Tenía tanto pánico que no se animaba a cruzar
el pasillo para ir al baño. Griselda vivía encerrada en una pequeña
oficina. Era verano y le habían sacado hasta el ventilador. Una joven de
una unidad básica quilmeña de La Cámpora la vigilaba desde que llegaba
al trabajo: en un cuaderno anotaba quién entraba y salía, quién le
hablaba y qué le decían. "Era una humillación", cuenta la socióloga.
Griselda López Viegas encabezaba desde 2001 la Unidad de Moda en la Cancillería. Por una década amó su trabajo. Su "calvario" -relata- empezó con el desembarco de la camporista Cecilia Nahón, en 2011. "Los chicos quieren ver si la podemos ubicar en la misión comercial. Bajá del avión a la que menos prensa tiene", le pidieron. Los chicos eran La Cámpora y querían colar a una ex novia de Máximo Kirchner en un desfile de Milán. Ella dijo que no.
Pero sus problemas habían empezado antes. No iba a las "charlas de adoctrinamiento", criticaba la falta de telas y se quejaba de que los productos argentinos no llegaban con un buen precio. "Teníamos un Ferrari sin nafta", describe. "Se dieron cuenta de que la unidad que dirigía tenía mucha visibilidad y quisieron callarme." El 28 de diciembre la echaron. Hoy no tiene trabajo.
Los casos como el de Griselda se multiplicaron en los últimos años. Por eso, varios ex trabajadores del Estado desplazados por motivos políticos durante el proceso kirchnerista decidieron crear la ONG Juntos por el Trabajo en Libertad, con el objetivo de denunciar los casos de acoso, violencia, discriminación o persecución en el ámbito laboral estatal, provincial o municipal.
Entre los fundadores están Graciela Bevacqua (desplazada del Indec), Silvina Martínez (IGJ), María Laura Haag (Secretaría de Energía), Fernando Scanavino (IGJ), Sandra Votta (Cancillería), María Alicia Córdoba (Cancillería) y Viegas. La asociación será inscripta esta semana y todos creen que la ONG crecerá. El miedo -dicen- fue el denominador común. Todos lo sintieron. Eso es lo que se contaron la primera vez que se reunieron, simplemente para hacer algo de catarsis, luego de intercambiar mails. También la metodología es sistemática: los despidieron sin aviso ni indemnización, luego de haberles quitado -a veces de manera brusca, otras gradualmente- tareas, herramientas de trabajo y sus oficinas. Pero el acoso estatal, en casi todos los casos, se mantuvo incluso cuando quedaron fuera del Estado, cuando estaban en sus casas junto a sus familias.
"Te convierten en un desaparecido civil", afirma Fernando Scanavino, un ex inspector en la Inspección General de Justicia (IGJ), despedido por enfrentar a La Cámpora en el organismo que se volvió el centro de una tormenta cuando Amado Boudou quedó envuelto en el escándalo Ciccone. "Critican a la dictadura, pero la superan con creces", denunció. A Fernando también le pusieron "un espía" en su oficina. "¿Por qué no te sumás a La Cámpora?", le preguntaba. Él dijo que no. "Facho", lo descalificaron. Finalmente, Fernando se opuso al cepo informativo que Norberto Berner, director de la IGJ y camporista, quiso imponer para proteger a Boudou. Lo echaron en 2012.
De allí fue eyectada la ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, que había intimado a The Old Fund y se metió en el caso Hotesur. "Trataban de cerrar la información. El acoso era terrible. Me gritaban que trabajaba para Magnetto. Me tomé licencia y cuando volví habían desmantelado por completo mi lugar de trabajo", cuenta la abogada. Luego le rebajaron el sueldo y le sacaron las materias que daba en la UBA. "Durante dos años peregriné sin trabajo y fue cuando la cuenta de Twitter de la Casa Rosada dio la dirección de mi estudio cuando me asusté. Era el Estado, la Presidenta la que me perseguía", dijo.
"¿Estás o no con el proyecto?", le preguntó Cynthia de Paz, subsecretaria de Programación Económica y pareja del viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, a María Laura Haag, una abogada que trabajó 13 años en la Secretaría de Energía. Tras la salida de Daniel Cameron y su reemplazo por Mariana Matranga, La Cámpora copó ese reducto. Pero el detonante del desplazamiento de Haag fueron las críticas públicas de su esposo, Cristian Folgar (ex secretario de Combustibles), a la política tarifaria y la ley de hidrocarburos. La "gestión", como le dijeron, decidió su salida.
Votta fue despedida en 2013 de Cancillería después de denunciar el maltrato a dos chicas embarazadas por parte de los jefes de La Cámpora. "El tema es el después. Los compañeros que te adoraban tienen miedo de verte. Tengo 50 años. Nadie te emplea. La pasás muy mal", recordó.
A la vez, el desmantelamiento institucional tiene su historia más oscura en el Indec. Bevacqua lo sabe: aún tiene una causa penal en su contra y una multa millonaria.
Griselda López Viegas encabezaba desde 2001 la Unidad de Moda en la Cancillería. Por una década amó su trabajo. Su "calvario" -relata- empezó con el desembarco de la camporista Cecilia Nahón, en 2011. "Los chicos quieren ver si la podemos ubicar en la misión comercial. Bajá del avión a la que menos prensa tiene", le pidieron. Los chicos eran La Cámpora y querían colar a una ex novia de Máximo Kirchner en un desfile de Milán. Ella dijo que no.
Pero sus problemas habían empezado antes. No iba a las "charlas de adoctrinamiento", criticaba la falta de telas y se quejaba de que los productos argentinos no llegaban con un buen precio. "Teníamos un Ferrari sin nafta", describe. "Se dieron cuenta de que la unidad que dirigía tenía mucha visibilidad y quisieron callarme." El 28 de diciembre la echaron. Hoy no tiene trabajo.
Los casos como el de Griselda se multiplicaron en los últimos años. Por eso, varios ex trabajadores del Estado desplazados por motivos políticos durante el proceso kirchnerista decidieron crear la ONG Juntos por el Trabajo en Libertad, con el objetivo de denunciar los casos de acoso, violencia, discriminación o persecución en el ámbito laboral estatal, provincial o municipal.
Entre los fundadores están Graciela Bevacqua (desplazada del Indec), Silvina Martínez (IGJ), María Laura Haag (Secretaría de Energía), Fernando Scanavino (IGJ), Sandra Votta (Cancillería), María Alicia Córdoba (Cancillería) y Viegas. La asociación será inscripta esta semana y todos creen que la ONG crecerá. El miedo -dicen- fue el denominador común. Todos lo sintieron. Eso es lo que se contaron la primera vez que se reunieron, simplemente para hacer algo de catarsis, luego de intercambiar mails. También la metodología es sistemática: los despidieron sin aviso ni indemnización, luego de haberles quitado -a veces de manera brusca, otras gradualmente- tareas, herramientas de trabajo y sus oficinas. Pero el acoso estatal, en casi todos los casos, se mantuvo incluso cuando quedaron fuera del Estado, cuando estaban en sus casas junto a sus familias.
"Te convierten en un desaparecido civil", afirma Fernando Scanavino, un ex inspector en la Inspección General de Justicia (IGJ), despedido por enfrentar a La Cámpora en el organismo que se volvió el centro de una tormenta cuando Amado Boudou quedó envuelto en el escándalo Ciccone. "Critican a la dictadura, pero la superan con creces", denunció. A Fernando también le pusieron "un espía" en su oficina. "¿Por qué no te sumás a La Cámpora?", le preguntaba. Él dijo que no. "Facho", lo descalificaron. Finalmente, Fernando se opuso al cepo informativo que Norberto Berner, director de la IGJ y camporista, quiso imponer para proteger a Boudou. Lo echaron en 2012.
De allí fue eyectada la ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, que había intimado a The Old Fund y se metió en el caso Hotesur. "Trataban de cerrar la información. El acoso era terrible. Me gritaban que trabajaba para Magnetto. Me tomé licencia y cuando volví habían desmantelado por completo mi lugar de trabajo", cuenta la abogada. Luego le rebajaron el sueldo y le sacaron las materias que daba en la UBA. "Durante dos años peregriné sin trabajo y fue cuando la cuenta de Twitter de la Casa Rosada dio la dirección de mi estudio cuando me asusté. Era el Estado, la Presidenta la que me perseguía", dijo.
"¿Estás o no con el proyecto?", le preguntó Cynthia de Paz, subsecretaria de Programación Económica y pareja del viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, a María Laura Haag, una abogada que trabajó 13 años en la Secretaría de Energía. Tras la salida de Daniel Cameron y su reemplazo por Mariana Matranga, La Cámpora copó ese reducto. Pero el detonante del desplazamiento de Haag fueron las críticas públicas de su esposo, Cristian Folgar (ex secretario de Combustibles), a la política tarifaria y la ley de hidrocarburos. La "gestión", como le dijeron, decidió su salida.
Votta fue despedida en 2013 de Cancillería después de denunciar el maltrato a dos chicas embarazadas por parte de los jefes de La Cámpora. "El tema es el después. Los compañeros que te adoraban tienen miedo de verte. Tengo 50 años. Nadie te emplea. La pasás muy mal", recordó.
A la vez, el desmantelamiento institucional tiene su historia más oscura en el Indec. Bevacqua lo sabe: aún tiene una causa penal en su contra y una multa millonaria.
Fuente: LA NACION
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