El productor rural Carlos Vettorazi en la primavera del 2008 destapó la olla, y quedó sembrada la duda con respecto a las maniobras que habrían determinado que los campos expropiados para construir la represa Zelegüa, fueron especialmente apetecidos para cultivos agropecuarios, en cuyo tramado para tal explotación comprometió seriamente a los intendentes de tres localidades vecinas a Río Cuarto: Miriam Sánchez intendenta de Chaján, junto a los intendentes Santiago Bordese de Sampacho y Heraldo Pontel de Suco. Vinculados con el hecho aparecieron también el juez de Paz Gustavo Reinoso de Chaján y el abogado Silvio Parisato de la Procuración de Córdoba.
El caso llegó a la Justicia donde el fiscal Julio Rivero, quien inició la investigación, había solicitado la acusación de los sospechosos tras advertir irregularidades por un presunto negociado. En tanto el Juez de Control, Daniel Muñoz, había dispuesto sobreseer a los intendentes, la Cámara Segunda del Crimen dispuso revocar esta decisión y los mencionados funcionarios irán a juicio, de acuerdo a este criterio. Se les imputa el delito de coautores de violación de los deberes de funcionario público y negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública en grado de tentativa. El juicio será bajo la modalidad con jurados populares, en fecha a determinar. Por el momento se ha interpuesto un recurso de casación.
Ante esta situación procesal de los funcionarios, en la localidad de Sampacho, el concejal Carlos Hugo Mondino solicitó ante el órgano legislativo la suspensión del intendente Bordese. De su parte de prensa leemos:
“En la sesión del día jueves 15 de abril el tema fue tratado en el Concejo y no pudo ser aprobada la suspensión por el voto negativo de la mayoría oficialista."
El Concejal fundamentó su petición en el hecho de que en octubre del 2008 el Bloque oficialista de Unión por Córdoba votó por mayoría la suspensión del funcionario "sin más trámite" en caso de que la causa fuera elevada a juicio.
Llamó profundamente la atención de que se desoyera no solo aquella decisión asumida por los mismos Concejales que hoy se contradicen, sino los riesgos que se asumen al desoir el mandato de la Ley Orgánica Municipal 8102, que en su artículo 112 expresa claramente que debe ser separado del cargo todo funcionario imputado cuya causa se eleve a juicio.”
Pero parece que no todos en el Justicialismo están a favor de la votación que permitió al intendente Bordese seguir en su cargo dado que la información refiere que entre el público que asistió a la reunión del Concejo se encontraba el representante del Partido Justicialista de Sampacho, Raúl Gallegos quien fue autorizado a hacer uso de la palabra y expresó "que en nombre y representación del Partido Justicialista de Sampacho viene a adherir públicamente al pedido de suspensión presentado por el Concejal Mondino de la Coalición Cívica".
Las conclusiones que podemos sacar de esta situación es que hay una ley que regula el funcionamiento del municipio y que la misma se debe cumplir, no sólo en Sampacho sino en los otros municipios con intendentes en igualdad de condiciones en esta situación judicial. También apreciamos que las pugnas entre las distintas fracciones de un mismo partido político existen en todos lados, independientemente del tamaño de una población.
Sería realmente interesante conocer en qué fundamenta Unión por Córdoba su falta de apego al cumplimento de la norma. No es una simple curiosidad, es una demanda por esclarecer una situación que hace a la calidad de democracia que tenemos, y eso importa en cualquier lugar del país.
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
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