Las secuelas de los gobiernos dictatoriales dejan su marca en la historia de los pueblos. Por estos días nuevamente, ha tomado público y notorio protagonismo la figura del juez español Baltasar Garzón quien estuvo especialmente abocado a la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en las dictaduras latinoamericanas. Hoy en su tierra española pretende investigar los crímenes cometidos durante el franquismo y por esta razón ha sido acusado de un presunto delito de prevaricato.
La situación ha provocado una condena importante en distintos ámbitos y desde los medios de prensa de todo el mundo se han expresado al respecto. Por ejemplo, Una injusticia en España, es lo que dice New York Times: "Los verdaderos delitos son las desapariciones, no la investigación del juez. Si, como parece, se trataban de crímenes contra la humanidad, la amnistía de 1977 no podía absolverlos", al referirse a la ley de amnistía española de ese año.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha lamentado el nuevo jarro de agua de fría que supone el rechazo del recurso presentado por el juez Garzón para defender su investigación sobre los crímenes del franquismo. "Si se sienta en el banquillo, se estarán sentando con él miles de hombres y mujeres que llevan décadas esperando a la justicia y que no han podido todavía ejercer sus derechos", aseguran en un comunicado. Las asociaciones de memoria entregaron al juez Garzón los nombres, documentados de 130.000 desaparecidos por el franquismo, lamenta que Garzón "vaya a ser juzgado por haber cumplido el deber de cualquier representante de la justicia de investigar los crímenes de la dictadura franquista", mientras, añaden, "los violadores de derechos humanos se mueren disfrutando de privilegios como la impunidad".
"El sistema judicial español lleva prevaricando más de tres décadas porque no ha sido capaz de juzgar ninguno de los miles de asesinatos y violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura", añaden en un comunicado. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que quienes han prevaricado son los jueces de primera instancia que al notificarles el hallazgo de restos humanos con signos de muerte violenta (impactos de bala, huesos rotos...) no han acudido a las fosas y han abierto una investigación.
Así expresando que: "Nos basamos en los mismos principios por los que Garzón juzgó desde España la dictadura argentina y la chilena: la jurisdicción universal", el Dr. Carlos Slepoy, abogado argentino, especialista en temas de Justicia Universal y premio internacional de Derechos Humanos 2008, señala la posibilidad que se concretó el 14 de abril pasado de recurrir a los tribunales argentinos.. "En España se han paralizado las investigaciones sobre los crímenes del franquismo y los tribunales argentinos pueden intervenir para frenar esa impunidad".
El Dr. Carlos Slepoy se convirtió entonces en el gestor de esta demanda en nuestro país.La querella abarca el periodo comprendido entre la Guerra Civil y el último día de la dictadura de Franco. De ser admitida a trámite, los querellantes solicitarían un listado completo de todos los dirigentes de Falange -uno de los grupos que ha sentado a Garzón en el banquillo-, la Guardia Civil, el Ejército y los Gobiernos franquistas que continúan vivos para depurar responsabilidades. Además, pedirían a modo de pruebas el censo de víctimas y desaparecidos, el mapa de fosas comunes halladas en España y toda la documentación recabada por el juez Baltasar Garzón cuando decidió investigar los crímenes del franquismo.
Una interesante entrevista digital realizada on line al Dr. Slepoy, publicada por El País nos permite interiorizarnos de esta situación y entender un poco más su compleja trama, es sumamente ilustrativa y le aconsejamos su lectura:
Entrevista digital del abogado Carlos Slepoy por el caso del Juez Baltasar Garzón
¿Por qué cree usted que no acusaron por prevaricación al juez Garzón cuando investigó las dictaduras latinoamericanas y sí cuando ha investigado la española?
El juez Garzón actuó en cumplimiento de lo que ordena la ley española, es decir, la persecución de crímenes lesivos para la humanidad, aun cuando se cometan fuera del territorio español. Con más razón, esos mismos crímenes deben ser perseguidos cuando se cometen en el propio territorio. Por eso es incomprensible que se le acuse en este momento de prevaricación. En todo caso, las resoluciones de Garzón en lo esencial fueron confirmadas tanto por la célula de lo Penal de la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo.
Somos muchos los que opinamos que en España, desde 1936 se cometió un genocidio y que por tanto nunca podrán prescribir esos delitos. ¿Qué opina usted?
Efectivamente, es así. El genocidio se comete desde el comienzo del alzamiento nacional hasta el fin de la dictadura franquista, sin perjuicio de que la mayor criminalidad masiva se produce en las dos primeras décadas del régimen. También en el caso de la dictadura argentina, que duró siete años, la mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos se produjeron en los tres primeros años, lo que no impidió que la investigación judicial se extendiera a todo el periodo de la dictadura, tanto por parte de los tribunales españoles como ahora por parte de los tribunales argentinos que, anuladas las leyes de punto final y obediencia debida, están juzgando a los criminales.
¿Qué consecuencias en el proceso puede tener el hecho de que gran parte de los acusados hayan fallecido?
El periodo de investigación que nosotros proponemos abarca toda la dictadura. Se extiende hasta las primeras elecciones democráticas, es decir, hasta el 15 de junio de 1977. Como se comprenderá, es innumerable el número de responsables que hoy están vivos, y muchos de ellos, con posiciones de poder político, económico o social dentro de la sociedad española.
¿Por qué han presentado ustedes una querella contra el franquismo?
Se ha presentado como consecuencia de la aplicación del principio conforme al cual deben ser perseguidos internacionalmente todos los que cometan crímenes como los que cometió el franquismo y, sin duda, incentivados por la impunidad que sobre los mismos existe en España y la paralización de las actuaciones judiciales del juez Garzón, que pretendían terminar con esa impunidad.
¿Por qué vía se plantea presentar la querella, por genocidio o por crímenes de lesa humanidad?
La querella se presentó ante los tribunales federales argentinos que son los competentes para juzgar este tipo de delitos internacionales. Hemos calificado los hechos como genocidio porque entendemos que esto es lo que sucedió en España, aunque subsidiariamente también lo hacemos por crímenes de lesa humanidad. El genocidio es un crimen que se comete cuando el propósito de destruir grupos humanos enteros dentro de una nación a efectos de crear una sociedad sin la existencia de los mismos. El represor se propone depurar la nación y llevar adelante su proyecto político, económico y social sin la presencia de los mismos. La represión por tanto es discriminada y se elimina a los individuos con el objetivo de destruir su grupo de pertenencia. Los crímenes de lesa humanidad, en cambio, son también crímenes masivos, pero indiscriminados, constituyen ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, pero no es su propósito reorganizar o recrear la sociedad en la que se cometen.
¿Puede explicarnos cómo es el clima en Argentina de cara a la querella que ustedes van a presentar sobre el franquismo? ¿Este clima se está dando en otros países de su entorno?
A diferencia de lo que ocurrió en su día con la apertura de los procedimientos en España en relación con el genocidio cometido en Argentina y Chile, que se instruyeron durante mucho tiempo sin ningún tipo de apoyo, esta querella ha recibido la adhesión unánime y calurosa de infinidad de personas y organizaciones sociales y de derechos humanos desde el mismo momento en que fue anunciada su presentación. Ha despertado una enorme expectativa no sólo en Argentina, sino en muchos países de América Latina en donde residen muchísimos españoles exiliados del franquismo. Por otra parte, en el momento en que se iniciaron los procedimientos en España respecto de lo sucedido en Argentina y Chile, nadie prácticamente había oído hablar del principio de jurisdicción o justicia universal. Hoy, pasada algo más de una década y por la influencia en gran medida de los procedimientos abiertos por parte de la justicia española en la aplicación de este principio, la gente siente que éste es un modo legítimo y eficaz para perseguir a criminales internacionales y deposita entonces su confianza en que el procedimiento que ahora se abre será útil para terminar con la impunidad de crímenes que se cometieron durante 40 años y fueron silenciados durante algo más de otros 30, generándose la sensación de que nunca podrían ser juzgados.
¿No hubiese sido mejor intentar impugnar la Ley de Amnistía por ir contra los derechos humanos que intentar obviarla pues en un estado de derecho un Juez debe aplicar la Ley que hay aunque no le guste?
En primer lugar, el juez Garzón ha interpretado, y nosotros compartimos esa interpretación, que la ley de amnistía sólo ampara delitos con intencionalidad política, y no pueden considerarse como tales delitos como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Así lo establecen múltiples resoluciones internacionales y en general los convenios de extradición, que establecen que se extraditarán a personas acusadas de delitos políticos pero no se considerarán como tales los crímenes lesivos para la humanidad. Lo cual quiere decir que es posible llevar adelante estos procesos en España aun subsistiendo la ley de amnistía, aunque, como ya lo ha manifestado por ejemplo el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esa ley debería ser derogada. En segundo lugar, aunque la ley de amnistía expresara que los responsables de estos crímenes quedan amnistiados, sería contraria a las normas imperativas del derecho internacional, por lo que cualquier juez debería aplicar este derecho, que es de rango superior al derecho interno de los estados. En tercer lugar, el modo más eficaz de impugnar la ley de amnistía y conseguir que los crímenes no queden impunes, es precisamente a través de las actuaciones judiciales. Así ha ocurrido en relación con las leyes de impunidad de Argentina y Chile, que fueron anuladas tras el desarrollo durante varios años de procesos judiciales que declararon la contrariedad de los mismos con las leyes internas y del derecho internacional.
Agradecemos poder conocer estas esclarecedoras respuestas del prestigiado jurista argentino radicado en España, Dr. Carlos Slepoy y realmente no podemos menos que adherir a sus finales reflexiones que figuran en la despedida de su entrevista
Agradezco las preguntas, lamento no haber podido explayarme más sobre las mismas, y quiero destacar ante algunas insinuaciones respecto de qué hace un abogado argentino metiéndose con cuestiones de España, dos cosas. En primer lugar, que vivo en España desde hace 32 años, tengo la nacionalidad española, en España se han criado mis dos hijas y ha nacido mi hijo, he vivido momentos dolorosos y felices en este país, especialmente en lo que se refiere al extraordinario aporte que se hizo desde España para que terminara la impunidad en Argentina y Chile. Y en segundo lugar, y fundamentalmente, lo que ha ocurrido en España es motivo de preocupación y dolor para cualquier ciudadano del mundo. Llegará el tiempo en que se sienta ya definitivamente una conciencia universal de que los enemigos del género humano deben ser perseguidos en todo tiempo y en todo lugar. Será posible entonces pensar en un mundo mejor.
Fuente: El País de España. Abril 2010
Audio con entrevista al Dr. Carlos Slepoy realizado por Radio Univ. de Bs.As.. Quienes y porqué quieren inhabilitar al juez Baltasar Garzón
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO.
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