La noticia no pudo menos
que dejarnos perplejos a los cordobeses. En un trámite rápido y expeditivo una
nueva ley rige para el sistema previsional provincial en Córdoba, desde que
entre gallos y medianoche en la sesión del 8 de Agosto, la Unicameral urgida
por el gobernador De la Sota sancionó la norma que se presenta en sociedad, de
acuerdo a lo que leemos en las páginas oficiales, como de Fortalecimiento
del Sistema Previsional. Este especial fortalecimiento “a la cordobesa”, establece que los jubilados provinciales
cobrarán los aumentos seis meses después que los trabajadores activos y que el
haber mínimo se eleva a 2.500 pesos. En las publicación oficiales leemos: “La ley establece también que los haberes de
las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones de las
remuneraciones del personal en actividad y este reajuste de los haberes tendrá
efecto a partir de los 180 días desde la fecha que fuera percibida la variación
salarial.”
Dada
la norma, las respuestas están a la orden del día y la dirigencia gremial
deberá rendir cuentas de su accionar ante esta metida de mano en el bolsillo de
la clase pasiva. Para conocer los
resguardos que el sistema nos brinda es
interesante leer la opinión de Jorge Gentile(1) quien hace
referencia al texto de la Constitución de Córdoba, en la cual al disponer
que “el Estado Provincial (…) asegura
jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales
a la remuneración del trabajador en actividad” (artículo 57) ha fijado
una garantía que ha servido y sirve de parapeto para sostener los beneficios
previsionales de los pasivos provinciales frente a los embates que
se han ideado contra ellos.
Así
también en el país en que la inflación es innombrable, son importantes las
consideraciones que el mismo autor hace de cómo se actualizarán los haberes que
recibirán los beneficiarios alcanzados por la nueva ley, que parece no sólo cobrarán
después sino menos.
Las disputas por los recursos en el país están a la orden
del día, el entrecruzamiento de cargos por responsabilidades de los déficits crónicos,
con la distribución de fondos y la puja por el poder, hacen para la gente inentendible este funcionamiento que ubica al
ciudadano común sistemáticamente en el camino de los perdedores.Es él quien pierde cuando no recibe del Estado lo
que por derechos le debiera asegurar: educación, salud, trabajo y jubilaciones
dignas. Vengan de donde vinieran las disposiciones el resultado al final del
camino lo encuentra a Juan Pueblo esperando soluciones desde la clase
dirigente, porque por ejemplo en esta especial situación planteada en Córdoba
con la Caja de Jubilaciones, nada pueden
decir aquellos que gobernaron la provincia con la gestión de Mestre quien se
hizo cargo del naufragio que dejó Angeloz y les brindó a esa clase pasiva un “generoso”
recorte del 18% de sus haberes, y menos aún los que apoyan a un gobierno
nacional que distribuye recursos del Anses para financiar de todo, manteniendo
un miserable haber mínimo de las
jubilaciones.
Cargos cruzados entre dirigentes de vida ostentosa y leyes que perjudican a los trabajadores van
ahondando la decepción de los ciudadanos, con el riesgo cierto de socavar la
credibilidad en el sistema.
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
1. La Constitución, parapeto para los
cordobeses. Jorge Horacio Gentile. Puntal 13 de agosto de 2012
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