Cuando trascendió a los medios de prensa y tomó así estado público, hace un año, la denuncia por sospechas de irregularidades en convenios firmados entre la Fundación de la UNRC y la Conae (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), la ciudad sensibilizada con los hechos de la casa de altos estudios a partir de las explosiones de la Planta Piloto, esperó que este otro tema fuera a la brevedad aclarado no sólo porque el ámbito universitario necesitaba conocer que pasó, sino que la ciudadanía toda espera de las instituciones gestos de seriedad y transparencia cuando del manejo de los recursos se trata como en este caso.
No es un dato menor el interés de la ciudad en saber que pasó, la situación se plantea en una entidad pública de prestigio como es la UNRC, tampoco se trataba de un episodio esporádico dado que los convenios sospechosos son nueve y aún que hubiera sido uno transmitía la presunción de irregularidad que amerita que se someta a una investigación.
Pero comenzó a transcurrir el tiempo y el tema fue perdiendo vigencia, así nos informamos que aún hoy no se ha dispuesto la iniciación de sumarios y ésta es una resolución del cuerpo colegiado más elevado de la casa de altos estudios o sea hablamos del Consejo Superior. Este cuerpo debía expedirse a favor de archivar la causa, iniciada en abril del año pasado o iniciar sumario para dilucidar la actuación de Diego Moitre, ex decano de Ingeniería, Carlos Bortis, ex vice decano y Esteban Carranza, docente de esa facultad.
Dicha causa llegó a la Justicia y así el Juez Federal Carlos Ochoa, solicita las actuaciones a la UNRC, y en virtud de tal situación, hasta que no se expida la Justicia no habrá resolución sobre dicho tema por la Universidad, con la salvedad de no excederse más allá de un año, para que no prescriba la causa a nivel administrativo, de acuerdo a lo resuelto en votación dividida por el Consejo Superior a instancia del rector Oscar Spada.
Como están planteadas las cosas, desde el punto de vista del vecino común, podemos deducir que la UNRC como tal tiene y debe ejercer el derecho de autonomía que le corresponde para resolver un tema administrativo interno. También tiene el deber de explicarnos a los que pagamos impuestos que pasa con los fondos públicos y así como comunidad esperamos respuestas desde el lugar al que van nuestros hijos a formarse no sólo como profesionales, sino y fundamentalmente como ciudadanos de una democracia.
¿No correspondía entonces, qué en este caso como en el accidente de la Planta Piloto, se iniciara un sumario conjuntamente con la causa judicial?
¿Por qué no se hizo ya esa investigación interna? Se presupone que tal sumario esclarecería una duda y no necesariamente dictaría una sentencia contra los implicados. Pero… parece ser que como este caso no es complejo pero si comprometedor, es mejor que lo resuelva otro que correr con los costos de las propias decisiones.
Otra lectura merecen los números de la votación, la situación fue resuelta por 12 votos a favor y 8 en contra. Así, el Rector y cuatro Decanos votaron por la suspensión del tratamiento del tema, o sea los de mayor jerarquía apoyan mantener esta situación de incertidumbre, sólo un Decano votó en contra, conjuntamente con los docentes que apoyaron con su decisión el esclarecimiento del caso vía sumario y no su postergación a expensas de la resolución judicial. Aquí como en el resto de los problemas sociales nos cabe pensar si el interés por lograr esclarecer una situación es mayoritario en las bases que en la conducción que actuaría con una conducta corporativa desde el nivel ejecutivo.
La población espera que se trasmitan hechos que demuestren responsabilidad y ecuanimidad en el manejo institucional para poder mantener la credibilidad en el funcionamiento de una Universidad a la que todos en la ciudad y la región le debemos tanto.
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
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