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| Fiscal Enrique Senestrari |
Por el caso CBI, investigan a dos funcionarios del intendente Mestre
El fiscal de la causa pidió informes de una empresa a nombre del secretario privado de Mestre y el
viceintendente Cossar. También estudia la supuesta participación del secretario de transporte municipal
El fiscal federal Enrique Senestrari pidió informes a varios
organismos públicos para que detallen las empresas que estarían a nombre
de funcionarios de la administración municipal de Ramón Mestre.
También solicitó al Banco Central que inmovilice sus cuentas e indague en las operaciones que se hayan hecho. Entre las sociedades examinadas figura Juanmar SA a nombre del secretario privado de Mestre, Juan Pablo Ostanelli y del viceintendente Marcelo Cossar.
“Es un procedimiento de rutina que se está haciendo además, con todos los mencionados en la carta que dejó el financista Suau”, dijo el fiscal. Agregó también que es un trámite que se hace siempre: “Cuando uno ve el nombre de una persona en datos que pueden ser indicios de delitos, revisa todo: las relaciones y las participaciones en distintas ocupaciones. Así se puede determinar si son maniobras ilícitas o son las actividades lícitas de cualquier ciudadano”.
El vice de la financiera CBI Cordubensis, Jorge Suau, apareció muerto en el interior de su camioneta cuando estalló el escándalo y en la carta que le envió al fiscal y a un camarista federal detalla varias operaciones que hacía la empresa. La que fue explicada con más detalle es la que desarrollaban supuestamente junto a la Municipalidad y a Siemens-Atos, que era la encargada de cobrar la recaudación del transporte de la capital.
“La monetización de cheques en negro supera los dos millones de pesos diarios, llegó a ser cercana a los 5 millones en la época red bus, estando comprometido en esto la Municipalidad de Córdoba, con las gestiones del anterior intendente Giacomino y el actual Mestre (...) esta operación supera los tres millones diarios y el señor Díaz Cardeilhac recibe una coima mensual de 400.000 pesos por no controlar la cuenta recaudatoria de la Municipalidad y Siemens Atos, este monto nos fue solicitado en su momento en forma personal a nosotros por un tal Juan Pablo Ostanelli y el nombrado Díaz Cardeilhac, el intermediario y negociador de Siemens es el señor Fernando Gaviglio”, relata textualmente el financista en la carta que desata la causa judicial.
La firma creada por los funcionarios se llama Juanmar SA y, según consta en el Boletín Oficial de la provincia, tiene por objeto “la producción, industrialización, fraccionamiento, envasado, compra, venta, importación, exportación y distribución de panes, galletas, galletitas, bizcochos, emparedados (...) y otros derivados de las harinas”. Los fines de la empresa son bastante ajenos a las actividades conocidas de Cossar y Ostanelli que son abogados y desde hace años desarrollan, fundamentalmente, funciones públicas.
La dirección de prensa de la Municipalidad hizo las veces de vocera de ambos girando al diario La Voz del Interior una serie de informes tributarios de Juanmar SA, en los que se señala que ya fue dada de baja y que nunca llegó a desarrollar actividades, que no registra impuestos activos y que no llegó a empadronarse (es decir, nunca tributó).
La otra persona nombrada por Suau en ese párrafo de la carta es Fernando Gaviglio que fue desplazado del cargo que ocupaba en Siemens un tiempo antes de que estallara el escándalo. Cabe recordar que el anterior intendente, el actual diputado nacional Daniel Giacomino también es investigado y una caja de seguridad a su nombre se encuentra bloqueada a la espera de que la Justicia avance.
Senestrari aguarda que en la ampliación de la declaración indagatoria de Eduardo Rodrigo, el socio de Suau, explique ésta y otras maniobras.
Polémica y denuncia por un edificio paralizado en Córdoba
Un grupo de inversores que compró departamentos “en pozo” en el desarrollo Live! de la ciudad de Córdoba fue admitido como querellante en una causa contra funcionarios municipales que paralizaron la obra. “Compraron con un decreto de aprobación conforme a obra -dice Miguel Ortiz Pellegrini, abogado de los denunciantes- y el mismo que aprobó, luego dijo que la obra estaba fuera de norma”.
Los compradores son en su mayoría del interior y casi todos tenían proyectos personales en torno de esos departamentos ubicados a cuatro cuadras del Patio Olmos sobre bulevar San Juan. Hoy podrían llegar a sumar casi cien los querellantes, cuando se concrete otra presentación en los tribunales penales.
En los escritos que se presentan desde fines del año pasado, denuncian penalmente a funcionarios municipales por haber clausurado la obra por supuestas infracciones, contrariando disposiciones anteriores de la propia administración que avalaban dicho emprendimiento. Apuntan a tres funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Se trata del inspector Juan Tagle; el jefe del Departamento Arquitectura, Eduardo Armanino, y el director de Obras Privadas, Dante Buffa. El abogado dice que los mismos que aprobaron unos días antes, luego clausuraron la obra por otros motivos. Entre una decisión y otra se produjo el cambio de gestión al frente del Municipio con la salida de Giacomino y la llegada de Mestre.
El fiscal Marcelo Hidalgo admitió a los querellantes que denuncian la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La empresa Edilicia Suez tiene una causa penal abierta también por el mismo caso y señalan que hay motivos políticos en el medio. La constructora admitió que una parte del tanque del edificio supera la altura permitida, pero señala que nunca se le permitió avanzar en la adecuación como otros desarrollistas que incumplían normas de construcción.
Entre los argumentos de la denuncia se remarca el carácter supuestamente ilegal de la clausura y exhiben pruebas de daños patrimoniales a sus intereses. Ortiz Pellegrini dice que, para clausurar la obra, se debería haber revocado el decreto que aprobó la obra según los planos: “Todo lo que siguió se hizo sin anular el anterior acto administrativo”, sostuvo.
Fuente: Puntal 19.03.14
También solicitó al Banco Central que inmovilice sus cuentas e indague en las operaciones que se hayan hecho. Entre las sociedades examinadas figura Juanmar SA a nombre del secretario privado de Mestre, Juan Pablo Ostanelli y del viceintendente Marcelo Cossar.
“Es un procedimiento de rutina que se está haciendo además, con todos los mencionados en la carta que dejó el financista Suau”, dijo el fiscal. Agregó también que es un trámite que se hace siempre: “Cuando uno ve el nombre de una persona en datos que pueden ser indicios de delitos, revisa todo: las relaciones y las participaciones en distintas ocupaciones. Así se puede determinar si son maniobras ilícitas o son las actividades lícitas de cualquier ciudadano”.
El vice de la financiera CBI Cordubensis, Jorge Suau, apareció muerto en el interior de su camioneta cuando estalló el escándalo y en la carta que le envió al fiscal y a un camarista federal detalla varias operaciones que hacía la empresa. La que fue explicada con más detalle es la que desarrollaban supuestamente junto a la Municipalidad y a Siemens-Atos, que era la encargada de cobrar la recaudación del transporte de la capital.
“La monetización de cheques en negro supera los dos millones de pesos diarios, llegó a ser cercana a los 5 millones en la época red bus, estando comprometido en esto la Municipalidad de Córdoba, con las gestiones del anterior intendente Giacomino y el actual Mestre (...) esta operación supera los tres millones diarios y el señor Díaz Cardeilhac recibe una coima mensual de 400.000 pesos por no controlar la cuenta recaudatoria de la Municipalidad y Siemens Atos, este monto nos fue solicitado en su momento en forma personal a nosotros por un tal Juan Pablo Ostanelli y el nombrado Díaz Cardeilhac, el intermediario y negociador de Siemens es el señor Fernando Gaviglio”, relata textualmente el financista en la carta que desata la causa judicial.
La firma creada por los funcionarios se llama Juanmar SA y, según consta en el Boletín Oficial de la provincia, tiene por objeto “la producción, industrialización, fraccionamiento, envasado, compra, venta, importación, exportación y distribución de panes, galletas, galletitas, bizcochos, emparedados (...) y otros derivados de las harinas”. Los fines de la empresa son bastante ajenos a las actividades conocidas de Cossar y Ostanelli que son abogados y desde hace años desarrollan, fundamentalmente, funciones públicas.
La dirección de prensa de la Municipalidad hizo las veces de vocera de ambos girando al diario La Voz del Interior una serie de informes tributarios de Juanmar SA, en los que se señala que ya fue dada de baja y que nunca llegó a desarrollar actividades, que no registra impuestos activos y que no llegó a empadronarse (es decir, nunca tributó).
La otra persona nombrada por Suau en ese párrafo de la carta es Fernando Gaviglio que fue desplazado del cargo que ocupaba en Siemens un tiempo antes de que estallara el escándalo. Cabe recordar que el anterior intendente, el actual diputado nacional Daniel Giacomino también es investigado y una caja de seguridad a su nombre se encuentra bloqueada a la espera de que la Justicia avance.
Senestrari aguarda que en la ampliación de la declaración indagatoria de Eduardo Rodrigo, el socio de Suau, explique ésta y otras maniobras.
Polémica y denuncia por un edificio paralizado en Córdoba
Un grupo de inversores que compró departamentos “en pozo” en el desarrollo Live! de la ciudad de Córdoba fue admitido como querellante en una causa contra funcionarios municipales que paralizaron la obra. “Compraron con un decreto de aprobación conforme a obra -dice Miguel Ortiz Pellegrini, abogado de los denunciantes- y el mismo que aprobó, luego dijo que la obra estaba fuera de norma”.
Los compradores son en su mayoría del interior y casi todos tenían proyectos personales en torno de esos departamentos ubicados a cuatro cuadras del Patio Olmos sobre bulevar San Juan. Hoy podrían llegar a sumar casi cien los querellantes, cuando se concrete otra presentación en los tribunales penales.
En los escritos que se presentan desde fines del año pasado, denuncian penalmente a funcionarios municipales por haber clausurado la obra por supuestas infracciones, contrariando disposiciones anteriores de la propia administración que avalaban dicho emprendimiento. Apuntan a tres funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Se trata del inspector Juan Tagle; el jefe del Departamento Arquitectura, Eduardo Armanino, y el director de Obras Privadas, Dante Buffa. El abogado dice que los mismos que aprobaron unos días antes, luego clausuraron la obra por otros motivos. Entre una decisión y otra se produjo el cambio de gestión al frente del Municipio con la salida de Giacomino y la llegada de Mestre.
El fiscal Marcelo Hidalgo admitió a los querellantes que denuncian la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La empresa Edilicia Suez tiene una causa penal abierta también por el mismo caso y señalan que hay motivos políticos en el medio. La constructora admitió que una parte del tanque del edificio supera la altura permitida, pero señala que nunca se le permitió avanzar en la adecuación como otros desarrollistas que incumplían normas de construcción.
Entre los argumentos de la denuncia se remarca el carácter supuestamente ilegal de la clausura y exhiben pruebas de daños patrimoniales a sus intereses. Ortiz Pellegrini dice que, para clausurar la obra, se debería haber revocado el decreto que aprobó la obra según los planos: “Todo lo que siguió se hizo sin anular el anterior acto administrativo”, sostuvo.
Fuente: Puntal 19.03.14
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