Alejo Paredes- José M. de la Sota |
En cuestión de meses, está vecina que ocupa junto a sus tres hijos una de las 94 viviendas del barrio Padre Mugica donde se relocalizó a quienes vivían en la costa del río quedó en el ojo de la tormenta y “por duplicado”.
Así sucedió porque en medio de las razias a los cabarés que se montaron en el fragor de la promocionada ley de Trata, Pedraza debió abandonar la whiskería riocuartense donde se ganaba la vida. Pero los nuevos vientos legales no soplaron a su favor porque la necesidad de parar la olla en su casa la expulsó otra vez hacia la noche y como las puertas del cabaré ahora estaban cerradas para ella, continuó prostituyéndose pero en la calle.
Ayer, esta mujer bajita y algo regordeta, de trenza oscura y larguísima, le confió al juez Oscar Testa que lo que gana con su actividad nocturna, sumado a la asignación universal y unos pesos más que junta vendiendo ropas y cosméticos, no le alcanza para vivir.
En ese apremiante marco socioeconómico, Alejandra de las Mercedes Pedraza tiene el dudoso honor de ser la primera riocuartense juzgada por los tribunales provinciales por narcomenudeo, luego de que la división de Drogas Peligrosas la sorprendiera en la puerta de su casa mientras hacía un “pasamanos” con un chico de 18 años, al que aparentemente le entregaba dos cigarrillos de marihuana.
A los pocos minutos, le allanaban su casa y en el interior de una canasta que estaba sobre el televisor le encontraron otros dos porros.
Para la nueva ley que habilita a los tribunales provinciales a perseguir el eslabón más pequeño de la venta de drogas, conocido como narcomenudeo, la evidencia en su contra es suficiente para que se la juzgue por los delitos de venta de estupefacientes y tenencia de drogas para comerciar.
Pese a que la cantidad de marihuana que se le secuestró es prácticamente insignificante y aunque no se encontraron en su casa elementos que lleven a pensar en un centro de fraccionamiento y distribución de sustancias prohibidas, Pedraza quedó al borde de recibir una condena de 4 años de cárcel, pues ése y no otro es el mínimo que prevé la ley.
Así, la misma provincia que a regañadientes debió descabezar a su policía por sus vínculos con el narcotráfico, se prepara para caerle con todo su rigor a una ex alternadora expulsada de una whiskería.
Fuente:Puntal-Alejandro Fara
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