La presentación se enmarcó en el 149 período de sesiones de la Comisión que promueve la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ruiz Guiñazú denunció que "hace tres años" fue "sometida a un juicio llamado ético y popular que se desarrolló frente a la Casa de Gobierno a plena luz del día" en el que fue "acusada falsamente de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía de la dictadura". En su testimonio, la periodista no sólo rechazó la acusación sino que además calificó el acto como "una parodia".
Por su parte, Joaquín Morales Solá advirtió que "la libertad de expresión en la Argentina está siendo cercenada", al tiempo que destacó "represalias que se dan a través de la demonización del periodismo independiente" que, dijo, "ha perdido la tranquilidad" para su profesión. El comunicador se refirió a la "censura indirecta" a través del Estado, que "ha usado diversos métodos" como "la difamación de periodistas que tenemos una visión crítica del Gobierno". "Están buscando la autocensura", afirmó.
Ruiz Guiñazú y Morales Solá representaron también a Nelson Castro, José Eliaschev, Alfredo Leuco, Luis Majul y Mariano Obarrio, quienes denunciaron la existencia de "distintas acciones adoptadas por el Estado argentino que implican serios retrocesos en la vigencia del derecho de libertad de expresión".
Respuesta diplomática. La embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Nilda Garré acusó hoy a los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Sola de haber viajado a Washington para "victimizarse" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la entidad continental (CIDH).
La diplomática señaló en su página de Facebook que ambos periodistas son "voceros de grupos monopólicos que resisten los avances democráticos" y agregó que "vinieron a formular la denuncia inverosímil de que en la Argentina son presionados, amenazados y objeto de persecuciones".
Aunque la presentación había sido gestionada con anterioridad, la ex ministra de Defensa y de Seguridad enmarcó la visita "a tres días del fallo de la Corte Suprema de Justicia" y dijo que "la propaganda opositora vuelve a la carga para tratar de imponer de facto lecturas inconcebibles". Para Garré, la finalidad de la presencia de los periodistas "es martillar sobre alguna opinión pública internacional predispuesta a interpretaciones negativas en torno a las políticas nacional-populares en América latina".
No fueron los únicos. Argentina no fue el único país que denunció conflictos con el ejercicio de la libertad de expresión. A su turno, organismos de Venezuela y Ecuador llevaron a la CIDH reclamos similares.
Tan sólo en 2013, Venezuela sufrió 71 casos de censura, así como de periodistas que son insultados públicamente por altos funcionarios públicos, la destrucción de material informativo o el cierre de programas radiales o televisivos críticos al gobierno, dijo la investigadora de la asociación Espacio Público, Gloria Salazar.
"Cada cuatro días hay un caso de censura en Venezuela, un aumento de 87% respecto a 2012", dijo Salazar, acompañada de representantes de otras organizaciones.
En Venezuela, los periodistas enfrentan restricciones para acceder a la información oficial o son agredidos en sus labores, mientras que los periódicos tienen dificultades para obtener divisas del Estado para importar papel, denunciaron los ponentes.
Los casos se intensificaron durante los días previos y posteriores a las elecciones del 14 de abril, en las que resultó electo el presidente Nicolás Maduro, tras la muerte en marzo del mandatario Hugo Chávez.
"Persiste el desproporcionado uso del poder del Estado para criminalizar a periodistas", así como defensores de derechos humanos y reporteros ciudadanos, señaló Marianella Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad.
A su vez, entidades de la sociedad civil ecuatoriana reclamaron el lunes en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción en Ecuador de leyes y decretos que limitan la libertad de prensa y de asociación.
En especial, los representantes de diversas entidades criticaron la aplicación de la ley de comunicación y el alcance del polémico Decreto Ejecutivo 16, que regula el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.
"La ley orgánica de comunicación, el Decreto 16 y el reglamento para el sistema unificado de información contienen graves violaciones a los derechos ciudadanos previstos en la Constitución de Ecuador", dijo Carlos Castellanos, presidente de la federación de comerciantes minoristas.
De acuerdo con Castellanos, el alcance del Decreto 16 hace que organizaciones que no tengan sus reglamentos internos y estructura debidamente registrados "pasan a actuar fuera de la ley".
Por su parte, los periodistas Miguel Rivadeneira y Jean Cano afirmaron ante la CIDH que la nueva ley de comunicación contempla la colocación de un funcionario oficial en cada órgano de prensa. Ese funcionario tiene facultad "para verificar los contenidos", de acuerdo a Cano.
Por ello, las entidades sociales pidieron a la CIDH que realice una visita a Ecuador y que "elabore un informe especial sobre la situación de los derechos humanos y la democracia" en ese país.
Fuente:Perfil
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