Los reverses y cuestionamientos a
personal y proceder de la policía provincial están a la orden del día.Un caso
delicado es el de la denuncia que presentó el comisario retirado Julio Giménez
contra el actual jefe de Policía de la provincia de Córdoba, Roberto Frías.
Julio
Giménez comisario retirado, es hijo del gremialista Alberto Giménez desaparecido en 1976, y está dentro
del Programa de Protección a Testigos de delitos de lesa humanidad por sus denuncia
contra el accionar de la Dirección de Inteligencia Provincial. Dijo Giménez : “Ese año (2009), Frías era director
general de la Departamental Sur, me mandó a citar y me dijo que me iba
a trasladar a Córdoba. Yo le dije que me perjudicaba, pero él insistió
e inclusive amenazó con pasarme a retiro por investigar al D2, que
es la responsable del asesinato de mi padre en 1976"."Fue ahí que me dijo: ‘Seguí
con esta actitud y vas a tener el mismo fin que tu papá’", completó.
Giménez radicó la denuncia sobre las amenazas de muerte de Ramón
Frías en 2009 en la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Gustavo Vidal Lascano.
"El fiscal no hizo nada en dos años para investigar, por eso lo denunciamos
con mi abogado, Hugo Vaca Narvaja, ante el entonces procurador general,
Esteban Righi"."Luego de eso Vidal Lascano se apartó y Righi
ordenó que la causa pasara a cargo de la fiscal Nº 3, Graciela López
de Filoñuk, que se dedica específicamente a las causas de lesa humanidad",
dijo.
El policía retirado señaló además que Frías a pesar
de estar denunciado y ser investigado
por la Justicia federal por amenazar a
una víctima del terrorismo de Estado, situación que no ignoran el gobernador de
la Sota y el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, fue designado jefe de Policía
de la Provincia de Córdoba.
Otra
situación que merece especial atención en nuestra ciudad es el cuestionamiento
al accionar policial que se
diera a conocer públicamente en esta semana y hace
referencia a un operativo realizado en Calles Quena y
Bariloche, el 29 de enero pasado en donde se habría procedido duramente en un
allanamiento sin orden judicial.
El relato de lo ocurrido es grave dado que señalan la
irregularidad del procedimiento, dado que en el operativo habrían participado entre 15 y 20 policías
armados con itakas que irrumpieron en un
domicilio y maltrataron a un grupo numeroso de personas incluidos
menores, grupo del cual ocho personas fueron detenidas y cinco liberadas a las
pocas horas.
El cuestionamiento al Código de Faltas en la
provincia es motivo recurrente de reclamos, pero parece que sostenerlo sin
variantes es una disposición inamovible por estos tiempos en
que la inseguridad se presenta como un
problema prioritario para la gente, la referencia más obvia es la cantidad
creciente de delitos cometidos en
nuestra ciudad en los últimos tiempos. Pero la inseguridad no es un problema de
pocos, sino de toda la comunidad dado que usar procedimientos anticonstitucionales
coloca en grave riesgo no solo al grupo que las padece sino a una sociedad que
debe velar por el sostén de la legalidad. Y si la autoridad política no sale a
aclarar la situación, poco habla en su favor, más aún cuando el sector
cuestionado tiene antecedentes tan oscuros como los que se están conociendo a
partir de los juicios por causas de lesa humanidad.
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
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