Almeida — doctora en matemáticas que ingresó al INDEC en julio de 2003 — se presentó ayer en la sede central del organismo para hacer efectivo un fallo de la Justicia del Trabajo, ratificado por la Cámara Nacional, que ordenó que el Instituto de Estadísticas reincorporara a Almeida “en la misma función que desempeñaba con anterioridad a febrero de 2007 ”por haber sido injustamente despedida. En enero de 2007, el Area de Precios del INDEC fue intervenida.
Almeida -como otros técnicos y funcionarios del INDEC- fue hostigada durante meses con acciones persecutorias e intimidatorias por oponerse a la manipulación del Indice de Precios, llegando incluso a no abonarle los sueldos.
Como señala el Juez de la Cámara, Alvaro Balestrini, de acuerdo a las pruebas presentadas “ no puedo sino concluir que la actora fue victima de un trato persecutorio y/o discriminatorio como consecuencia de los reclamos que efectuaran los trabajadores del INDEC, por su participación en los conflictos colectivos que allí se plantearon y su postulación para un cargo de representación sindical y la elección como representante de sus compañeros de trabajo por ATE”.
Ante la imposibilidad de ingresar al edificio del INDEC en Diagonal Sur y Perú, Almeida dejó constancia del incumplimiento del fallo por medio de un acta que libraron dos escribanos. Luego, en protesta, trabajadores del INDEC y de ATE realizaron un corte en Diagonal Sur.
“Mañana (por hoy) vamos a denunciar esta situación ante la Cámara del Trabajo porque además de mi reincorporación, el fallo dice que si el INDEC no cumple debe pagar multas y $ 40.000 por daño moral”, le dijo Almeida a Clarín. Además, “voy a concurrir también al edificio del INDEC por lo que l a Junta Interna de ATE ha llamado a legisladores, dirigentes políticos, sindicalistas, delegados y a los trabajadores a que concurran a las 13 horas para apoyar mi reinstalación”.
En su descargo, y también para incumplir con el fallo judicial, el INDEC sostiene que Almeida estuvo contratada “mediante la figura de locación de servicios” a través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que por eso no correspondería su reinstalación. Sin embargo, esto en lugar de atenuar la responsabilidad, la agrava porque se trata de un evidente fraude laboral que el propio fallo desestima.
Así las cosas, además de haber implementado una contratación que viola la ley de contrato de trabajo (“contrato fraudulento”), el INDEC, que depende del Ministerio de Economía, se niega ahora a cumplir con los fallos judiciales adversos.
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