Con esa calificación, el fiscal federal apeló la resolución del juez, a quien pidió “agotar todas las vías probatorias pertinentes” por tratarse de un posible “delito de acción pública”.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó su apelación a la resolución del juez Daniel Rafecas por considerarla “prematura” luego de que desestimara la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa N° 777/2015 por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
En el documento, de 35 páginas, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 asegura que “ante la gravedad del caso -previo emitir un pronunciamiento de carácter conclusivo- debe agotar todas las vías probatorias pertinentes para alcanzar el grado de certeza necesario para sustentar, conforme las exigencias del ordenamiento jurídico, el temperamento que por el presente se critica”.
A su vez, Pollicita sostiene que a esta altura resulta claro que lo central en el asunto no es el hecho de que el acuerdo no entró en vigencia sino, en cambio, qué tipo de finalidad guió la creación de la Comisión” donde detalla que "ante la existencia de versiones enfrentadas entre sí, una de las cuales representa la posible comisión de un delito de acción pública, es deber del Ministerio Público promover una investigación en tal sentido, con el objeto de esclarecer la cuestión".
"Es por ello que, a mi criterio, la resolución en crisis es prematura por cuanto resulta propia de un estado procesal más avanzado, en el sentido de que da por cierto cuestiones que deben ser demostradas con mayor certeza", argumenta el fiscal federal.
Fuente:Perfil
En el documento, de 35 páginas, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 asegura que “ante la gravedad del caso -previo emitir un pronunciamiento de carácter conclusivo- debe agotar todas las vías probatorias pertinentes para alcanzar el grado de certeza necesario para sustentar, conforme las exigencias del ordenamiento jurídico, el temperamento que por el presente se critica”.
A su vez, Pollicita sostiene que a esta altura resulta claro que lo central en el asunto no es el hecho de que el acuerdo no entró en vigencia sino, en cambio, qué tipo de finalidad guió la creación de la Comisión” donde detalla que "ante la existencia de versiones enfrentadas entre sí, una de las cuales representa la posible comisión de un delito de acción pública, es deber del Ministerio Público promover una investigación en tal sentido, con el objeto de esclarecer la cuestión".
"Es por ello que, a mi criterio, la resolución en crisis es prematura por cuanto resulta propia de un estado procesal más avanzado, en el sentido de que da por cierto cuestiones que deben ser demostradas con mayor certeza", argumenta el fiscal federal.
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