Hoy se los recuerda con actos conmemorativos, y hubo una vigilia en la que se destacó la participación de un artista popular francamente comprometido Rally Barrionuevo.Nos adherimos a tal conmemoración reproduciendo el documento elaborado por el Frente Popular Darío Santillán
En este momento político cuando transitamos el camino hacia las elecciones legislativas de octubre, previas PASO en agosto, coincidimos con lo expresado por el Frente Popular Darío Santillán cuando expresan como se reciclan nuestor políticos al mostrar los candidatos de las nuevas listas y ver la postulación de algunos de los responsables de esos sucesos del 2002 , figuras que nunca se apartaron del poder. Leemos:
"En
el día de ayer se inscribieron los partidos, con sus respectivos
precandidatos, hacia las elecciones legislativas de octubre. Con
profunda indignación hemos reconocido en diferentes listas a quienes hoy
siguen siendo señalados por familiares, compañeros y amigos de Maxi y
Darío como responsables políticos e ideológicos de sus asesinatos y de
aquella brutal represión que dejo más de 30 heridos de bala de plomo.
Es el caso de Alfredo Atanasof,
jefe de gabinete del ex presidente Duhalde al momento de la Masacre,
que se ubica en el séptimo puesto en la lista de candidatos a diputados
nacionales por la provincia de Buenos Aires del “Frente por la Libertad y
el Trabajo” que conduce el empresario Francisco De Narváez. Por el lado
del “Frente Renovador” que conduce Sergio Massa encontramos a Felipe Solá (gobernador
de la provincia de Buenos Aires en el momento de la Masacre), ubicado
en el cuarto puesto de la lista. Pero no solo la candidatura del ex
gobernador nos llena de bronca, quien se mueve en las sombras como el
“armador y operador político” del massismo es Juan José Álvarez (ex
agente de la SIDE durante la última dictadura cívico-militar y
Secretario de Seguridad durante el gobierno de Eduardo Duhalde). Álvarez
fue uno de los principales encargados del operativo de seguridad aquel
26 de junio junto al titular de la SIDE, el ya fallecido ex gobernador
de Río Negro Carlos Soria, y el número dos del organismo Oscar
Rodríguez, hoy vinculado al PJ del distrito bonaerense de Presidente
Perón.
Ninguno
de ellos fue siquiera citado a declarar ante la Justicia por ser los
principales responsables políticos, miembros del Poder Ejecutivo al
momento de producirse la represión, siendo que se cuenta con sobradas
pruebas de la existencia de un plan represivo con reuniones previas,
directivas y complicidades necesarias, una autoría ideológica y
responsabilidades. Como tampoco fue indagado el hoy senador Aníbal
Fernández, que en aquel momento ocupaba el cargo de Secretario General
de la Presidencia, y que actuó como uno de los principales voceros de la
operación mediática que intentó encubrir la responsabilidad del
gobierno de Duhalde en la Masacre de Avellaneda. "
Documento
A 11 AÑOS DE LA MASACRE Frente Popular Darío Santillán
A
once años de la represión que intentó acallar las luchas populares y se
cobró las vidas de Darío y Maxi; en un momento político en el que las
luchas de las y los trabajadores son judicializadas y criminalizadas;
las organizaciones populares seguimos reclamando justicia, construyendo
poder popular y gestando un nuevo proyecto de país, sin hambre, sin
saqueo ni explotación.
La
Masacre de Avellaneda, al igual que la rebelión del 19 y 20 de
diciembre, provocó una indignación en todo nuestro pueblo y marcó a
fuego a una nueva generación militante, para quienes los ejemplos de
Maxi y Darío proyectaron un compromiso de lucha e intransigencia contra
las injusticias que nos advierte sobre los peligros que entraña el
posibilismo y la resignación.
En
estos años los gobiernos kirchneristas adoptaron algunas medidas
efectivamente progresivas, en muchos casos inspiradas en históricas
reivindicaciones populares. Pero estas medidas no configuraron un
programa integral capaz de superar la precarización del trabajo, el
salario y la vida. En un contexto inflacionario que golpea fuertemente
los bolsillos del pueblo, el gobierno intenta poner techo a las
paritarias, sostiene un sistema impositivo regresivo y a una gran masa
de trabajadores precarizados y tercerizados. A la vez instala un
discurso que condena y judicializa la lucha, como vemos que sucede hoy
ante los distintos reclamos sociales y sindicales.
A
eso se suman problemas estructurales como la ausencia de una política
integral de transporte público, que por su estado de abandono sigue
poniendo en riesgo la vida de nuestro pueblo como sucedió en la Masacre
de Once, y hace unos días solamente, la nueva masacre ferroviaria del
sarmiento, la continuidad de un sistema tributario sumamente regresivo;
un sistema de salud deficiente y controlado por corporaciones médicas,
farmacéuticas y organismos internacionales; una estructura de
privatizaciones intocada que garantiza ganancias desorbitantes sin
ningún tipo de regulación y control, a costa del encarecimiento de la
vida; una feroz avanzada inmobiliaria que encarece alquileres, expulsa a
los sectores populares y provoca muerte y destrucción, como quedó
evidenciado recientemente con las inundaciones en la ciudad de La Plata,
Capital y el oeste del Conurbano bonaerense.
Todo
sustentado por una estructura de poder que garantiza gobernabilidad a
través de sindicatos empresariales antidemocráticos, corporativos,
entreguistas y burocratizados, punteros, intendentes y gobernadores
mafiosos, un poder judicial procesista y de clase que criminaliza la
pobreza y la protesta social, y narco-policías asesinas con control
territorial y total impunidad. Entendemos que cualquier proyecto
emancipatorio debe revertir la sobreexplotación y el saqueo de los
bienes naturales por parte de corporaciones locales y transnacionales;
la “sojización” cada vez más extendida del campo; el modelo de la
megaminería con las consecuencias socio ambientales que implica, así
como el entramado industrial extranjerizado, concentrado, y basado en
variadas formas de sobreexplotación de los trabajadores que sustenta
este modelo productivo.
En
el terreno de los derechos humanos, los avances en los juicios a los
represores de la pasada dictadura, demasiado lentos e incompletos, no
abarcaron a los responsables económicos, civiles y eclesiásticos, que
aún siguen impunes. Exigimos juicio y castigo ya. Del mismo modo y con
el mismo énfasis luchamos por los derechos humanos de hoy: para que no
se sigan invisibilizando la muerte de los luchadores y las luchadoras de
los pueblos originarios o de países hermanos, para que no sigan
quedando impunes los crímenes contra los sectores más humildes por el
gatillo fácil o por la represión en las cárceles, que son verdaderos
centros de criminalización de la pobreza; para que no continúe
invisibilizada la muerte de mujeres por abortos clandestinos o por ser
víctimas de las redes de trata para la prostitución. Al mismo tiempo
decimos: ¡Abajo la ley antiterrorista dictada por los organismos
financieros internacionales! Terminar de romper la dependencia con los
centros de poder sigue siendo otra deuda pendiente.
Mientras
tanto, el imperio yanqui y las grandes transnacionales continúan
apropiándose de los territorios y de los bienes naturales de Nuestra
América, a la vez que ponen todos sus esfuerzos por frenar los avances
que vienen dando los pueblos en los últimos años y desestabilizar los
procesos de cambio, en particular su principal amenaza: la revolución
bolivariana.
Como
contraparte, los movimientos populares del continente venimos dando
importantes pasos de integración y unidad, para resistir con más fuerza
la ofensiva imperial, pero sobre todo para seguir construyendo, desde
abajo, los caminos hacia la emancipación de nuestra Patria Grande.
El
2001 y la Masacre de Avellaneda dejaron un legado importante de
experiencias organizativas de “los y las de abajo” que se extienden en
los barrios, en los lugares de trabajo, en las aulas, en las asambleas. Y
también en el plano cultural, artístico y simbólico, a partir de la
ocupación de las calles en forma creativa, lo que se ve especialmente
reflejado en la apropiación de la Estación que nuestro pueblo rebautizó
con el nombre de Darío y Maxi, convertida en una muestra permanente de
arte popular, y desplazando el nombre de Nicolás Avellaneda, ex
presidente protagonista de la campaña de exterminio de pueblos
originarios conocida como Campaña del Desierto, represor de huelgas de
inquilinos, representante de las clases dominantes.
Por
eso el desafío de las organizaciones populares pasa por reforzar la
construcción de un proyecto político emancipatorio basado en una
transformación estructural y cultural profunda de nuestra sociedad, sin
mezquindades ni sectarismos, de carácter popular, anticapitalista,
antipatriarcal, anticolonial, latinoamericanista y antimperialista, en
una perspectiva socialista.
Hoy
alzamos la voz frente a los crímenes del 26 de junio de 2002, los del
19 y 20 de diciembre, los 30 mil compañeros y compañeras detenidos
desaparecidos, y los asesinatos por represión en democracia. De Carlos
Fuentealba y Mariano Ferreyra. De Rosemary Churapuña y Bernardo
Salgueiro, asesinados en la represión del Indoamericano. De Roberto
López y Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. De
Florentín Díaz, asesinado el mes pasado en la violenta represión en
Castelli, Chaco. De Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por
los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. De Mono, Jere,
Patón y César Oviedo en Rosario. Alzamos la voz por las desapariciones
de Julio López y Luciano Arruga, y por el asesinato de Silvia Suppo.
Porque en todos ellos y ellas y en tantos casos más, los reclamos de
justicia sólo se verán redimidos cuando los culpables paguen, pero sobre
todo cuando logremos poner en pie una Argentina donde no haya
impunidad, ni hambre, ni saqueo ni explotación.
Una
Argentina de y para las grandes mayorías de nuestro pueblo, de los
trabajadores y de las trabajadoras, de los campesinos y las campesinas,
de los pueblos originarios, de los hombres y las mujeres, de las
diversidades sexuales, de la juventud y de los y las estudiantes. Ese
será el mejor homenaje y la mejor reivindicación que podamos hacer de
nuestros compañeros caídos, que estarán presentes mientras nosotros
sigamos luchando, en cada joven que resiste y se organiza, y que
visualiza en las figuras militantes de Maxi y Darío un ejemplo de “otra
política”, en su dimensión integral y humana. Una dimensión que incluye
la solidaridad, el compromiso con el otro, poniendo el cuerpo, incluso a
riesgo de dejar la vida en ello. Una juventud profundamente consecuente
con los principios y anhelos por los que Maxi y Darío, y tantos otros,
cayeron luchando.
- Cárcel común, perpetua y efectiva a los autores materiales de los crímenes de Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Carlos Fuentealba
- Juicio y Castigo a Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Alfredo Atanasof, Juan José Álvarez, Jorge Vanossi, Luis Genoud, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez, Aníbal Fernández y todos los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda
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