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24 abr 2015

Un caso de desalojo que deja mal parado a un cuestionado juez de la ciudad


Cintia Romero, una mujer que vive sola con sus cuatro hijos, recibió una orden desde el juzgado civil del Juez José Antonio Peralta para que desalojen una humilde vivienda en barrio Limay. Ante el ultimatum judicial, los vecinos se solidarizaron y piden evitar que la familia quede en la calle.

Tras las repercusiones que generó la historia revelada por Telediario, la licenciada Carolina Cáceres del IMV confirmó que en el 2013 emitieron un “certificado de ocupante” para que Cintia Romero pueda quedarse en la vivienda. Sin embargo, la Justicia no fue notificada de la decisión.
Lo sorprendente es que el juez en lo Civil avanzó con el desalojo a pesar de la situación social que enfrenta a Cintia y sin haber advertido al área de Viviendas del municipio, que tiene la potestad sobre el terreno y la vivienda.

Tras las presentaciones del abogado Zacarías Rigo y el asesor letrado René Bossio, se suspendió la medida que estaba prevista para el martes. El IMV ya había adelantado que la mujer no usurpó la casa y que tenía la tenencia

Desde el Juzgado de primera instancia y primera nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, a cargo de José Antonio Peralta, se resolvió suspender el desalojo ordenado en una humilde vivienda de barrio Limay, donde residen una mujer y sus cuatro hijos. Así lo confirmó el doctor Zacarías Rigo, abogado de la mujer.

La decisión de ordenar un desalojo había sido calificada como “sumamente reprochable” por los responsables del Instituto Municipal de la Vivienda que habían otorgado a Cintia Romero la ocupación de la vivienda. Además, el abogado de la mujer, quien asumió la defensa a partir de que se conoció públicamente el caso a través de Telediario, resaltó que “fue un error grave” no haber dado participación a la asesoría letrada para que “alguien custodiaría los derechos de los menores afectados”.


Pedido de jury

Sobre el juez Peralta pesa un pedido de jury de enjuiciamiento solicitado por el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, quien lo acusò en el 2010 por mal desempeño.

La destitución se pide por “distintas y reiteradas actitudes adoptadas por el magistrado en lo cotidiano de su labor judicial. Se trata de un cúmulo de comportamientos que deben ser ponderados en modo integral, como un universo conductual, que exponen una actitud desaprensiva respecto de los cometidos propios de su función”, dejó sentado Vezzaro en su denuncia.

A Peralta le atribuye concretos casos de “falta de diligencia en la tramitación de causas en las que el procedimiento respectivo y el interés comprometido imponían una especial presteza”. Asimismo, le endilga “ostensible y reiterada violación al deber de fundar lógica y legalmente sus pronunciamientos” y se advierte de que por este motivo el juez registra “un elevado y preocupante número de fallos revocados”.

Según informó el diario Comercio y Justicia, del pasado 25 de marzo, se espera que el Tribunal de Ética del Poder Judicial analice la causa sobre el juez riocuartense.

Peralta quedó en la mira del Tribunal Superior de Justicia en octubre de 2007 a raíz de la publicación de la revista mensual El Sur que dio detalles sobre una demanda en su contra por peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Además, esa revista hizo mención a un engorroso episodio ocurrido en 2005 en los Tri­bu­na­les cuando, en ple­no jui­cio, una ado­les­cen­te de 15 años que era obli­ga­da a tra­ba­jar co­mo pros­ti­tu­ta con­tó que en­tre la lis­ta de sus clien­tes ha­bi­tua­les se en­con­tra­ba “un tal Pe­ral­ta, al­to, de an­teo­jos, de Tri­bu­na­les”.

Fuente: Telediariodigital 23.04.15

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