El 23 de septiembre se celebra en todo el mundo el día
internacional contra la explotación sexual y la trata de seres humanos.
La celebración ha sido instituida por la Conferencia Mundial de la
Coalición Contra el Tráfico de Personas, celebrada en Dhaka, Bangladesh,
en enero de 1999.
La fecha del 23 de septiembre ha sido elegida en recuerdo de la
fecha de aprobación, en 1913, de la ley Argentina, conocida como la Ley
Palacios, contra la prostitución infantil, la primera de estas
características que se aprobó en todo el mundo.
La trata con fines de explotación sexual es considerada como una
forma moderna de esclavitud en pleno siglo XXI. Es una forma peculiar de
vulneración de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de
las personas pero que afecta principalmente a las mujeres.
Es además un negocio transnacional que genera más de 40 mil millones de dólares anuales. Ocupa ya el segundo lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, sólo superado por el narcotráfico y por encima del tráfico de armas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta de que cada año unas 700.000 de personas son víctimas de la trata. Un 90% de ellas son adolescentes y niñas y el 80% lo serían para su explotación sexual. Se calcula que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los explotadores la captación de sus víctimas e impiden que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata enfrentan normalmente condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva; están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos crueles e inhumanos.
La Ley Palacios
A comienzos del siglo XX, Alfredo Palacios, primer legislador socialista de América Latina, se empeñó acabar con la explotación sexual de mujeres e impulsó la sanción de una ley nacional que castigaba con penas de cárcel a quien promoviese o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres.
100 años después y siguiendo la huella de la pionera Ley Palacios, el Congreso Nacional Argentino en Diciembre de 2012 modifica la Ley 26.364 por la Ley 26.842 donde las victimas mayores no tienen que probar su consentimiento y establece una serie de medidas para asistir y proteger a sus víctimas creando un consejo federal.
Las organizaciones activistas en Argentina que luchamos en respuesta a este fenómeno multicausal espéranos su pronta reglamentación dentro de un Estado de Derecho pluralista y respetuoso por los Derechos Humanos.
Es además un negocio transnacional que genera más de 40 mil millones de dólares anuales. Ocupa ya el segundo lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, sólo superado por el narcotráfico y por encima del tráfico de armas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta de que cada año unas 700.000 de personas son víctimas de la trata. Un 90% de ellas son adolescentes y niñas y el 80% lo serían para su explotación sexual. Se calcula que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los explotadores la captación de sus víctimas e impiden que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata enfrentan normalmente condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva; están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos crueles e inhumanos.
La Ley Palacios
A comienzos del siglo XX, Alfredo Palacios, primer legislador socialista de América Latina, se empeñó acabar con la explotación sexual de mujeres e impulsó la sanción de una ley nacional que castigaba con penas de cárcel a quien promoviese o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres.
100 años después y siguiendo la huella de la pionera Ley Palacios, el Congreso Nacional Argentino en Diciembre de 2012 modifica la Ley 26.364 por la Ley 26.842 donde las victimas mayores no tienen que probar su consentimiento y establece una serie de medidas para asistir y proteger a sus víctimas creando un consejo federal.
Las organizaciones activistas en Argentina que luchamos en respuesta a este fenómeno multicausal espéranos su pronta reglamentación dentro de un Estado de Derecho pluralista y respetuoso por los Derechos Humanos.
Fernando Mao
Presidente
RATT INTERNACIONAL & Paises Asociados
Presidente
RATT INTERNACIONAL & Paises Asociados
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