Lo acusó de ser el jefe de una organización ilícita y
de privación ilegítima de la libertad. También solicitó inhabilitación
de por vida para ejercer cargos públicos a los imputados. Hoy es el
turno de la defensa.
El fiscal de la Procuraduría General de la Nación, Abel Córdoba, consideró que el comisario mayor Rafael Sosa, máximo responsable de la división policial (y uno de los encargados de la investigación del crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto), fue jefe de una asociación ilícita y lo encontró responsable de privación ilegítima de la libertad por lo que pidió 15 años de prisión para él.
Por su lado, para el jefe de Inteligencia de la Dirección -Gustavo González- solicitó 12 años de prisión, al igual que para Alfredo Seine; 10 para Fabián Peralta Dátoli, 8 para Franco Argüello, 4 para Cristian Ingas y uno para Mario Osorio.
La escala responde, en buena medida, al ordenamiento jerárquico dentro de la organización que, según el fiscal “disponía de flexibilidad estructural para cometer delitos”, en la que “todos sabían que hacían cosas ilegales” y se encontraban activos al momento de los hechos.
También describió la distribución de roles y la manera en que ordenaron su conducta común.
Extorsionaban a narcotraficantes
Los expolicías están señalados como responsables de armar operativos para extorsionar a narcotraficantes y armar causas con un agente encubierto ilegal para mostrar operatividad y resultados de la Dirección a cargo de Sosa.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, entre 2010 y 2013, en su condición de jefe, el comisario mayor Sosa "se valió de la estructura jerárquica y de roles dentro de la dependencia, con la intervención del personal subalterno para la comisión de delitos".
Entre esos actos delictivos se descubrió "la generación de sumarios policiales basados en información falsa" y "la incorporación de agentes encubiertos y provocadores (que armaban allanamientos y causas falsas)" que exigían dinero para "favorecer o agravar causas judiciales".
Varios de ellos están cumpliendo prisión preventiva desde hace casi dos años y medio.
El alegato duró más de 5 horas y fue muy detallado en la primera parte, en la que ofreció un marco conceptual sobre la corrupción policial y el crimen organizado.
El fiscal Córdoba estructuró su acusación basándose en los testimonios recogidos durante la instrucción y los que se ofrecieron en las audiencias, que a su parecer constituyen prueba suficiente de la actuación de los expolicías.
Basándose en uno de esos testimonios, determinó que Sosa era el jefe “con todas las letras” en lo legal y lo ilícito y que montó una “estructura de poder organizada”.
En un tramo de la acusación hizo referencia a la muerte del policía Juan Alós, que integraba la Dirección y que -aparentemente- se quitó la vida dos días después de la entrevista televisiva en la que Juan Viarnes describía los delitos que se investigan.
Aunque aún hay actuaciones que tratan de determinar cómo fue su muerte, el fiscal dijo que hay “coincidencias sugestivas” que deberán ser esclarecidas.
Hoy será el turno de los abogados defensores que elaboraron sus alegatos basándose en pedidos de absolución o de nulidad de lo actuado según cada caso.
El tribunal está presidido por Hugo Vaca Narvaja y se completa con el juez de La Rioja Luis Herrera Piedrabuena, y el de Villa María, Mario Garzón. Los miembros originales se apartaron por haber participado en juicios en los que se condenó a varias de las víctimas de la organización de policías.
Se espera que la sentencia se conozca la semana que viene.
El octavo implicado
Además de los expolicías, el octavo imputado es Juan Francisco “El Francés” Viarnes, que se encuentra con paradero desconocido desde el año pasado y si es hallado deberá sustanciarse otro juicio para él.
Pero si se presentara ahora, deberían iniciarse nuevamente las audiencias y repetirse los testimonios.
El presidente del tribunal Hugo Vaca Narvaja admitió que se libraron cinco oficios para solicitar a las fuerzas de seguridad que busquen a Viarnes, pero hasta ahora ninguno fue respondido.
Uno de estos requerimientos fue enviado a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia del arrepentido
Se trata de una causa que se inició en 2013, cuando estos policías fueron separados de sus cargos y detenidos por su presunta vinculación con el narcotráfico a partir de la denuncia como "arrepentido" que brindó ante la Justicia Juan Francisco "El Francés" Viarnes, actualmente prófugo por este caso.
Las fuentes recordaron que Viarnes fue dejado en libertad condicional luego de haber declarado ante el fiscal de la causa, Enrique Senestrari, pero en 2014 violó ese beneficio y desde entonces no pudo volver a ser localizado.
Al declarar en el juicio, que comenzó el 8 de marzo último, el imputado Sosa -que también llegó a dirigir Homicidios en la pesquisa por el crimen de Nora Dalmasso en 2006- se declaró inocente y afirmó que el "arrepentido" Viarnes es un "mentiroso".
"Es un chanta, nos mintió a todos. Es un fabulador que nos complicó la vida a todos y que su mentira costó sangre", dijo el acusado en referencia al policía Juan Alós, también del área de Narcotráfico, quien en septiembre de 2013 fue encontrado muerto en un presunto suicidio, aunque siempre se sospechó que lo habían asesinado
Fuente: Puntal
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