El Congreso de Perú aprobó ayer la derogación de los decretos que cuestionaban las organizaciones aborígenes y que habían originado protestas que derivaron en choques con más de dos decenas de muertos.
El proyecto de ley fue aprobado por 82 votos y 12 abstenciones, al cabo de un intenso debate de cinco horas, y apenas un rato después de que el mismo Congreso aprobara una interpelación al jefe del Consejo de Ministros, Yehude Simón, y a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, para que expliquen el operativo del 5 de junio. Con estas derogaciones, el gobierno espera que las comunidades indígenas restablezcan el orden en la Amazonia, donde hasta esta tarde mantenían bloqueadas dos carreteras, en las regiones de Amazonas y de Loreto, consignó la agencia Ansa. Según los indígenas, los decretos iban a permitir la explotación indiscriminada de petróleo, la minera y la forestal, pero el Gobierno reiteró ayer que buscaba reprimir la tala ilegal de bosques y el narcotráfico, entre otros delitos. Aún así, se comprometió a impulsar su derogación en el Parlamento, lo que le valió cuestionamientos hacia adentro de su propia bancada y de parte de aliados. La derogación supone también un mejor clima para la visita que Simón y Cabanillas deberán hacer el miércoles al recinto, según votó ayer el Congreso por 60 sufragios, con dos abstenciones y 31 rechazos, estos casi todos del oficialismo. Si los ministros no convencen en sus explicaciones en la sesión, se podrá dar paso a una moción de censura que, de prosperar en el caso de Simón, implicará la caída de todo el gabinete. Simón anunció a inicios de semana que renunciará al cargo cuando en la Amazonia se recupere la calma y terminen las negociaciones con los aborígenes, lo que ahora parece más cercano. El presidente Alan García había señalado el miércoles por la noche, en un mensaje a la nación, que los decretos 1.090 y 1.064 tenían más bien el objetivo de frenar la tala ilegal de bosques, el narcotráfico y la contaminación de la minería ilegal, y que su gobierno cometió el "error" de no haber dialogado con las comunidades antes de emitir esas normas. García, que cumplirá en julio el tercer año de su mandato de cinco, atribuyó los errores de su gobierno por no haber dialogado con las comunidades amazónicas antes de emitir un conjunto de decretos presidenciales para desarrollar, según dijo, la Amazonia e impedir en esa región la tala ilegal de bosques, el narcotráfico y la contaminación por parte de la minería informal. El 5 de junio, la policía reprimió un corte de ruta en la localidad de Bagua, hecho que luego devino en un enfrentamiento, con un saldo de 34 muertos, 24 de ellos policías, según el Ejecutivo, aunque los nativos denuncian otros 25 muertos propios. Un poco antes de la votación en el Congreso, el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, y las comunidades campesinas de la sur andina región de Apurimac, en paro desde hace ocho días, habían acordado una tregua hasta el martes; las autoridades regionales gestionaban el desbloqueo de otras vías. Los dirigentes del Frente de defensa de los derechos de los campesinos de Apurimac se comprometieron con Leyton a desocupar el aeropuerto de la ciudad y desbloquear tres carreteras que comunican a la provincia de Andahuaylas con diferentes puntos del país. La tregua concluirá el martes, cuando el jefe del Consejo de Ministros, Yehude Simón, viaje a la zona para atender los reclamos de los campesinos, uno de ellos la derogación de la ley de recursos hídricos, que regula el uso del agua, pero que los campesinos afirman que permitirá la privatización de ese recurso. Ayer, el alcalde del distrito de Huancarama, Carlos Cavero, del gobernante APRA, fue tomado como rehén y, frente a la iglesia, azotado por campesinos que llegaron a la sede municipal con piedras y palos, y le cuestionaron no haberse sumado al paro de los campesinos. Además, hoy se informó de bloqueos en otras dos carreteras: en las regiones de Cusco y en Junín.Fuente: Los Andes
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