La cónyuge de un intendente con vinculaciones políticas en la ciudad y la provincia estaría ligada a una denuncia.

El cuidado y protección de nuestros niños es una obligación que tenemos los mayores, es por eso que, cuando se vulneran sus derechos, podemos hacer uso del art. 9 de la ley 21061. Por ello, publicamos un documento emitido por el Consejo de Niñez y Juventud de la Municipalidad de Río Cuarto y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad nacional de Río Cuarto.

Denuncia del Consejo de Niñez y Juventud y el Observatorio de Derechos
Humanos

Preocupa presunta mala praxis judicial en un caso de abuso sexual
infantil

El Consejo de Niñez y Juventud –Ordenanza 901/10- y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto expresan su profunda preocupación ante un caso de posible mala praxis judicial que estaría provocando la vulneración de derechos de una niña presuntamente abusada por su abuela.

Se trata de un caso ocurrido hace dos años y medio, cuando la mamá de la niña advirtió –a través del relato de su hija- una posible situación de abuso sexual, que habría sido generada por su abuela paterna, con la complicidad y/o connivencia del padre de la niña.

Desde entonces, la madre de la niña presuntamente abusada –cuya identidad se reserva para proteger los derechos de la niña afectada- ha fatigado incesantemente distintos despachos oficiales y del Poder Judicial, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta institucional acorde a lo establecidos por las leyes nacionales e internacionales en materia de Derecho de la Niñez.

Según el relato de la madre, corroborado en todos sus términos por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Río Cuarto, su reclamo no tuvo respuesta en ninguna de las instituciones a las que ha recurrido en resguardo de los derechos de su hija.

El periplo de esta madre desesperada buscando ayuda para proteger a su hija de una situación de posible abuso sexual fue el siguiente:

1.-      En la Fiscalía a cargo de Fernando Moine, donde se imputó por abuso sexual agravado por el vínculo a la abuela de la niña, pero luego se dictó el sobreseimiento. La causa fue apelada y está a la espera de una resolución en instancias superiores, en el tribunal superior de Justicia.

2.-    En el Juzgado Civil y de Familia, la Jueza no ha garantizado los derechos de la niña, ni ha tenido en cuenta el principio del interés superior de los niños, al punto que una de las últimas resoluciones adoptadas por la magistrada fue ordenar la revinculación de la niña con su padre, sin una preparación previa ni apoyo psicológico, en ese momento ni actualmente.

Entre otras presuntas irregularidades cometidas por la magistrada, se destacan las siguientes:

a) Innecesaria recurrencia a Cámaras Gessell, que favorecen la revictimización de la niña, interfiriendo en los espacios de escucha real y producción propios de una menor, agravando con el paso del tiempo el daño psíquico producido por la traumática experiencia del presunto abuso sexual.

b)      Desacreditación de diferentes informes psicológicos realizados a la niña, que obran en el expediente judicial y son coincidentes en los indicadores sobre la existencia de un posible abuso sexual, pese a haber sido realizados en distintos momentos y sin que los profesionales tuvieran contacto alguno entre sí. Esta situación se agrava por cuanto los psicólogos que evaluaron a la niña han sido intimados por el padre de la menor por supuesta violación del secreto profesional, hecho que fue denunciado por el papá al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.

c)      Presunta imparcialidad de la jueza, que desestima los informes de las profesionales mencionadas anteriormente, no consideró en ningún momento a la niña como sujeto de derecho y habría favorecido los planteos del padre sospechado, al punto tal de haber ordenado su revinculación sin otro recaudo que la compañía de una acompañante terapéutica, contratada por el padre de la niña presuntamente abusada.

Informados de esta situación por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Cuarto, que ha dado contención a la madre de la niña presuntamente abusada y ha pedido el asesoramiento e intervención de destacados especialistas en Derechos de la Niñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), manifestamos nuestra preocupación ante la posible vulneración de derechos de una niña y la falta de respuesta institucional a su madre, en un caso donde la persona denunciada ostenta una clara situación de poder -devenida del hecho de ser la cónyuge de un intendente con vinculaciones políticas en la ciudad y la provincia- que contrasta con la excesiva vulnerabilidad de la niña y su madre, que ha fatigado despachos oficiales y judiciales sin éxito a lo largo de los últimos dos años y medio.

El Consejo de Niñez y Juventud y el Observatorio de Derechos Humanos tienen la obligación de velar por los derechos humanos, entre ellos –y especialmente- los de nuestros niños y denunciar aquellos casos en donde estos sean vulnerados. Por ello, expresamos por nuestra MÁS PROFUNDA PREOCUPACIÓN, por cuanto estarían vulnerando derechos consagrados por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional N^º 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y la Ley Provincial N^º 9.944, que consagran el principio de Interés Superior del Niño. La negligencia, desatención y/u omisión de cumplimiento de esta normativa redunda en una irreparable vulneración de derechos.

El Observatorio de Derechos Humanos y el Consejo de Niñez y Juventud quedan a disposición de los organismos de la Justicia.

CONSEJO DE NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO
CUARTO – OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

LEY 21061

ARTICULO 9° — DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral.

La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.

Los Organismos del Estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes.