Aguas bravas: Los casos de las presas del Sur de Córdoba

Las represas del Sur de Córdoba fueron un proyecto ampliamente aceptado por la necesidad de contener el agua y así evitar las inundaciones que en los veranos lluviosos anegan campos, cortan rutas y causan todo tipo de perjuicios a los productores y pobladores en general. Hasta aquí todos de acuerdo, ahora que algunos de dichos embalses son una realidad, aparecieron los entretelones que desnudaron una de las tramas más oscuras de su origen y tiene que ver con los pasos administrativos que se siguieron para lograr las tierras en las que se construyeron.

Los campos en los que se asentaría la presa Zelegua, que aún no se comenzó a construir fueron objeto de un proceso judicial que inició el productor Vetorazzi por el posible uso ilegal de las tierras que serían explotadas para producción agrícola en beneficio de tres localidades de la región: Chaján, Sampacho y Suco. Por lo menos ese fue el argumento empleado por las autoridades de dichas localidades: Miriam Sánchez, Santiago Bordese y Heraldo Pontel respectivamente, que cayeron en serias contradicciones ante los medios a la hora de explicar cómo sería la explotación de las mismas hasta tanto comenzara la obra pública y figuran documentadas sus palabras por cámaras ocultas harto sospechosas. Como por si fuera poco el Juez de Paz, Gustavo Reynoso y Silvio Parisato un abogado de la Procuración General de la Provincia figuraban implicados. El Juez de Control Dr. Daniel Muñoz a comienzos de este mes de mayo del cte. año los sobreseyó, pero la tranquilidad les duró poco a los funcionarios cuestionados porque el fiscal Rivero a mediados de este mismo mes, apeló la medida sosteniendo que dicha resolución no se condice con las pruebas existentes, dado que entre otras cosas señala que los intendentes no estaban facultados para disponer de estas tierras, ni el funcionario de la Procuración “podía firmar acuerdo para dar en cesión la tierra a los municipios”, así como el Juez de Paz “omitió actos y deberes de su cargo judicial y legalmente impuestos” y señala así el fiscal otras tantas irregularidades en que basa la apelación.

Como el tema muestra una administración bien a lo “argentino”, nuevamente el manejo de otras tierras expropiadas con el mismo fin, hacer embalses, merecen hoy un lugar entre las noticias regionales, esta vez le toca el turno a la presa de Achiras. El Dr. Horacio Juárez Peñalva inició un juicio a la provincia dado que habiendo el gobierno cordobés expropiado 30 hectáreas de su campo para la presa mencionada en el año 2004, no sólo no pagó al propietario sino que no se siguieron los pasos legales correspondientes que consisten en iniciar un proceso judicial, informar sobre la declaración del bien como utilidad pública y depositar el monto que está dispuesta a pagar por las tierras a usar.

Así, ante esta situación en este país en el que “el ladrón persigue al Juez”, como dice la canción de M.E. Walsh, ahora el propietario debe iniciar una “expropiación inversa” para poder cobrar el valor de una propiedad que habiendo sido tomada por la provincia no mereció el resarcimiento económico correspondiente.

Y la situación da para más dado que el ex intendente de la localidad de Achiras y entusiasta defensor del proyecto de la presa Juan Bautista Otamendi, se encuentra en calidad de propietario de un bien rural en la misma situación que la planteada por su vecino, dado que le tomaron 60 hectáreas de su propiedad con idéntico fin, sin poder cobrar hasta la fecha. Estamos hablando que todo esto pasó en el año 2004, y que la represa está concluida. Otamendi reclamó con una carta al gobernador Schiaretti, en…diciembre del 2008 !! o sea a cuatro años de este hecho, y hasta ahora no recibió respuesta.

Lo más notable de esta historia es que el titular de la Procuración de la Provincia, Alfonso Mosquera, es un político procedente de nuestra ciudad. Los casos que señalamos competen a localidades regionales, vecinas a Río Cuarto. Así, Mosquera expresa que desconocía lo que sucedía en estas tierras, a la vez que aclara que sólo se trata de una cuestión de reclamo de pagos y que es el área de Finanzas la que debe responder; así como añade la información, que Mosquera destaca que no hay ninguna irregularidad en el proceso.

Quisiéramos verlo a este notable funcionario en calidad de propietario rural damnificado, para ver cómo hubiera actuado más aún cuando las autoridades de Chaján, Suco y Sampacho se afilaban las uñas para sembrar maní con sus interesantes dividendos en las tierras expropiadas. Hay algo que es el lucro cesante y que le va a costar bastante caro a quien le toque pagar, que no dudamos que serán las arcas de tesoro provincial, o sea el pueblo de la provincia, dado como han actuado estos funcionarios que nos defienden y que como no se cansa de pregonar el gobernador Schiaretti y su tropa “defienden al campo”.

Sirvan estos casos como ejemplo, para que apreciemos cómo lo defienden.

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO

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