Dado la relevancia de las causas que llevan adelante estos magistrados y ante la denuncia de un sospechoso incidente con un vehículo oficial que le ocurriera al juez Casanello, es interesante conocer más acerca de estos funcionarios, para lo cual reproducimos una nota que publicara tiempo atrás la página primerafuente.com.ar
Quiénes son el fiscal y el juez que tomarán
el caso por la cámara oculta a Fariña.
El caso de lavado que involucra a Lázaro Báez quedó en manos del juez
Sebastián Casanello. Intervendrá el fiscal federal Guillermo Marijuan,
quien participó en el juicio que condenó a Felisa Miceli.
Publicado por primerafuente.com.ar
Allí entrarán en acción dos reconocidos funcionarios judiciales: el juez designado por sorteo, Sebastián Casanello, y el fiscal Guillermo Marijuan.
Casanello tiene 38 años, hizo la secundaria en el Nacional Buenos Aires y se graduó como abogado en la UBA. Fue designado juez federal por Cristina Kirchner y asumió en el Juzgado 7 en octubre pasado. Antes había sido secretario de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
Es el único de los 12 jueces federales de la Capital que la semana pasada asistió al acto en el que la Presidente presentó los proyectos de ley para "democratizar la Justicia".
Tiene a su cargo el caso de enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime y el de espionaje realizado por la Gendarmería sobre organizaciones y dirigentes sociales.
En el expediente también intervendrá el fiscal federal Guillermo Marijuan, un hombre de 46 años, fanático de Racing, que hizo la primaria en la Escuela N° 42 de Avellaneda; más tarde cursó el secundario en el salesiano Instituto Santa Catalina de Don Bosco, situado en San Telmo; y se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a los 23 años.
Recientemente consiguió una condena a cuatro años de prisión para la ex ministra kirchnerista de Economía Felisa Miceli (2005-2007), luego de que el juez federal Julián Ercolini se declarase incompetente y la Cámara Federal le adjudicase la causa por sorteo.
Este mismo fiscal se pronunció a favor de abrir una investigación para determinar si el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, incurrió en delito al instruir a las empresas de supermercados a no publicitar sus ofertas en los diarios Clarín, La Nación y Perfil.
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