La
testigo Marta Suárez, hermana de Osvaldo y Silvia, secuestrados en enero de
1976, reveló cómo su familia fue obligada a “entregar su patrimonio”, a través
de un falso poder notarial con la firma de su hermana desaparecida.
Por
Alexis Oliva
(El Argentino, edición Córdoba)
(El Argentino, edición Córdoba)
Por
teleconferencia desde la embajada argentina en Berna, Suiza, declaró ayer Marta
Herminia Suárez en el proceso por los crímenes de lesa humanidad cometidos en
Córdoba. Su testimonio se centró en las desapariciones de sus hermanos Silvia y
Osvaldo y su cuñada Dina Silvia Ferrari, producidas antes del golpe del 24 de
marzo de 1976, que se atribuyen al Comando Libertadores de América –versión
cordobesa de la banda ultraderechista Triple A- y forman parte de la causa
“Vergez”.
La
testigo relató cómo Osvaldo y su esposa fueron secuestrados de su departamento
en barrio Alberdi junto con Humberto Anone y Manuel Enrique Cohn, el 8 de enero
de 1976. Al enterarse, su otra hermana Silvia y su esposo Miguel Martínez
intentaron salir de Córdoba, pero ella fue secuestrada en plena tarde en la
céntrica esquina de Chacabuco y Junín (hoy Illia).
Ni Marta
ni sus familiares tuvieron noticia del destino de los secuestrados, hasta que
ella misma estuvo recluida tres días en el centro clandestino de detención de
la ESMA, en Buenos Aires. Allí le preguntó a su torturador si sabía algo sobre
sus hermanos secuestrados. El represor salió, “le preguntó a alguien” y al
volver “con voz de pésame” le dijo: “Tengo que darte una mala noticia. Tus
hermanos están muertos”.
El saqueo
“certificado”
Al
recuperar su libertad, se exilió primero en Brasil y luego en Suiza, donde aún
reside. Allí se enteró que sus familiares eran acosados por los represores
“para quedarse con toda la fortuna” que había acumulado su padre, un reconocido
odontólogo por entonces ya fallecido. “Mi familia había quedado muy
desprotegida y no había logrado ningún resultado en la búsqueda de mis
hermanos. Las personas que se comunicaban les exigían tres millones de dólares,
lo que estimaban correspondía a la herencia de mis dos hermanos desaparecidos.
Parece que sabían que estaban muertos”, razonó la testigo.
Ante la
extorsión, la madre de Marta intentó vender su parte del patrimonio familiar.
“En esa venta aparecen dos personajes, un vecino, Héctor Martín Sueldo y su amigo
Fernando Perdomo”, quienes “intervienen muy activamente y consiguen el
comprador: un abogado Félix Gigena”, narró Suárez. Pero el acoso no terminó
ahí.
“Estaban
sometidos a una situación imposible, porque no podían seguir vendiendo
-continuó la testigo-. Ahí Sueldo, con un comportamiento ambivalente, por un
lado conteniendo y por otro ejerciendo mucha presión sobre mi madre, le dice:
‘Esta gente es muy peligrosa. Es el Comando Libertadores de América’”.
Finalmente,
a través de “un escribano conocido de Sueldo”, falsificaron un poder en el que
su hermana desaparecida le cedía a su hermano menor sus propiedades para
poderlas enajenar. “Con ese documento, luego amenazaron a mi hermano, y tuvo
que ir cediendo el resto de las casas, que hoy están ocupadas por parientes de
estas personas”, concluyó Suárez. Luego de que la testigo ofreciera copia de
ese poder notarial, el fiscal Facundo Trotta pidió al Tribunal que se ponga al
tanto a la Fiscalía de Instrucción para que se investigue lo denunciado por la
testigo.
La
abogada Lilan Luque, quien representa a la familia Suárez, explicó a El
Argentino que para perpetrar este despojo se contó con la complicidad de “un
escribano público, cuyos datos quedaron asentados en el acta de la audiencia,
que labró un documento, donde mintiendo dijo que Silvia Graciela Suárez
comparecía ante él siendo soltera, lo que tampoco era cierto, para darle un
poder a su hermano menor que estaba siendo objeto de la extorsión”.
Además,
Luque consideró: “Los represores se autoproclamaban y lo siguen haciendo como
defensores de la moral occidental y cristiana, por lo tanto los hechos como las
apropiaciones de bienes, los robos, las extorsiones y las violaciones no entran
en ese marco. Estos casos demuestran tal cual lo que fueron: ningún tipo de
cruzados, sino… eso”.
Nuevos
testigos
El
abogado querellante Miguel Ceballos -con el apoyo de la fiscalía- solicitó que
se cite a declarar como testigos en el expediente por la masacre de la familia
Pujadas -acumulado en la megacausa La Perla- a Mario Ignacio López y Teresita
Molina, quienes fueron entrevistados por la periodista Betina Marengo para un
artículo publicado en el diario La Mañana de Córdoba.
Se trata
del bombero que bajó a un pozo donde fueron arrojadas las víctimas, cerca de la
ruta 5 hacia Alta Gracia, y advirtió que “alguien respiraba”, y la enfermera
que atendió en el Hospital de Urgencias a la sobreviviente Mirta Bustos, esposa
de José María Pujadas (hijo). El pedido fue aceptado por el Tribunal Oral
Federal Nº 1.
Fuente: El Argentino 3 de octubre del 2013
Fuente: El Argentino 3 de octubre del 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios publicados son de responsabilidad exclusiva de quien los envíe. No siempre refleja nuestra opinión.