Un largo litigio por el monto de las viviendas impidió que la mayoría de los vecinos puedan escriturar. Ahora, la Justicia desbarató el intento de la constructora de dilatar por más tiempo una solución.
El pedregoso camino de los vecinos de Gualcamayo para cancelar el costo de sus casas y así poder escriturarlas parece no tener fin.
Llevan más de una década peregrinando de juzgado en juzgado sin que aparezca la solución que destrabe el eterno conflicto que mantienen los vecinos con la empresa sanjuanina que levantó las viviendas hace veinte años en la entrada a barrio Bimaco, entre calles Dinkeldein y Martín Quenón.
Sin embargo, en las últimas semanas la Justicia emitió algunas señales que permiten a los adherentes avizorar el panorama con algo más de optimismo porque la Cámara Federal de Mendoza desbarató el intento de la empresa sanjuanina Admicor S.A. de recusar al juez que había exigido el cumplimiento de un acuerdo para una quita en el monto de las viviendas y para que se proceda a escriturar en favor de la Cooperativa Gualcamayo.
La medida deja en pie el convenio que el 26 de abril de 2012 habían firmado el interventor de la cooperativa, Héctor Márquez y las empresas Suma Construcciones SRL, Kuantika S.A. y Admicor S.A. para que se haga un registro con los adherentes que acepten un plan de pagos con importantes quitas en el monto global de las viviendas.
Como estas empresas entraron en conflicto con vecinos de Río Cuarto, pero también de las provincias de San Juan y Mendoza, el convenio abarcaba los tres planes. En esta ciudad, eran 33 las familias que podían acogerse al convenio con descuentos, pero por desconfianza o por imposibilidad de afrontar el pago de las cuotas, sólo cuatro fueron las que rubricaron el convenio.
“Si el Juzgado de Mendoza revocaba al juez que avaló el acuerdo y el traspaso de los títulos de propiedad, la escrituración de barrio Gualcamayo se frenaba definitivamente”, opinó José Luis Salazar, vecino del sector, y nexo entre la intervención de la cooperativa y los adherentes de Río Cuarto.
Además de la reliquidación de las deudas, el convenio también establece que las empresas escrituren las propiedades de manera gratuita en favor de la Cooperativa Gualcamayo para que ésta a su vez efectúe la escritura traslativa de dominio en favor de los adjudicatarios.
Salazar aseguró que si se logra destrabar las escrituras, eso no sólo favorecerá a los vecinos que estuvieron de acuerdo con las quitas y mostraron vocación de pago, sino también al resto “aunque en el caso de ellos, tendrán que pagar la totalidad de la deuda, sin la quita que se logró en su momento”, sostuvo.
Laura Sagardoy, una de las adjudicatarias más activas, no se mostró tan confiada en una pronta solución. “El problema acá es muy sencillo y tiene un nombre. Es el señor Suárez, el dueño de las empresas constructoras que se encuentra inhibido por la Afip en todo el país. Ya en octubre del año pasado nos dijeron que se iba a lograr la escrituración pero nunca se celebró por los problemas que Suárez tiene con la Afip y además porque esa persona no tiene ningún interés en que esto se resuelva”.
Sagardoy se preguntó qué escribano va a avalar la escrituración de un barrio con una persona que no tiene Cuit, como sucede con el dueño de la constructora.
“La única solución que yo veo, y que me parece muy difícil de lograr, es que el juez de San Juan (Miguel Ángel Gálvez) tenga el coraje suficiente para encarar una escrituración sin la participación de Suárez”, agregó la adherente, una de las cuatro titulares que firmó el convenio en la ciudad.
VIDEO: Intento de desalojo - 27 de mayo de 2011
Fuente:Puntal
Llevan más de una década peregrinando de juzgado en juzgado sin que aparezca la solución que destrabe el eterno conflicto que mantienen los vecinos con la empresa sanjuanina que levantó las viviendas hace veinte años en la entrada a barrio Bimaco, entre calles Dinkeldein y Martín Quenón.
Sin embargo, en las últimas semanas la Justicia emitió algunas señales que permiten a los adherentes avizorar el panorama con algo más de optimismo porque la Cámara Federal de Mendoza desbarató el intento de la empresa sanjuanina Admicor S.A. de recusar al juez que había exigido el cumplimiento de un acuerdo para una quita en el monto de las viviendas y para que se proceda a escriturar en favor de la Cooperativa Gualcamayo.
La medida deja en pie el convenio que el 26 de abril de 2012 habían firmado el interventor de la cooperativa, Héctor Márquez y las empresas Suma Construcciones SRL, Kuantika S.A. y Admicor S.A. para que se haga un registro con los adherentes que acepten un plan de pagos con importantes quitas en el monto global de las viviendas.
Como estas empresas entraron en conflicto con vecinos de Río Cuarto, pero también de las provincias de San Juan y Mendoza, el convenio abarcaba los tres planes. En esta ciudad, eran 33 las familias que podían acogerse al convenio con descuentos, pero por desconfianza o por imposibilidad de afrontar el pago de las cuotas, sólo cuatro fueron las que rubricaron el convenio.
“Si el Juzgado de Mendoza revocaba al juez que avaló el acuerdo y el traspaso de los títulos de propiedad, la escrituración de barrio Gualcamayo se frenaba definitivamente”, opinó José Luis Salazar, vecino del sector, y nexo entre la intervención de la cooperativa y los adherentes de Río Cuarto.
Además de la reliquidación de las deudas, el convenio también establece que las empresas escrituren las propiedades de manera gratuita en favor de la Cooperativa Gualcamayo para que ésta a su vez efectúe la escritura traslativa de dominio en favor de los adjudicatarios.
Salazar aseguró que si se logra destrabar las escrituras, eso no sólo favorecerá a los vecinos que estuvieron de acuerdo con las quitas y mostraron vocación de pago, sino también al resto “aunque en el caso de ellos, tendrán que pagar la totalidad de la deuda, sin la quita que se logró en su momento”, sostuvo.
Laura Sagardoy, una de las adjudicatarias más activas, no se mostró tan confiada en una pronta solución. “El problema acá es muy sencillo y tiene un nombre. Es el señor Suárez, el dueño de las empresas constructoras que se encuentra inhibido por la Afip en todo el país. Ya en octubre del año pasado nos dijeron que se iba a lograr la escrituración pero nunca se celebró por los problemas que Suárez tiene con la Afip y además porque esa persona no tiene ningún interés en que esto se resuelva”.
Sagardoy se preguntó qué escribano va a avalar la escrituración de un barrio con una persona que no tiene Cuit, como sucede con el dueño de la constructora.
“La única solución que yo veo, y que me parece muy difícil de lograr, es que el juez de San Juan (Miguel Ángel Gálvez) tenga el coraje suficiente para encarar una escrituración sin la participación de Suárez”, agregó la adherente, una de las cuatro titulares que firmó el convenio en la ciudad.
VIDEO: Intento de desalojo - 27 de mayo de 2011
Fuente:Puntal
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de responsabilidad exclusiva de quien los envíe. No siempre refleja nuestra opinión.