Bosques nativos. Un ecocidio que no se frena

Por Miguel Bonasso.

En este gobierno, los que no mienten descaradamente se limitan a ser observadores y comentaristas de la depredación. En vez de cumplir la ley y denunciar judicialmente a quienes no la cumplen, se limitan a monitorear cómo las normas legales son violadas.
No es una afirmación gratuita: es lo que han hecho con la ley 26.331, llamada Ley de Bosques, de mi autoría.
Las autoridades nacionales le escamotearon sistemáticamente los fondos necesarios para cumplirla y observan pasivamente cómo las provincias más depredadoras aumentan el desmonte de los bosques nativos.

La deforestación es más alta que antes de la sanción de la ley en noviembre de 2007. Desde entonces hasta el presente las topadoras de los terratenientes sojeros o madereros han arrasado más de un millón de hectáreas de selvas nativas. Con las consecuencias previsibles para el clima, la fijación de los suelos, la biodiversidad y los ataques criminales a comunidades campesinas, que testimonian crímenes como el de Cristian Ferreyra.

En 2004, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presenté un proyecto que solicitaba al Poder Ejecutivo que declarase la “emergencia forestal nacional” y frenara los desmontes en todo el territorio argentino hasta tanto se sancionara una ley que protegiera los bosque nativos. Se sustentaba en un fundamento aterrador: en los últimos 70 años, el país había perdido el 70% de sus forestas originarias.

Ahora vemos que el ecocidio continúa a pesar de la ley. A contrapelo de sus declaraciones proambientalistas en Abu Dhabi, la presidenta Cristina Kirchner viene violando la ley de bosques desde su promulgación en diciembre de 2007. Se tomó catorce meses para reglamentarla y recién lo hizo después del desastre de Tartagal, producto evidente de la deforestación.

Más duro fue el ninguneo presupuestario; nunca se aportó al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques lo establecido en la propia ley: el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales. Habrían totalizado seis mil millones de pesos. Pero la realidad fue bien distinta: no hubo fondos para cumplir la Ley de Bosques en 2008 y 2009; en 2010 se incorporó una partida de 300 millones en vez de los mil millones que marcaba la norma y de yapa 144 millones fueron desviados al Fútbol para Todos por el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En 2012 se destinaron 267 millones de pesos, siete veces menos que lo establecido por ley.

A la luz de estos datos no es de extrañar que la tasa de deforestación se haya elevado. La emergencia forestal sigue, se han desmontado 275.245 hectáreas en zonas calificadas según la ley como “amarillas” o “rojas” (donde la tala está prohibida) y, lo más grave, en beneficio de Monsanto y los terratenientes sojeros, maiceros y ganaderos, la expansión de la frontera agropecuaria amenaza de muerte a lo poco que nos queda de bosques nativos.

* Periodista y escritor. Diputado nacional mandato cumplido (MC).

Fuente: Puntal 5 de febrero de 2013