El poder judicial de Córdoba y sus salarios

Fragmento de un artículo de Adrián Simioni
La Voz 10 de octubre de 2013 

El salario medio bruto ponderado de la totalidad de miembros del Poder Judicial fue de 17.559 entre enero y agosto de este año, mientras el salario bruto promedio en blanco que se pagó en el sector privado en Córdoba entre enero y junio fue de 7.293 pesos.

Los judiciales en su conjunto no cobraron una vez más (o sea el doble, como se había dicho) que el resto de los hijos de vecinos: cobraron casi una vez y media más (140,1 por ciento más).

Los 5.050 empleados no jerárquicos de la Justicia cobraron 13.031 pesos, 78,7 por ciento más que el promedio de los asalariados privados.

Y los 1.902 magistrados cobraron en promedio 29.582 pesos, tres veces más que los hijos de vecinos y 1,3 vez más que sus subordinados.

Veamos el artículo completo:

Fe de erratas

Hace dos semanas, esta columna planteó que, en torno al conflicto gremial judicial cordobés, en el que los empleados exigen un fuerte incremento de beneficios, era necesario considerar que, de por sí, ese sector –que contribuye a prestar un servicio muy importante como el de justicia– cobraba salarios muy superiores a los del resto de los asalariados en blanco de la economía provincial. Economía que es, en definitiva, la que debe ser capaz de sustentar el pago de esos sueldos.

Se aclaraba que los números eran sólo aproximados porque no se contaba con datos precisos. Y se concluía que los salarios brutos del Poder Judicial en su conjunto duplicaban, más o menos, el salario bruto promedio del sector privado en Córdoba.
Impresionó la ola de indignación que el planteo generó entre los afiliados al sindicato de los judiciales.
Las redes sociales se taparon con copias de recibos de sueldos por valores netos pagados que eran, efectivamente, muy inferiores a los promedios estimados (algunos por unos 6.000 pesos de bolsillo, por ejemplo).
Pero, como se sabe, un caso particular no refuta un promedio. Los promedios son muy injustos, porque no distinguen a quien gana un décimo y a quien gana 10 veces más.
Sin embargo, sirven para sopesar, sin excluir otros elementos, la razonabilidad de un reclamo. Ahora hay datos más precisos obtenidos a partir de los aportes y contribuciones que se hacen cada mes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba (ver infográfico en 10A ).
Y resulta ser verdad lo que decían los críticos y lo que advertía la columna: las estimaciones no eran exactas. Pero los números más precisos son “peores” que los anteriores, como en el cuento del “hombre nuevo” del “Negro” Álvarez:
El salario medio bruto ponderado de la totalidad de miembros del Poder Judicial fue de 17.559 entre enero y agosto de este año, mientras el salario bruto promedio en blanco que se pagó en el sector privado en Córdoba entre enero y junio fue de 7.293 pesos.
Los judiciales en su conjunto no cobraron una vez más (o sea el doble, como se había dicho) que el resto de los hijos de vecinos: cobraron casi una vez y media más (140,1 por ciento más).
Los 5.050 empleados no jerárquicos de la Justicia cobraron 13.031 pesos, 78,7 por ciento más que el promedio de los asalariados privados.
Y los 1.902 magistrados cobraron en promedio 29.582 pesos, tres veces más que los hijos de vecinos y 1,3 vez más que sus subordinados.
Abogados enojados
También se enojaron mucho algunos (sólo algunos) abogados, desesperados porque los paros judiciales afectan su actividad.
Algunos parecían dar por sentado que el conjunto de la sociedad debería pagar sin chistar, sea lo que sea que exijan los judiciales, con tal de que el conflicto se supere. Se entiende: el Poder Judicial es la infraestructura básica dentro de la cual la actividad de los estudios jurídicos es posible.
Pero entonces no sería descabellado pensar que esos abogados –si están convencidos de que lo que se reclama es completamente justo– paguen un poco más de impuestos que el resto de los mortales para dotar de más recursos a la Justicia. Una sobretasa de Ingresos Brutos para servicios jurídicos que vaya a un fondo específico de salarios judiciales, por ejemplo. Se podría completar con un aumento de la tasa de justicia que pagan quienes deben acudir a la Justicia para resolver un problema.
Son ideas absurdas, por supuesto. Pero más absurdo es que a este tema sólo lo discutan los que cobran y quienes se ganan la vida trabajando con un poder del Estado, dejando afuera de la discusión a cientos de miles de personas que pagan impuestos para sostener a ese Poder y cuyos ingresos son muy inferiores a los de ellos.
Siempre hablando en promedios, por supuesto.