La denuncia no era tema menor se refería al manejo de nueve protocolos de trabajo que vinculaban a la Facultad de Ingeniería, con la Fundación de la Universidad y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE). Compromete entonces seriamente a las autoridades de ese momento de la
Facultad: Diego Moitre (Decano), Carlos Bortis (Vice Decano) y Esteban Carranza responsable del manejo
de los protocolos por parte de la Fundación.
Leemos en Puntal del 2 de abril del
2008: “Todos
los protocolos de trabajo entre la Facultad
de Ingeniería y la Fundación, tienen fecha del 28 de junio de 2007 y fueron
firmados por Diego Moitre en calidad de
decano de la Facultad y de su
vicedecano Carlos Bortis, como presidente de la Fundación. En ninguno
figuran los montos que la Facultad iría a recibir, en cambio sí queda
establecido cuánto le correspondería a la Fundación en los convenios
específicos de colaboración con la CONAE. En los protocolos se puede leer: “La
Facultad de Ingeniería, como unidad ejecutora, a través de la Fundación, pone a
disposición su equipamiento y laboratorios, como también el conocimiento y
capacidad técnica de sus investigadores”, “La CONAE pagará a la Fundación
por la ejecución del plan de trabajo, lo estipulado en el convenio específico a
tal fin firmado oportunamente entre la CONAE y la FUNARC” y “La vigencia
será de nueve meses a partir de la percepción de la suma mencionada”. También
se indica: “El trabajo, toda información, patente, invención tecnología y
mejora será de propiedad de la CONAE... Sin prejuicio de ello, la CONAE permite
el uso de la información no confidencial por parte de la UNRC exclusivamente
con fines académicos y educativos”. En cada caso aparece un listado con nombres
de 29 personas, especialidad y sueldos, entre los que está el ingeniero Carlos
Bortis con una retribución mensual de 4 mil pesos por cada uno de los
convenios.
Barral centró su denuncia en tres ejes:
que no todo el personal afectado pertenecía a la Facultad como debería ser; que
no se retuvo el 20% de los fondos para la Universidad sobre un paquete general
de casi 4 millones de pesos que insumía el plan general; y que se hacían parte
de las tareas fuera del campus, en un galpón en Banda Norte.
Pero pasó el tiempo, y en este país
nuestro que nos tiene acostumbrado a no ver respuestas en causas judiciales de
esta naturaleza, nos encontramos con la noticia
que la Fiscalía Federal imputó a
los tres ex directivos: Moitre, Bortis y Carranza por supuesto fraude a la administración pública. Es ahora el juez Carlos Ochoa quien debe resolver si procesa a los tres imputados,
los sobresee o les dicta falta de mérito y continúa la investigación.
Ahora la sociedad espera que este tema se
esclarezca en la Justicia, por que hace al manejo de los fondos públicos y las
dudas sembradas al respecto en este caso no son poca cosa. Desde la Justicia también
esperamos que se brinde una explicación satisfactoria para entender que sucedió
con la explosión de la Planta Piloto, ya que son dolorosas cuentas pendientes
que parten desde el interior de una institución muy importante.
Las sospechas deben dirimirse en el
campo jurídico, con pruebas al canto y sin posibilidades de amparar
negligencias o fraudes, por eso la valentía de la denuncia de Barral
es de destacar por que permiten una investigación que debe llevar a la verdad,
y si hay responsables tendrán que hacerse cargo de los hechos. Es el camino que
pretendemos para lograr una sociedad mejor
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
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