Es interesante conocer el análisis que se hace desde Europa de las políticas de explotación minera y agrícola en América Latina. Dicho análisis está expuesto en la nota de un periodista español sobre el origen de las medidas adoptadas para la producción, sus beneficios y perjuicios. Así entonces desde los países del Viejo Mundo, son plenamente conscientes de que estas condiciones de producción pueden constituir tal como lo refleja el título una Maldita Bendición, por que afecta nuestro presente y condiciona el futuro de las nuevas generaciones es interesante saber más del tema. Cómo la tormenta de tierra de hoy, no está ajena al tema en cuestión, tómese un tiempito y lea la nota.
Latinoamérica se debate entre el beneficio que proporciona el auge de los metales, minerales y productos agrícolas y los daños a las poblaciones locales
Ya han pasado los siglos en que los
conquistadores españoles explotaban a los indígenas para que extrajeran la
plata de las minas de Potosí. Son tiempos en que los altos precios de las
materias primas, incluidas las minerales, han permitido que muchos Gobiernos
latinoamericanos, de derechas e izquierdas, aprovecharan el crecimiento de sus
economías para reducir la pobreza y acotar algo la desigualdad. Latinoamérica
se ha convertido en la meca para la inversión minera. Pero lo que parece una
bendición también puede resultar lo contrario. Más de 120 conflictos se han abierto
contra la minería en la región. Por un lado, está la pelea por cómo se reparten
los beneficios extraordinarios de los yacimientos entre las grandes mineras
multinacionales, los Estados nacionales, las provincias, los municipios y la
sociedad civil. La actividad minera suele emplazarse en poblaciones que, en
general, eran y son pobres. Por otra parte, se encuentra el rechazo de cada vez
más ciudadanos al impacto ambiental de la minería a cielo abierto (ya no se
suelen usar más los socavones en la tierra) y con el uso de cianuro y arsénico
para separar el metal de los residuos que se arrojan a un dique de cola. Dado
el uso intensivo del agua, la minería despierta recelos en agricultores,
bodegas y hasta compañías multinacionales de envasado de agua mineral, como
sucede con Danone en Argentina.
El conflicto más violento se ha
desatado en Perú. La región norteña de Cajamarca se rebeló contra un proyecto
de 3.679 millones de euros de la minera estadounidense Newmont. Bajo la
consigna de "agua, sí; oro, no", la población, con el apoyo de las
autoridades regionales, inició el pasado 24 de noviembre una huelga de 11 días
que incluyó bloqueos de carreteras. Los ciudadanos le temen al proyecto Conga
de Yanacocha porque secará cuatro lagunas que ellos usan para la agricultura y
ganadería. Newmont responde que se hará un trasvase de aguas a cuatro reservas,
pero la población cajamarquina desconfía. Ante las huelgas, el Gobierno de
Ollanta Humala decretó el 4 de diciembre el estado de emergencia en Cajamarca y
envió al Ejército a frenar la protesta social, lo que le valió críticas de sus
antiguos aliados de izquierdas. El 17 de diciembre, Humala levantó la medida de
excepción para iniciar el diálogo, pero las protestas continúan.
La maldita bendición de la minería en
Latinoamérica comenzó a partir de 2003, cuando los precios de los metales
comenzaron a subir por la demanda creciente de China para abastecer sus
industrias. En 2000, el gigante asiático suponía el 12% del consumo mundial de
cobre. En la actualidad, el 40%. Y aún China tiene mucho potencial para crecer.
El cobre, el níquel, el zinc y el hierro abastecen a las fábricas y al sector
de la construcción. El oro y la plata son codiciadas por la industria y también
por los inversores, que buscan refugiarse de las crisis mundiales de la deuda y
del sector financiero en esos metales preciosos.
Se han quebrado dos tendencias que
habían comenzado en la década de los setenta: una, la caída de la cotización de
los minerales, que ya se encuentran por encima de aquellos niveles de hace 40
años, y otra, la reducción de las exportaciones mineras de Latinoamérica. Las
ventas externas de la región han ganado desde 2003 participación respecto a las
del resto del mundo. "La buena noticia es que no solo se incrementan las
exportaciones mineras primarias, sino también las manufacturas de
minerales", destacó Jeanette Lardé, analista de la división de recursos
naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en
un seminario sobre minería que organizó en diciembre el Instituto Argentino
para el Desarrollo Económico (IADE).
El 27% de las inversiones mundiales
en exploración se entierran en este subcontinente cuya columna vertebral son
los Andes. A su vez, se incorporan más países a la actividad, como Colombia,
Guyana y Surinam, según Lardé. En 2000, Brasil, Chile, México y Perú
concentraban el 26% de la inversión minera mundial. En la actualidad, el 40%.
Latinoamérica produce el 52% de la plata del planeta, el 45% del cobre, el 32%
del molibdeno y el 22% del zinc. Lardé destacó que el sector tiene
"beneficios extraordinarios", incluso si se tienen en cuenta los
costes de reposición del metal en el largo plazo y los incrementos de los
salarios de los trabajadores y de los precios del combustible, los insumos y el
acero. La región también capta un tercio de las rentas mineras del mundo, según
la Cepal: unos 65.160 millones de euros en 2009, poco menos que el PIB de
Eslovaquia.
Casi todos quieren quedarse con esas
rentas. Los Gobiernos nacionales, regionales y locales cobran impuestos y
regalías por tratarse de un recurso no renovable y propiedad del Estado. Chile
creó las regalías en 2005 y las aumentó en 2010 con el argumento de que el
sector más rico del país debía financiar la reconstrucción tras el terremoto de
ese año. El Perú de Humala ya los incrementó en septiembre pasado. México
estudia seguirle los pasos, mientras que Brasil no solo analiza una subida
tributaria, sino también la posibilidad de elevar la participación estatal en
los proyectos mineros. Venezuela ha nacionalizado el oro este año.
Las mineras, que en general son
privadas y de países desarrollados (una excepción es la estatal chilena
Codelco), reinvierten una parte y giran a sus accionistas otra tajada. Los
propietarios de las tierras donde se descubre el mineral piden mayores
arriendos, y los trabajadores mineros, mejores pagas, incluso con huelgas como
las que este año se han registrado en Perú o en Chile. "Las comunidades
piden salud y educación. Además, el escenario social se torna más complejo por
los impactos ambientales, que llevan a prohibiciones de la actividad",
comentó la analista de la CEPAL. En Argentina, por ejemplo, varias provincias
han prohibido por ley la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, pero
otras dos, La Rioja y Río Negro, han vuelto sobre sus pasos, al tiempo que una
norma nacional ha protegido los glaciares que a veces se destruyen para
perforar las montañas. En La Rioja, ciudadanos del pueblo de Famatina bloquean
desde hace casi dos semanas la carretera que conduce a una mina de oro. En
México se han registrado episodios de violencia entre los empleados de las
empresas y los pobladores.
"Asistimos a un ciclo económico
que implica una nueva división del trabajo entre países centrales y el
Sur", opinó Maristella Svampa, investigadora social del colectivo Voces de
Alerta, en el seminario del IADE. "Los países centrales trasladan las
actividades extractivas al Sur para cuidar su medio ambiente. Se busca la
sobreexplotación de recursos naturales, cada vez más escasos, y la expansión de
las fronteras (de la explotación) a zonas antes consideradas improductivas. La
economía latinoamericana se reprimariza", añadió esta catedrática opuesta
a la gran minería. Svampa consideró que esta actividad vulnera derechos
ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas.
El asesor académico de la
Organización Latinoamericana de Minería (Olami), el geólogo Roberto
Sarudiansky, le contestó que esta actividad "se puede hacer bien", es
decir, con bajo impacto ambiental, y "el mundo no puede vivir sin
ella". El representante de la Olami, entidad que encabezan los empresarios
mineros de la región, pero también agrupa a otros actores sociales interesados
en el asunto, alertó sobre una "demonización de la minería". Svampa
señaló que, cuando un proyecto de inversión se radica en una zona, en general
no se tiene en cuenta la opinión de los pobladores. Precisamente eso es lo que
se debate por estos días en Cajamarca.
Fuente:
ALEJANDRO REBOSSIO - ELPAIS.COM - 15/01/2012
Fuente:
ALEJANDRO REBOSSIO - ELPAIS.COM - 15/01/2012
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