Por
Maristella Svampa
Algo
similar sucedió con la tragedia ferroviaria de Once: el hecho, que costó la
vida de 51 ciudadanos, puso de manifiesto que la precariedad no es un tema
del pasado neoliberal y que los subsidios millonarios no hacen más que
apuntalar las ganancias de los empresarios, con total desprecio por la vida
de los usuarios. Esta semana, al cumplirse once meses de la tragedia, los
familiares y amigos de las víctimas anunciaron una gran movilización hacia
Plaza de Mayo para el mes próximo. Los familiares leyeron un duro documento
donde expresaban su satisfacción por el avance de la causa penal, y
subrayaban "el silencio del Poder Ejecutivo". Pocos días antes, el
Gobierno había acordado la compra directa de 409 vagones a la empresa china
CRS y un programa de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria para
municipios. El anuncio, que no hizo alusión alguna a las víctimas de la
tragedia de Once, vino a refrendar también la convicción de que el Gobierno
no está pensando el sistema ferroviario en clave de reconstrucción de la
industria nacional.
Otro
punto de actualidad donde naufraga el discurso oficial sobre las
corporaciones aparece cuando hablamos de la expansión de la frontera
agropecuaria. Este proceso ha significado mayor acaparamiento de tierras en
manos de agentes económicos poderosos, más desforestación, más
criminalización, más desalojos rurales y asesinatos de campesinos e
indígenas. Este verano, por ejemplo, los qom, que mantienen un largo litigio
por la titularidad de sus tierras en Chaco y Formosa, volvieron a ser noticia
fúnebre: entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuatro integrantes de esta
comunidad fueron muertos en circunstancias más que sospechosas, frente a la
indiferencia del Gobierno nacional. A raíz de ello, están circulando
declaraciones de repudio y cartas abiertas a la Presidenta, de parte de la
comunidad académica, que demandan, además de la implementación de medidas
urgentes, que el Gobierno nacional condene moral y públicamente estos hechos
aberrantes.
Un
último ejemplo del rol cada vez mayor que asumen las corporaciones es la
llegada del fracking, a partir de la expansión de la frontera
hidrocarburífera. Recordemos que la estatización de YPF reverdeció el
discurso épico del Gobierno, que venía en baja, luego de lo sucedido con la
megaminería y la tragedia de Once. Lo cierto es que, más allá de los anuncios
ditirámbicos, la YPF Modelo 2012 apuesta a la asociación con grandes empresas
extranjeras, como la americana Chevron (que, a través de Texaco, fue
condenada por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas,
en Ecuador).
YPF
apunta a la explotación del gas no convencional (shale gas), a través de una
metodología muy cuestionada en el mundo, la fractura hidráulica, más conocida
como fracking. Es una técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes
cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin
de producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos.
Los riesgos ambientales son muchos y de corto plazo: contaminación de aguas
subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que originan
movimientos sísmicos y utilización intensiva del territorio. Por ello, el
fracking ya fue prohibido en varios estados de Estados Unidos, en Francia,
Bulgaria e Irlanda del Norte.
La
geógrafa Silvia Leanza, de la Fundación Ecosur, habla de
"geocoincidencias" entre cuencas gasíferas y cuencas hídricas,
"ya que los proyectos más avanzados coinciden con importantes fuentes de
agua potable (y el agua es el insumo de mayor importancia para la "eficiencia"
en la explotación de gas no convencional)". Argentina cuenta con varias
geocoincidencias, entre ellas, la Cuenca Neuquina, donde está Vaca Muerta
(acuífero Zapala y cuencas de ríos norpatagónicos), la del Chaco-Paraná
(acuífero Guaraní y ríos de la Cuenca del Plata), el golfo San Jorge (cuenca
del río Senguer). Más claro, imposible...
Nada
indica que el Gobierno abrirá la discusión sobre el fracking; todo lo
contrario, como ya sucedió con la soja y la megaminería. Argentina se apresta
así a sumar nuevos conflictos socio-ambientales que preanuncian un
enfrentamiento directo, ya no sólo con las transnacionales, sino con una
empresa nacional, YPF Modelo 2012. Pero la acumulación de luchas en defensa
del agua es tal que la población ya comienza a movilizarse: esto sucede en Entre
Ríos, provincia en la cual distintas organizaciones promueven una ley que
prohíba el fracking; en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde se han
organizado en asambleas –siendo Allen la localidad más amenazada–, y donde la
ciudad de Cinco Saltos acaba de convertirse en el primer municipio en el país
en prohibir el fracking; por último, están las luchas de las comunidades
mapuches en el norte neuquino, cerca de Zapala y en Loma de la Lata.
En fin,
enero de 2013 nos recibe con nuevas bofetadas de realidad que reafirman cuál
es verdadero rol que el modelo kirchnerista asigna a las corporaciones y a
los grandes actores económicos en el esquema del extractivismo dependiente.
Publicado por : No a la mina 1° de febrero 2013
*Socióloga
y escritora, miembro de Plataforma 2012.
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14 feb 2013
Corporaciones y modelo K
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