Pasa en Córdoba : la Provincia inauguró dos veces un servicio de gas que no llega a nadie.

Por Sergio Carreras

La placa de granito dice en letras claras: “Inauguración del gasoducto Traslasierra. Primera etapa que beneficia a las localidades de Villa de las Rosas, Los Hornillos, Las Rabonas, Nono, Arroyo de los Patos, Mina Clavero y Villa Cura Brochero”.
El monolito quedó listo el 11 de junio del año pasado, cuando el gobernador José Manuel de la Sota, en compañía del entonces jefe de gabinete Oscar González y de quien era ministro de Agua y Energía, Manuel Calvo, además de los intendentes de todas las localidades, anunció que unos 60 mil habitantes del valle podrían pronto encender “sus cocinas, sus calefones y calefactores” igual que él encendía en ese momento, entre aplausos, la llama del mechero inaugural.
Hoy, ese monolito, levantado cerca del anfiteatro de Mina Clavero, es un pedazo de cemento olvidado junto a la nada: un pequeño baldío rodeado de un alambrado incompleto, donde ya debería estar construida la planta de gas encargada de llevar el combustible a cada familia de la ciudad de Mina 
Clavero.
Aunque el Gobierno provincial anunció que el gas comenzaría a llegar a los domicilios en el segundo semestre del año pasado, no hay una sola familia de las ocho localidades transerranas (a las siete anteriores, se agregó luego Las Calles) que tenga gas domiciliario.
De esta manera, Traslasierra se sumó al valle de las Sierras Chicas y a las localidades cordobesas de la ruta 8 y de la ruta 7 (en el sur provincial): todos escenarios de tendidos de gasoductos sin terminar, con sus obras de superficie a medio hacer y con sus habitantes sumando años de larga espera por el servicio.
En el caso de Traslasierra, la ausencia de gas natural en su zona de mayor atractivo geográfico (el trayecto que va de Villa de las Rosas a Cura Brochero) es un severo límite para su desarrollo turístico e industrial.
Cada invierno, el valle compite en desventaja frente a las otras regiones turísticas de Córdoba y del país que sí pueden ofrecer ambientes calefaccionados a sus visitantes.

Millones perdidos

El caño troncal del gasoducto de Traslasierra ya fue enterrado por la Provincia junto a la única ruta pavimentada que atraviesa el valle, e inaugurado por el gobernador Juan Schiaretti en julio de 2011. Sólo esa etapa insumió 44 millones de pesos.
La segunda etapa de obra consiste en la construcción de las plantas reductoras de presión (PRP) que debe levantar cada municipio.
Las PRP permiten bajar la presión del gas para que, en una tercera etapa de la obra, se construya el tendido domiciliario que lleve el gas a cada casa con la presión adecuada.
Todos los municipios, según los convenios que firmaron con la Provincia el 15 de julio de 2010, se obligaron a construir sus PRP.
El dinero para este fin, por un total de unos cinco millones de pesos, lo aportó la Provincia. Los municipios debían llamar a concurso para que las empresas privadas compitieran por construir la obra.
La totalidad de los concursos y licitaciones que hicieron los siete pueblos fueron ganados por la empresa Guba SA, que en ese tiempo estaba dirigida por Horacio Busso, familiar del legislador provincial delasotista Sergio Busso y actual gerente de la firma Cotreco, que presta el servicio de recolección de basura en la capital provincial.
También en todos los casos en que compitió, Guba superó a las mismas empresas, Concor SA y Disecon SRL, que siempre presentaron presupuestos más onerosos. Y luego, siguiendo con las coincidencias, Guba terminó cediendo su lugar también en todos los casos a la empresa mendocina Construcciones Alcón.
En los hechos, la firma de Mendoza, que dirige el ingeniero Juan Carlos Lovaglio, era la que se hacía cargo tanto de proveer el material como de construir la obra civil de las PRP.
En este momento, los intendentes y jefes comunales, según contaron a este diario los mandatarios y funcionarios de seis localidades (Cura Brochero, Mina Clavero, Nono, Las Calles, Villa de las Rosas y Los Hornillos) envían cartas documento e intiman a la firma Guba.
Al día de hoy, ni uno solo de los pueblos cuenta con su planta reductora de presión. Más grave aun, todos los municipios ya pagaron por adelantado a Guba por obras que jamás se iniciaron.
En todos los casos, los pagos se hicieron en concepto de adelanto de fondos para comprar materiales.
Según pudo relevar este diario en Traslasierra, entre todos los municipios ya cancelaron cerca de cuatro millones de pesos, del total de cinco millones previsto para construir 
las PRP.
El intendente de Mina Clavero, Julio Bañuelos, estimó que su municipio (que también recibe los fondos que le corresponden a la obra para Cura Brochero), ya adelantó a Guba cerca de 1.100.000 pesos.
El resto de las localidades pagó un promedio cercano al medio millón de pesos.
Ninguno de los intendentes puede responder hoy qué pasará ahora con ese dinero adelantado, si se perdió ni quién se encargará ahora de hacer las obras.

Incertidumbre

La responsabilidad por el gasoducto recae en el área de Agua y Energía, donde en diciembre asumió el ministro Fabián López, en reemplazo del actual ministro de Gestión Pública Manuel Calvo.
Desde esa cartera, el director de Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento de Obras, Bartolomé Heredia, dijo que si bien todavía no se sabe cómo se resolverá el problema del retiro de la empresa Guba, estimó que en poco tiempo, los habitantes del valle comenzarán a tener gas (ver aparte).
El representante de Guba que firmó los contratos con los municipios fue Gonzalo Perotti y, en algunos casos, Oscar Nóbile. En la actualidad, Perotti es encargado de la sección Compras en Cotreco y no respondió los llamados de este diario.
Un exabogado de Guba –que pidió reserva de su nombre– confirmó que la empresa cobró todos los adelantos de obra y afirmó que las PRP nunca se hicieron por problemas de los mismos municipios, ya que algunos se demoraron en conseguir los terrenos aptos para erigir esas plantas.
“No es que Guba se quedó irregularmente con esa plata. Guba subcontrató a Alcón, le pagó unos dos millones de pesos. Los materiales se compraron y están disponibles”.
El abogado también dijo que Guba se desplomó luego de que, en mayo de 2012, Busso y su esposa, que eran socios mayoritarios, vendieron sus partes a Rubén Alabi, quien es miembro de la Cámara de Prestadores de Servicios de Limpieza.
A fines de 2012, la empresa entró en cesación de pagos y hoy no registra actividad alguna.
Desde la empresa mendocina Alcón, adonde fue a parar el dinero de los municipios de Traslasierra, no respondieron la requisitoria periodística.
La firma también está contratada en las obras de otros tres gasoductos cordobeses, igualmente demorados, y pertenece a Juan Carlos Lovaglio, un exsocio comercial de Roberto Martín, quien al momento de firmarse los convenios por el gasoducto de Traslasierra era el secretario de Planeamiento y Desarrollo Energético del entonces gobernador Juan Schiaretti.
 
Fuente: La Voz 27.04.14