La investigación había sido iniciada en 2007 y fue por ello que Ochoa dio por cerrada esta instancia y evitó así que prescribiera. Asimismo, se estableció que los procesados no van a ser privados de la libertad durante el compromiso judicial por considerar que no existe riesgo de fuga.
A principios de abril, el fiscal federal de Río Cuarto, Guillermo Lega, había solicitado la elevación a juicio de la causa que tiene a 19 personas procesadas por una megaevasión impositiva que incluía la utilización de personas indigentes que eran inscriptas en la Afip como productores rurales.
Entre los implicados está la abogada María Pía Cardoso, que fue funcionaria municipal hasta 2007 y que en algún momento fue considerada la cabecilla de la organización ilícita que se había montado para evadir y que tenía ramificaciones hasta en el norte del país.
Ahora, el pedido de Lega contempla la misma figura penal para los 19 acusados: asociación ilícita fiscal, que contempla penas de 3 a 8 años y que, por lo tanto, puede terminar con condenas de prisión efectiva.
Fuente: Puntal 15.09.14
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