“Yo creo que esa preocupación que ellos plantean a las medidas se limita a considerar netamente el aspecto económico. En donde la preocupación económica ha sido puesta absolutamente por encima de la buena ciencia y de la protección de la salud de las personas”, sentenció Montenegro.
Según el escrito de las entidades agrarias, las ordenanzas municipales “acorralan a los productores agropecuarios”, al tiempo que señala que no tienen asidero técnico ni científico. “Si hay algo que no tiene fundamento técnico y está lejos de la buena ciencia es aplicar plaguicidas exponiendo a las personas a bajas dosis. Esto tiene su impacto directo en la salud rompiendo el sistema hormonal y afectando el sistema inmune de las personas”.
Y agregó Montenegro: “Para este tipo de gente ese no es el problema (el perjuicio para la salud), sino que es no poder ganar dinero. Es espantoso el comunicado. Pero es parte de la lógica que impera en la provincia”.
Asimismo, señaló que la preocupación que lleva a la asignación de zona tiene base en la buena ciencia, y a que se sabe del daño que produce la exposición a pequeñas dosis de agrotóxicos en zonas, inclusive, urbanas. En muchas poblaciones están pulverizando sobre zonas urbanizadas”, aseguró Montenegro.
Por su parte, la postura de la Comisión de Enlace es la de defender la ley de agroquímicos provincial, no así las ordenanzas municipales por cuanto consideran afectan la producción. Es por ello que reclaman la intervención del Gobierno provincial para que “defina políticas que globalmente contemplen la producción sustentable y sostenible como verdadera protección del ambiente”.
Alto nivel de degradación
Según el ambientalista, Córdoba es el territorio con mayor nivel de degradación en todos los ámbitos. “Advertimos con enorme preocupación que nuestra provincia tenga una de las peores administraciones ambientales y no me refiero sólo a esta gestión, sino a varias gestiones a nivel provincial como municipal. El resultado es que tenemos una provincia en la que queda menos de un 5% de bosque nativo, y donde buena parte de la población debe tener contenido de plaguicida en sangre sin que lo sepa la gente. Y en donde tampoco existen estudios epidemiológicos continuos que permitan saber de las alergias, cánceres o lupus que se generan por estos productos”, insistió Montenegro.
Y sostuvo que en el debate de agroquímicos está probado el riesgo que para la salud implica la exposición de las poblaciones a estos productos. En esta semana la fundación dio a conocer los resultados de estudios realizados en Malvinas Argentinas, donde hay una fuerte lucha en contra de la radicación de la firma Monsanto.
Según este trabajo los análisis de sangre demuestran presencia de plaguicidas en adultos y niños de Malvinas Argentinas, y de una proporción de 10 personas sometidas a estudios, 7 mostraron que tienen residuos de plaguicidas antiguos muy persistentes como Aldrin, Dieldrin, DDT y Beta HCH". Los análisis fueron encargados por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida a la Universidad de Buenos Aires, y según sostuvieron, ante la negativa de la Municipalidad de Malvinas Argentinas y del gobierno de Córdoba para hacer estudios en la población.
Observatorio ambiental
La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y Funam exigieron al gobierno de Córdoba "que con las municipalidades y comunas de la provincia monte un Observatorio Ambiental que mida permanentemente la presencia de plaguicidas y otras sustancias tóxicas en muestras biológicas (sangre, orina, leche materna) y en muestras de otros organismos vivos, aire, suelo, agua y sedimentos".
A su vez, que este órgano registre las enfermedades desde alergias hasta cáncer, malformaciones y trastornos genéticos.
Fuente: Puntal 15.05.14
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