La asamblea ciudadana de Malvinas responsabilizó a la
empresa por los incidentes de pasado jueves. Dirigentes radicales
avalaron las acciones del intendente de esa ciudad.
Por Lucía Guadagno
La
Asamblea Malvinas Lucha por la Vida reiteró ayer su pedido de consulta
popular en Malvinas Argentinas y respondió con duras críticas a Monsanto
y a los gobiernos provincial y municipal, pasados cuatro días de los
incidentes ocurridos frente al predio donde la multinacional construye
una planta acondicionadora de semillas.
Por su parte, dirigentes de la UCR defendieron el accionar del intendente de Malvinas, Daniel Arzani, y cuestionaron al gobernador José Manuel de la Sota y a la Justicia provincial por no prevenir enfrentamientos como el que se produjo el jueves, cuando un grupo de hombres y mujeres –que según asambleístas responden a la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) y a Monsanto– llegó al predio en colectivos para desalojar el bloqueo. El hecho desencadenó una batalla de palos y piedras, en la que intervino la Policía con balas de goma. El saldo fue decenas de heridos.
Ante ello, la empresa sostuvo que los incidentes fueron provocados por los “activistas violentos” que bloquean la planta, al tiempo que reivindicaron su derecho a construir ya que cuentan con la autorización del Gobierno y de la Justicia.
En respuesta, la asamblea comunicó ayer: “Hacemos responsable a Monsanto por lo ocurrido (...), este hecho organizado y planificado dejó al descubierto las acciones de la tercerización de la represión”.
Sobre la aprobación por parte del Gobierno y los fallos de la Justicia provincial que autorizan Monsanto a continuar la construcción, los asambleístas denunciaron complicidad entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Poder Ejecutivo. “El TSJ hace seis meses tiene paralizado un recurso extraordinario donde solicitamos acceder a la Corte Suprema de Justicia para que dirima la cuestión”, advirtieron. Lo que esperan que resuelva la Corte es la legalidad o no de la autorización para construir.
El Gobierno de Córdoba aplicó la ley provincial del ambiente N° 7.343, que permite comenzar la obra civil sin que esté completo el estudio de impacto ambiental, mientras la Ley General del Ambiente N° 25.675, que es nacional, sostiene que esa evaluación debe ser previa a la construcción. “Las UNC, UCC Y UNRC (Universidades Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, y Nacional de Río Cuarto) solicitaron que se cumpla con lo que establece la Ley General de Ambiente que tiene rango constitucional”, señaló la asamblea.
Asimismo, reiteraron el reclamo de una consulta popular en Malvinas, denunciaron “persecución y extorsión” por parte del intendente Arzani y afirmaron que cuentan con “estudios científicos que dan cuenta el riesgo para la salud y el ambiente que representaría la instalación de Monsanto”.
Posición de la UCR
Ante posturas tan contrarias de dos jefes comunales radicales, este diario consultó a cuatro de los dirigente más importantes de la UCR en Córdoba: Mario Negri, diputado nacional y presidente del bloque en esa Cámara; Ramón Mestre, intendente de la Capital; Alberto Giménez, presidente del partido en la provincia; y Eduardo Yuni, jefe de bloque en la Unicameral.
Mestre y Negri no respondieron. El intendente no dio motivos, mientras que uno de los voceros de Negri explicó que el diputado se encontraba de viaje.
Por su parte, Giménez recordó que los municipios tienen plena autonomía en Córdoba, al tiempo que consideró que el caso de Malvinas y de Río Cuarto son diferentes.
“El intendente Arzani siguió todos lo pasos legales, tiene las autorizaciones de la Provincia y el TSJ ya se ha expedido. Lo que corresponde es que la Justicia haga ejecutar las medidas que ha dispuesto”, sostuvo Giménez en diálogo con este diario.
Sobre la posición de Jure, opinó: “Es un buen argumento preservar la paz social. Pero se va a preservar si la Justicia actúa como corresponde. Si no, ¿para qué está el Estado?”. Y luego consideró que enfrentamientos como los del jueves pasado ocurren cuando el Estado se aleja.
En tanto, Yuni respondió: “Vinculado a Malvinas, me parece que se cumplimentaron todas las leyes provinciales, participó el Concejo Deliberante y se ha ido a la Justicia. En eso el radicalismo es respetuoso de todas las instituciones”.
Sobre la decisión de Jure, consideró: “Otra decisión tiene que ver con la autonomía municipal y la posibilidad democrática que da el radicalismo a cada intendente de ser independiente en las evaluaciones políticas”.
En cuanto al rol de la Legislatura sostuvo: “Lo que hay que discutir en la Unicameral es el desarrollo económico junto con la cuestión de la salud y el medio ambiente. Sino cambiamos los procedimientos de hoy, vamos a tener más problemas en el futuro”. Y agregó: “Creemos que estas cuestiones deberían estar en la agenda de diálogo político. Se los venimos reclamando a De la Sota”.
El conflicto
Reclamo. La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida reclama desde el año pasado que se haga una consulta popular y que se aplique la legislación nacional, que obliga a presentar el estudio ambiental previo a construir.
Bloqueo. Desde el 18 de septiembre último, la asamblea bloquea la planta.
Puntos de vista.
Alberto Giménez (Presidente del comité provincia de la UCR). “La Justicia debe ejecutar las medidas que dispuso (...). El enfrentamiento entre personas ocurre cuando el Estado se aleja”.
Fuente: La Voz 1º.12..13
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