Elecciones en Tucumán: urna "embarazada" da que hablar

Una urna “embarazada” calentó la mañana en la escuela Cossón

Una fiscala del Acuerdo para el Bicentenario denunció que una caja estaba cerrada al inicio de la votación, con 30 votos para el oficialismo 

 

Se dice en la jerga electoral que una urna está “embarazada” cuando desde antes de que comience la votación se encuentran en ella boletas ya “sufragadas”. Esto fue lo que ocurrió apenas se empezó a votar en la escuela Alfredo Cossón, ubicada en la zona suroeste de la capital, según lo denunció una fiscal general del Acuerdo para el Bicentenario (ApB).

 

Más allá de una demora de media hora, la votación había comenzado con normalidad en el establecimiento educativo, situado en Coronel Zelaya al 1.600. Hasta que la fiscal general del ApB Antonella Ruiz denunció que la urna de la mesa Nº 259 estaba cerrada, y con votos del oficialismo adentro.

 

 La zona es muy conocida por la rivalidad política que mantienen el alperovichista Armando “Cacho” Cortalezzi -interventor de la Caja Popular de Ahorros, y candidato a concejal en los comicios de ayer- y edil capitalino Christian Rodríguez -buscaba ayer ser legislador-, referente del sector que lidera el intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya. De hecho, María Elena Cortalezzi, actual concejal capitalina y hermana de “Cacho” se encontraba desde temprano en la escuela, coordinando a los votantes de su espacio. De manera activa, la dirigente -se postulaba para legisladora- iba y venía, e intercambiaba palabras con la veedora de la Junta Electoral Provincial (JEP) Fátima Manrique.

 

Amén de la incomodidad de las instalaciones y del hacinamiento de los electores, la votación se desarrollaba con relativa normalidad. Hasta que Ruiz denunció la irregularidad en la urna Nº 959. “Llegamos, y la presidenta de mesa no se había presentado. En su lugar, de vocal estaba una puntera de Cortalezzi. Estaba la urna cerrada y le pedí que la abriera para iniciar la votación. En su interior había unas 30 boletas del oficialismo. Tuvo de vaciar la urna, pero la irregularidad ya se había dado”, comentó a LA GACETA la joven estudiante de Comunicación Social.

 

Al rato, ingresaron dos abogados del ApB, junto a un escribano público, para constatar la irregularidad. Otro fiscal general que también había denunciado el hecho pidió que su nombre no trascendiera por temor a represalias. “Vivo en la zona, y la verdad que temo por mi familia. Días atrás ya me habían amenazado”, se excusó.

 

Los abogados y fiscales generales del ApB Mariana Pérez Lucena y Gustavo Gómez Urrutia increparon a la veedora Manrique para que diera explicaciones sobre lo ocurrido. La mujer negó que se haya podido constatar la irregularidad, aunque no sabía responder cuál era el número de la mesa cuestionada y tampoco conocía el número total de mesas habilitadas con las que contaba la escuela Cossón. 

 

Fuente: La Gaceta 24.08.15