En su alegato, la abogada riocuartense Adriana Gentile solicitó la misma pena para José Tófalo y Ernesto Barreiro. Además, requirió 25 años para Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Orestes Padován y Carlos Villanueva y 15 años para Ezequiel Acosta, José Herrera y Miguel Lemoine.
En una entrevista a Página 12, Pepi Dillon recordó el momento en que pudo cantar en La Perla y también su visita a Río de los Sauces, la localidad donde secuestraron a su mamá.
“Cantar en el Conti no fue muy fácil para Pepi. Pero mucho más difícil fue en 2010, cuando cantó en La Perla, el ex campo de concentración donde desaparecieron sus padres”, señala el matutino en la entrevista publicada el pasado 2 de octubre.
Periodista: ¿Cómo hiciste?
Pepi: –Entré desde la música. Yo creo que la música me salvó la vida. Cuando encontré cómo poner la alegría y cómo poner el drama ahí en el escenario, se descomprimió un montón mi vida personal. Más que nada, en el canto, el instrumento es la voz y la voz sos vos, es uno el instrumento.
Intentaste hacer una película con la historia de tus viejos.
–Estudié cine. Y quise hacer mi tesis contando la historia de mis viejos. Demasiado, la podría haber hecho con otro tema. Era muy duro. Además, en un pueblo de sierra.
¿Qué tiene de particular un pueblo de sierra?
–Por ejemplo, una tarde estábamos tomando un helado con una cámara y se acercó una chica que tendría 18, para ella era toda historia antigua, nos preguntó qué hacíamos, le contamos que filmar la historia de una pareja que había vivido ahí y nos dijo: “Ah, ¿los farmacéuticos?”. Mis viejos se habían puesto una botica. Y se ve que es una historia que todavía late en el pueblo. Después, en muchas entrevistas me querían decir quién los había buchoneado. Algo a lo que yo no apuntaba, estaba muy lejos de buscar el culpable inmediato. Todo el mundo necesitó decirme su versión. Se empezaron a dar cosas que a mí me dejaron claro que había líos entre vecinos. De hecho, nunca coincidió la versión sobre quién era el que había buchoneado.
Qué infierno.
–Esas cosas son bastante de pueblo.
Vos sos de Río Cuarto.
–Sí, crecí en una ciudad donde sabían que era hija de desaparecidos, donde mi abuela era una figura pública. En muchas cosas fue hermosa mi infancia, y más simple. Y en otras más dificultosa. Por ejemplo, yo tenía unos vecinos que eran “los hijos de los milicos”, el padre había muerto en Malvinas. Queríamos jugar juntos, pero en cualquier pelea, salía eso, yo, “la hija de los subversivos” y ellos, de los milicos. A pesar de eso la remábamos porque queríamos jugar juntos y a los pocos días nos tocábamos el timbre. La discusión era un poco quién tenía al héroe más héroe.
“Determinar responsabilidades”
El doctor Miguel Martínez, quien es abogado de víctimas de la última dictadura militar, valorizó los juicios contra represores y genocidas que se impulsaron en los últimos años.
“Es importante determinar la responsabilidad de quienes conducían los destinos de la Provincia en aquel momento. Las familias tendrán al menos alivio de saber quienes fueron los responsables y que pasó con las víctimas”, enfatizó.
El letrado riocuartense destacó que “nunca hubo una búsqueda de venganza sino que se garantizaron los derechos que los genocidas negaron cuando estuvieron al mando”.
El caso Rita
Rita nació el 10 de Marzo de 1946 en la provincia de Santa Fe. Era asistente social y trabajaba en un dispensario. Además militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista. Fue secuestrada junto a su esposo Gerardo Espíndola el 9 de Diciembre de 1977 de su casa en Río de Los Sauces, provincia de Córdoba. Estaba embarazada de aproximadamente 6 meses y dio a luz en el Hospital Militar de Córdoba. Su bebé fue entregado a su familia. Permaneció cautiva en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “La Perla”. Tenía 31 años. Aún continúa desaparecida.
Según la reconstrucción de la Dra. Gentile en base a los testimnios y las pruebas, el día 9 de Diciembre de 1.977, un grupo de personas armadas, vestidas de civil, que se conducían en varios automóviles y una ambulancia, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales de Inteligencia o Tercera Sección u OP 3 y otras secciones del Destacamento de Inteligencia 141 “Gral. Iribarren”, secuestraron a Rita, quien se encontraba embarazada de Pepi Dillon.
Del procedimiento homicida participaron los oficiales Jorge Acosta, Ernesto Barreiro y Aldo Checchi, los suboficiales Luis Manzanelli, José Herrera, Carlos Vega y Oreste Padován, el personal civil Ricardo Luján y el suboficial Miguel Lemoine.
Según señala el Diario del Juicio de La Perla, “una vez cautiva, Rita Alés de Espíndola, habría sido trasladada a las instalaciones del Centro Clandestino de Detención (CCD) ubicado a la vera de la ruta 20, a la altura de la localidad de Malagueño… donde estuvo secuestrada hasta aproximadamente los días 2 a 5 de marzo de 1978″.
“Durante el período de cautiverio sometieron a Rita a constantes torturas físicas y psíquicas, obligándola a permanecer con las manos atadas, los ojos vendados y acostada en colchonetas sobre el piso, con la prohibición de moverse o comunicarse con los demás secuestrados, privándola de la alimentación, higiene y atención médica adecuadas, como también de información fidedigna respecto al lugar y causa de detención, autoridades intervinientes, procedimiento seguido y destino que habría de imponérsele, forzándola a escuchar gritos y lamento de otras personas que eran allí torturadas”, señala el alegato de Gentile.
Añade que, “fue interrogada en sesiones en las que se la apremiaba a contestar mediante diversos tratos crueles, propinándole a la vez, toda clase de golpes, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder a la información que pudiera aportar en relación a militantes e infraestructura de las organizaciones y agrupaciones cuya eliminación se habían propuesto por entonces las Fuerzas Armadas y de Seguridad”.
Aproximadamente el día 1 de marzo de 1978, Rita habría sido retirada por el referido personal de la Sección de Operaciones Especiales (O.P.3) o Tercera Sección de las instalaciones del Centro Clandestino de Detención “La Perla”. Fue conducida al Hospital Militar donde dio a luz Pepi. Posteriormente, fue nuevamente trasladada en ambulancia -poco tiempo después del parto, entre los días 2 y 5 de marzo de 1978- hasta los predios de la Guarnición Militar Córdoba donde el suboficial Guillermo Laborda la fusiló. Posteriormente, quemaron su cadáver y lo enterraron.
HIJOS
Esta semana comenzaron a alegar los abogados de la agrupación HIJOS y de Familiares de Desaparecidos de Córdoba en la megacausa La Perla, el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°1 de esa provincia y que tiene como principal imputado a Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. “El terrorismo de Estado comenzó antes del 24 de marzo de 1976 en Córdoba”, dijo la abogada Lyllan Luque, la primera del equipo de cinco abogados en exponer sus argumentos. “Durante este juicio quedó demostrado la sistematicidad del plan. Todos los sitios donde hubo personas secuestradas y detenidas en Córdoba estaban contactados y funcionaban de manera aceitada”, explicó a Infojus Noticias.
En efecto, las más de 700 víctimas incluidas en este juicio pasaron por diferentes campos de detención que funcionaron en Córdoba desde 1975. El D2 de Informaciones de la Policía de Córdoba, la Casa de Hidráulica, la “Escuelita de Pilar”, el Campo La Ribera, y finalmente La Perla, fueron los diferentes escenarios clandestinos dónde se aplicó la represión. “Hubo diferentes etapas, y la Perla fue el perfeccionamiento del método”, explicó Luque.
Esta querella será la última en alegar. Representa a 90 víctimas y acusa por diferentes crímenes a 38 de los 54 imputados que llegaron al proceso oral, iniciado en diciembre de 2012. Desde el miércoles, el encargado de exponer es Claudio Orosz. El equipo de legales de los organismos se completa con María López, Ana Oberlin y Elvio Zanotti.
La estrategia de alegato se divide en dos partes. “La primera, tratamos de dar un marco general, y tomar para rebatir algunos de los argumentos de defensa que usaron los propios imputados. Como por ejemplo, inculpar a las propias víctimas sobrevivientes”, explicó Luque. Esa, precisamente, fue su tarea. “Los imputados responsabilizan a las víctimas que sobrevivieron con el argumento de la derrota política. A cada rato aparece el discurso de ‘si vos estás vivo y tus compañeros no fue por algo’. Pero es falaz esa distinción entre víctimas. Lo hacen para dividir y culpar a las sobrevivientes”, explicó Luque, que ya lleva 15 años trabajando en estas causas.
Mala defensa
Claudio Orosz se enfoca en ubicar a cada uno de los imputados en el momento y el lugar de los hechos, usando sus legajos y los testimonios.
Los acusados del juicio La Perla fueron “activos”, tomaron la palabra queda vez que pudieron y apuntaron hacia los testigos y sobrevivientes. Uno de los más locuaces fue el Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro, un ex teniente de Ejército que, incluso, en diciembre pasado llegó a indicar los Hornos de la Ochoa como el sitio donde había restos de personas desaparecidas. Allí fueron encontrados y luego identificados los restos de cuatro desaparecidos.
Sobre este punto, el abogado Orosz planteo en la audiencia de hoy un “indicio de mala defensa material”, realizada por el propio Barreiro, y otros dos imputados que lo acompañaron, cuando señaló Los Hornos. “Los organismos y el Equipo Argentino de Antropología Forense ya contábamos con esa información desde mucho tiempo antes. Por lo tanto, lo que Barreiro hizo no fue colaborar, si no autoinculparse”, dijo Orosz.
Plan aceitado
“Uno de los argumentos utilizados por la defensa fue decir que se atenía a las leyes de la época. Pero esas leyes no habilitaban a torturar y desaparecer ciudadanos”, explicó Lyllan Luque, el primer día de alegato. Luego, explicó como utilizaron métodos aprendidos en la escuela francesa basados en “la tortura como método para obtener información que permitiera nuevos procedimientos, utilizando el eufemismo de ‘interrogatorios duros’, para enmascararla”.
Luque también habló de las lógicas y del lenguaje de los campos de concentración, en especial La Perla. “En el juicio quedó expuesta la metodología del quiebre. Como los imputados exhibían compañeros detenidos a los interrogados, para quebrar voluntad o les mostraban organigramas, para hacerles saber que manejaban información”, explicó.
Como es común en otros juicios por delitos de lesa humanidad, la querella también hizo foco en la violencia sexual, como “herramienta de disciplinamiento”. “La violencia sexual no es solo el ataque a la genitalidad, sino el uso y la disposición total de las personas. Como por ejemplo, sacar a los detenidos a fiestas”, dijo Luque.
Megacausa
La megacausa La Perla reúne un total de 21 expedientes (y algunos desgloses de los mismos) que fueron siendo acumuladas a medida en que concluían sus respectivos procesos de instrucción para ser elevados al Tribunal Oral Federal. La última acumulación fue de cinco causas en marzo de 2014.
El conglomerado de causas que lo integran permite de algún modo exhibir el propósito y los objetivos básicos del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” y la particular modalidad de funcionamiento que adoptó en Córdoba. La acumulación responde al denominador común: el paso de los detenidos por el ex CCD La Perla.
La mega-causa ha sido llamada así por su dimensión en términos de víctimas, testigos y querellantes; aunque su magnitud también refiere al peso simbólico que conlleva juzgar el modelo represivo implantado en Córdoba. A este debate oral llegan acumulados un total de 22 expedientes -16 iniciales, 5 acumulados a comienzos de 2014 y una incorporada en septiembre- que reúnen los casos de 716 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. La mayoría de ellos pasaron por “La Perla”, el Centro Clandestino de Detención más grande del país, aunque también hay casos de cautiverio en los Centros Clandestinos “Campo de la Ribera”, Departamento de Informaciones de la Policía (D2 en sus sucesivas sedes), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar. Hoy los tres primeros lugares tienen sus puertas abiertas al público y funcionan como Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos.
La investigación judicial federal de lo actuado por el terrorismo de Estado en nuestra provincia comenzó en los primeros años de la democracia con la denominada “Causa 31-M-87”, suspendida por la sanción de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en 1987. A ello deben sumarse los indultos decretados en la era menemista bajo el lema “Reconciliación y pacificación nacional”. Por entonces se iniciaron las causas por la Verdad Histórica , que aunque aparentaban no implicar riesgo alguno para los impunes culpables del genocidio -ya que no habilitaban a la Justicia para emitir condenas- sí desempolvaron las cientos de carpetas archivadas en las que habían dormido las investigaciones.
Desde ese lugar se combatió la premisa de Olvido y Reconciliación fogueada desde el gobierno y se conocieron detalles sobre nuestro pasado reciente.
Años después, la persistente lucha de los organismos de Derechos Humanos y la derogación de las “Leyes de impunidad” durante el mandato del presidente Néstor Kirchner habilitaron a la Justicia para comenzar a procesar e indagar a los señalados como responsables de los delitos de Lesa Humanidad, a más de 30 años de su ejecución. En Córdoba, estas actuaciones estuvo a cargo del Juzgado Federal n° 3 y del Ministerio Público Fiscal, los cuales llevaron a cabo la investigación de los expedientes que hoy llegan a juicio.
Numeros:
Integra 21 expedientes acumulados según criterio de conexidad de hechos e imputados.
5 de esos expedientes fueron agregados una vez que ya había comenzado el debate oral.
El total de Víctimas es de 716, de los que 340 son sobrevivientes y constituyen la prueba testimonial fundamental.
Los abogados de H.I.J.O.S. representan a 73 víctimas.
Más de 900 testigos darán su testimonio
El total de imputados en la Megacausa es de 54, y hay 5 de ellos que fueron apartados de la causa por razones de salud o fallecimiento.
Fuente:Telediario
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