La nueva empresa
recolectora de basura en Río Cuarto, está en funcionamiento desde el 1º del
corriente mes de setiembre. Los reclamos por el contrato de traspaso celebrado entre Gamsur y Cotreco,
dejan más dudas que certezas y así el justicialismo reclama que funcione la
institucionalidad que las circunstancias ameritan de acuerdo a la legislación
de la ciudad. A tal fin expresaron y fundamentaron su desacuerdo en una carta
documento donde califican la negociación como “ostensiblemente ilegal”.
Cómo ciudadanos
sin ser expertos en temas legislativos, pero a
la luz del sentido común es muy difícil de considerar aceptable que un
contrato que define la prestación de un servicio básico como es el de recolección
de basura por un monto significativo de 352 millones de pesos sea sencillamente
decidido por el ejecutivo municipal.
Los que
mantenemos el anhelo de que el sistema
democrático sea más claro y transparente, esencia de las demandas populares del
año 2001, observamos con preocupación esta actitud del actual gobierno
municipal y coincidimos con el pedido de pleno cumplimiento del orden legal,
para lo cual están los poderes de la democracia en funcionamiento.
Por otro lado,
por estos días en que el justicialismo cordobés acordó bajar la lista de
diputados provinciales del “cordobesismo”,
cómo lo definió De la Sota en un gesto de apoyo a la Presidenta con el camino libre
a los representantes del Frente para la Victoria. Entonces en nuestra ciudad el
Director de Radio y Televisión Argentina, ex rector de la UNRC, ex intendente y ex legislador nacional Alberto Cantero adelantó según
leemos: que ahora sí habrá fuertes inversiones de la Nación en la provincia de
Córdoba. “Veníamos trabajando para que hubiera un acuerdo de políticas nacional
y provincial y ahora se dio. La Provincia debe tener una fuerte inversión en
materia vial, de viviendas, energía, agroindustrial y agropecuaria en general. Trabajando
con la Nación tiene enormes posibilidades de concretarlo porque en los próximos
cinco años se va a consolidar el modelo económico y va a favorecer a Córdoba”.(1)
Nuestras conclusiones son en base los razonamientos que nos ofrece esta realidad,
por un lado se exige en la ciudad que no gobierna el PJ que se cumplan los
pasos legales y la plena vigencia de la institucionalidad, en lo referente al
caso del traspaso de un servicio urbano. Y por otro parte, leyendo las
declaraciones de un funcionario allegado al kirchnerismo, vemos que no se
procede de la misma forma en cuanto a la vigencia plena de los derechos
federales, dado que para lograr el
progreso y la satisfacción de las necesidades que reconoce el funcionario existen
para la ciudad y la provincia, el paso necesario es el de sumarse sin chistar a
un proyecto nacional. Los recursos que deben llegar a la provincia, para que
las autoridades que representan al pueblo de la misma decidan los planes de obras, dependen no de
la legislación sino de la voluntad política de los que construyen su poder verticalmente
desde la Casa Rosada, atado a los dividendos que distribuyen los que manejan la
caja. Ejemplos de estos vimos demasiados en estos ocho años de kirchenrismo en
todo el país y en la región basta darse
una vuelta por Villa María, Las Acequias o Alejandro para darse cuenta cómo
funciona el sistema de reparto entre los amigos y los no tan amigos del poder
central.
Doble discurso de los dirigentes justicialistas locales por estos días que reclaman por un contrato que se
olvidó de pasar por los estamentos en los que se merece el análisis de los
representantes de la gente, pero a su vez en la voz de Cantero se alegra de que
la provincia se encolumne disciplinadamente con el gobierno nacional. Sería
bueno recordarle al ex legislador, que si no hubiera sido por la presión
popular la Resolución 125 no hubiera tenido tratamiento legislativo. Pero esa
es otra historia, que bien convendría tener presente cuando se reclama por
actos que comprometen la institucionalidad.
CIUDADANOS
AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
Datos : Puntal 5
de setiembre del 2011
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