El gobierno insiste en “profundizar el modelo” de la fuerza gubernamental por sobre la libertad económica. Debemos advertir de las consecuencias aunque sea utópico, a esta altura, esperar que reaccionen a tiempo.
Por Iván Carrino
Poco después del default, el discurso y las acciones del gobierno se radicalizaron. Frente a los despidos productos de la recesión que hasta el INDEC reconoce, se anunció una modificación a la Ley de Abastecimiento de 1974 que les daría más poder a los funcionarios para intervenir en las decisiones de producción e inversión de las empresas. Por si esto fuera poco, la presidenta afirmó que intentará aplicar la ley antiterrorista contra la quebrada empresa Donnelley por atentar contra el “orden económico”.
Medidas como estas ya se han intentado en la vecina Venezuela, donde el gobierno de Maduro denuncia constantemente la “guerra económica” de los empresarios mientras que las leyes económicas y las regulaciones están a la orden del día, con los resultados que ya conocemos: la inflación más alta del mundo, una escasez alarmante y un conflicto social que ya se ha cobrado víctimas fatales y cientos de presos políticos.
Frente a este camino que ha emprendido el gobierno, entonces, cabe recordar que el Muro de Berlín se cayó hace tiempo y que, sin sorpresas, no se cayó para el lado de oriente, sino para el otro, por los martillazos de los que poblaban la falsamente llamada “Alemania Democrática”.
No fueron la derecha ni los intereses oligopólicos los que derribaron el muro que dividía las dos Alemanias, sino un pueblo cansado de vivir en una “potencia nuclear” que a duras penas podía alimentar a su población. La unión soviética no solo fue una debacle moral, donde se abolieron todos los derechos de las personas, sino una catástrofe económica, donde la mayoría de la población convivía con la escasez, el atraso e incluso la hambruna, mientras una élite dirigente vivía en medio del lujo y la abundancia.
El socialismo y el ultraintervencionismo no funcionan porque, en primer lugar, ningún funcionario iluminado es suficientemente capaz de descubrir y satisfacer las múltiples y diversas necesidades de cada una de las personas que componen el país. En segundo lugar, porque, incluso cuando pudieran tener esa capacidad, nada nos asegura que tendrán el incentivo para satisfacerlas toda vez que poseen el poder absoluto para tomar un camino u otro.
Por último, el ultraintervencionismo no funciona porque, una vez que los empresarios (y, debe decirse, en nuestro caso tardaron un poco en darse cuenta que el camino del kirchnerismo era menos que deseable) se dan cuenta que su éxito o fracaso depende de la antojadiza decisión del gobernante de turno, pierden el incentivo a invertir, en el mejor de los casos, abandonando su sector o, en el peor de los casos, llevando sus inversiones a otro país.
Un poco de esto es lo que ya hemos visto a lo largo de esta década. El intervencionismo autóctono, caracterizado por la expansión fiscal y monetaria y una maraña de controles cuyo ejemplo más destacado es el cepo al dólar, hicieron que en la última década el país perdiera US$ 290.000 millones de inversión, un dinero que bien nos vendría para mejorar la calidad de vida de los argentinos y reducir los vergonzantes niveles de pobreza, que se acercan al 30% de la población.
Sin embargo, el gobierno insiste en seguir por el mismo camino, “profundizando su modelo”, el de la fuerza gubernamental por sobre el intercambio voluntario y la libertad económica. Es nuestro deber, entonces, advertir de las consecuencias de persistir en el error: más inflación, más escasez, más fuga de capitales, menos inversión, menos producción y más pobreza.
Parece utópico, a esta altura, esperar que el gobierno reaccione a tiempo. En ese caso, solo queda esperar que el que venga tenga esto en cuenta y se decida a cambiar el rumbo, dando un necesario giro de 180 grados, lo antes posible.
Fuente:Perfil
Por Iván Carrino
Medidas como estas ya se han intentado en la vecina Venezuela, donde el gobierno de Maduro denuncia constantemente la “guerra económica” de los empresarios mientras que las leyes económicas y las regulaciones están a la orden del día, con los resultados que ya conocemos: la inflación más alta del mundo, una escasez alarmante y un conflicto social que ya se ha cobrado víctimas fatales y cientos de presos políticos.
Frente a este camino que ha emprendido el gobierno, entonces, cabe recordar que el Muro de Berlín se cayó hace tiempo y que, sin sorpresas, no se cayó para el lado de oriente, sino para el otro, por los martillazos de los que poblaban la falsamente llamada “Alemania Democrática”.
No fueron la derecha ni los intereses oligopólicos los que derribaron el muro que dividía las dos Alemanias, sino un pueblo cansado de vivir en una “potencia nuclear” que a duras penas podía alimentar a su población. La unión soviética no solo fue una debacle moral, donde se abolieron todos los derechos de las personas, sino una catástrofe económica, donde la mayoría de la población convivía con la escasez, el atraso e incluso la hambruna, mientras una élite dirigente vivía en medio del lujo y la abundancia.
El socialismo y el ultraintervencionismo no funcionan porque, en primer lugar, ningún funcionario iluminado es suficientemente capaz de descubrir y satisfacer las múltiples y diversas necesidades de cada una de las personas que componen el país. En segundo lugar, porque, incluso cuando pudieran tener esa capacidad, nada nos asegura que tendrán el incentivo para satisfacerlas toda vez que poseen el poder absoluto para tomar un camino u otro.
Por último, el ultraintervencionismo no funciona porque, una vez que los empresarios (y, debe decirse, en nuestro caso tardaron un poco en darse cuenta que el camino del kirchnerismo era menos que deseable) se dan cuenta que su éxito o fracaso depende de la antojadiza decisión del gobernante de turno, pierden el incentivo a invertir, en el mejor de los casos, abandonando su sector o, en el peor de los casos, llevando sus inversiones a otro país.
Un poco de esto es lo que ya hemos visto a lo largo de esta década. El intervencionismo autóctono, caracterizado por la expansión fiscal y monetaria y una maraña de controles cuyo ejemplo más destacado es el cepo al dólar, hicieron que en la última década el país perdiera US$ 290.000 millones de inversión, un dinero que bien nos vendría para mejorar la calidad de vida de los argentinos y reducir los vergonzantes niveles de pobreza, que se acercan al 30% de la población.
Sin embargo, el gobierno insiste en seguir por el mismo camino, “profundizando su modelo”, el de la fuerza gubernamental por sobre el intercambio voluntario y la libertad económica. Es nuestro deber, entonces, advertir de las consecuencias de persistir en el error: más inflación, más escasez, más fuga de capitales, menos inversión, menos producción y más pobreza.
Parece utópico, a esta altura, esperar que el gobierno reaccione a tiempo. En ese caso, solo queda esperar que el que venga tenga esto en cuenta y se decida a cambiar el rumbo, dando un necesario giro de 180 grados, lo antes posible.
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