Boudou puede ser juzgado y hasta condenado a pesar de los fueros

Cómo sigue el proceso judicial. Que pasaría en el peor de los escenarios. La opinión del Dr. Ricardo Gil Lavedra.

Que un funcionario sea investigado por la Justicia, siempre es noticia. Sin embargo, que se pida la indagatoria de un vicepresidente en funciones, no es algo que se vea todos los días.
Jorge Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 1, pidió al Juez Federal Ariel Lijo que cite a indagatoria de Guillermo David Reinwick, Nicolás Tadeo Ciccone, Pablo Jorge Amato, José Maria Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Jorge Enrique Capirone, Maximo Eduardo Lanusse, Sergio Gustavo Martinez y Rafael Resnick Brenner. Asimismo, solicitó que se indague al vicepresidente de la Nación Amado Boudou y al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. Si bien el pedido es bastante explícito, Echegaray presentó un escrito en Comodoro Py para que se le informe si lo citan a indagatoria o como testigo.

El delito que se le imputa a Amado Boudou es el de "negociaciones incompatibles", el cual se encuentra contemplado en el artículo 265 del Código Penal. Uno de los puntos sobresalientes del dictámen fiscal que pasó casi desapercibido, se encuentra el detalle no menor de uno de los fundamentos para justificar la medida: el tratado "Código Penal y normas complementarias" de Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia y amigo de Amado Boudou.
Si bien la ley contempla una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para los funcionarios que busquen un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo, en el peor de los escenarios, Boudou no iría preso.

El ex diputado nacional, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que "a menos que se le puedan imputar nuevos delitos, por el 265 preso no va a ir". En diálogo con Perfil.com, Gil Lavedra sostuvo que el delito que se le imputa tiene una pena de "ejecución condicional".

Respecto de qué se puede esperar del proceso judicial, Gil Lavedra, quien tuvo una larga trayectoria en la Justicia, señaló que "estamos en una etapa muy preliminar, de recolección de datos y pruebas", para luego explicar que "para el fiscal hay elementos suficientes para sospechar que Boudou cometió un delito, pero el Juez puede no llamarlo a indagatoria".

Los hechos

Para el fiscal Di Lello, Alejandro Vanderbroele y Sergio Martinez compraron la empresa Ciccone Calcográfica SA (luego Compañía de Valores Sudamericana) declarada en quiebra, con fondos cuyo origen fueron puestos en duda - y que aún se investigan- con la intención de lograr la contratación del Estado Nacional para la producción de billetes. Aquí es donde entraría en juego el entonces ministro de Economía Amado Boudou, y José María Núñez Carmona, a quien señalan en el expediente como "socio comercial" de Boudou.

Primero entró en escena Guillermo David Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, quien habría conseguido el capital para salvar la quiebra. Bajo juramento, Reinwick afirmó que no tenía ninguna vinculación con la empresa y que había sido presionado a firmar una serie de documentos que daban cuenta de su relación con la misma. Asimismo, el Fiscal presume que quienes también tuvieron una participación "penalmente relevante" en las negociaciones para el salvataje de Ciccone Calcográfica -y su contratación por el Estado- fueron Nicolás Tadeo Ciccone y Pablo Jorge Amato, quienes también "habrían mantenido varias reuniones con el resto de los imputados" para definir cómo conformarían a los acreedores de la quiebra.

En esas reuniones, también habrían armado la nueva estructura que tendría la empresa, la cual se convirtió en la Compañía de Valores Sudamericana SA. Primero se designó como integrantes del directorio a Maximo Eduardo Lanusse y Nicolás Tadeo Ciccone. Finalmente, se nombró presidente de la empresa a Vanderbroele.

"En estos términos", afirma el fiscal en su dictamen, "el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía la empresa, se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios de la AFIP, principal acreedora". La prueba estaría en el expediente de la empresa, en el cual consta que se realizaron maniobras de salvataje con apariencia de "apoyo administrativo", cuando fua la misma AFIP la que pidió la quiebra dos meses antes.

El 12 de julio de 2010, la AFIP solicitó al Juzgado Comercial 8 que decretara la quiebra de Ciccone Calcográfica, forumlando una propuesta de intervención estatal para hacerse cargo de la totalidad de los trabajadores y las maquinarias de impresión. Tres días después, el Juzgado decretó la quiebra de la empresa.

Luego, la AFIP presentó en el mismo juzgado una nota escrita por Olga Ciccone, quien le manifestaba al ente conducido por Echegaray su voluntad de levantar la quiebra mediante la cancelación del 50% de la deuda privilegiada. El 31 de agosto de 2010, un abogado de la AFIP se presentó en el Juzgado con dicha nota y afirmó que existía la voluntad del ente de otorgar un cómodo plan de facilidades de pago. Al día siguiente, el que se presentó en el Juzgado de la quiebra fue Alejandro Vanderbroele, quien manifestó su "conformidad para el levantamiento de la deuda de Ciccone". Dos semanas después, la AFIP también estuvo de acuerdo con el levantamiento de la quiebra que el Juzgado había decretado dos meses antes, a pedido de la misma AFIP.

Este hecho no pasó desapercibido para el Juzgado Comercial. Se levantó la quiebra, pero se dejó por escrito que la postura del ente dirigido por Echegaray resultaba "cuanto menos llamativa". El tribunal se refería al gran cambio de criterio en tan breve lapso respecto al otorgamiento de facilidades para el pago "lo que debió haberse hecho en su momento a fin de evitar las consecuencias", pero que en su lugar fue rechazado por la AFIP.

Que existe una relación de amistad entre Alejandro Vandenbroele y Amado Boudou, el Fiscal lo da por sentado amparado en el departamento de Puerto Madero que Boudou le alquiló a un socio de Vandenbroele que no estaba en el país, y a las diversas facturaciones de servicios del departamento a nombre tanto de Boudou como de su amigo. Sin embargo, el indicio que resulta más convincente es que la AFIP presento 500 pedidos de quiebra desde 2007 y solo una vez le consultó al ministerio de Economía. Obviamente, fue en el expediente Ciccone. El ministro era Amado Boudou.

Qué pasará en el Senado

 La situación de Amado Boudou es distinta respecto de sus funciones como Vicepresidente. Podría atravesar todo el proceso jurídico que, aún en el peor de los escenarios, no existen impedimentos para que conserve su cargo hasta que exista sentencia firme.
"Puede ser sometido estando en el cargo y hasta ser condenado, que solo se procede a desaforarlo en caso de que haya un pedido de arresto", explicó Gil Lavedra, quien añadió que espera "que el Juez acompañe al Fiscal, porque es beneficioso para el país y para el Gobierno, ya que no es bueno tener a un Vicepresidente sospechado de haber cometido delitos durante su gestión como ministro de Economía".

Fuente: Perfil 07.02.14