee en la nota. Esto implica que la Secretaría estaba obligada a verificar, antes de emitir la resolución, si se estaban respetando los preceptos incluidos en la ley de usos del suelo.
La instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas estuvo envuelta en polémicas desde que se inició. Hubo protestas e incidentes entre trabajadores vinculados al proyecto y miembros de grupos ambientalistas. En enero de este año, la Justicia frenó incluso hasta la obra civil del edificio en el que debería funcionar la planta de acondicionamiento de semillas para la siembra.
La multinacional anunció en 2012 la inversión en Malvinas Argentinas y la construcción de una planta con capacidad para producir hasta 3,5 millones de bolsas de semillas.
La resistencia que generó el desembarco provocó que el gobernador De la Sota enviara a la Legislatura un proyecto para establecer que fueran obligatorias las audiencias públicas o las consultas populares antes de que se habiliten proyectos con posible impacto sobre el ambiente.
Desde febrero de este año, cuando comenzó el debate en comisión, los legisladores opositores pidieron introducir amplias modificaciones, que fueron aceptadas por el oficialismo.
Los miembros del Frente Cívico reclaman que se apliquen a Monsanto los criterios fijados en la nueva normativa. “La ley 13.428 aprobada el 11 de junio de 2014 ratifica la vigencia el ordenamiento del uso del suelo y territoriales ambientales desarrollados por municipios y comunas en su ámbito jurisdiccional. Por lo que, sin ninguna duda, debe ordenarse la anulación de la resolución 595 de la Secretaría de Ambiente y notificar a la empresa Monsanto que por estos motivos se rechaza el proyecto de instalación de una planta de acondicionamiento de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas”, dice la nota.
Es decir, el proceso de desembarco de Monsanto quedaría anulado desde el origen; actualmente, después de que la Provincia rechazara el estudio de impacto ambiental, la multinacional tendría la oportunidad de presentar un segundo análisis. Con el criterio del Frente Cívico, ni siquiera podría pretender la instalación porque no tendría la posibilidad de usar el suelo para el funcionamiento de la planta proyectada.
Fuente: Puntal 14.06.14
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