¿Por qué no investigar?

El tema de la recolección de basura fue uno de los que recibieron al nuevo intendente de la ciudad Juan Jure, como un felino agazapado, que con el transcurso de los días comenzó a dar sus primeros zarpazos en esta nueva gestión. Luego de un puntapié inicial con quema de basura frente a la Municipalidad como aperitivo, empezaron a hablar los números. Esos números que siempre fueron esquivos, importantes e irritantes para todos los sectores comprometidos: la empresa mixta Gamsur, a cargo del servicio que no se conformaba con lo ofrecido solicitando 12.500.000 millones de reajuste por sus mayores costos durante el 2008, la Municipalidad con sus arcas debilitadas que ofrecía 7.500.000 luego de haber coqueteado con acordar por una cifra de 11.000.000 y los ciudadanos que intuíamos que el impuestazo estaba destinado a cubrir desfasajes administrativos, como el que se presumía ocurría con la citada empresa de la que somos socios todos los riocuartenses a través del municipio.

Si algo le faltaba a esta situación era que se solicitara una Auditoría desde el Tribunal de Cuentas que aportara sus cifras. De acuerdo a ésta, la cifra tan esperada de mayores costos es de 5.000.000, que surge de analizar los documentos y aplicando la consabida “fórmula polinómica” que a juzgar por las diferencias que genera parece ser tan eficaz como la rezonificación y el revalúo inmobiliario, reconocido error de esta administración. Eso sí, la fórmula en cuestión es un bien hereditario, de arrastre, pero a la suma de 7.500.000 la calcularon desde la Secretaría de Economía a cargo del actual secretario Guillermo Mana, utilizando por supuesto la misma fórmula citada.

En esta danza de números, era la cifra que faltaba para que explotara la cuestión de fondo: el manejo administrativo de Gamsur. Así, el cuestionamiento no se hizo esperar, y abroqueló a las fuerzas del Concejo. Por un lado el oficialismo, y el PJ se unieron en sus cuestionamientos al Tribunal de Cuentas y le imputan “extralimitarse en sus funciones”, y por otro los concejales Scoppa (Coalición Cívica), y Novo (Frente de la Gente) en absoluta minoría pero comprendiendo la importancia de su presencia en el legislativo, recurrieron a la Justicia pidiéndole que investigue la situación, no sólo del 2008 sino de los períodos anteriores. Toma parte así la Justicia ordinaria, y la Federal a la que se le solicita investigar la presunta evasión impositiva.

Ese otro gesto, fue como echar nafta al fuego: desde la UCR salieron a apoyar al intendente Jure, y en el bloque oficial la disidencia de opinión del concejal Cendoya, lo dejó en una incómoda posición. Así juntos, el intendente Jure, y los bloques oficialista y del PJ esperan informes del Tribunal de Cuentas y del secretario Mana.

No se trata en esta oportunidad de cuestionar una gestión, ni de cargar responsabilidades a priori, simplemente se trata de saber qué pasó con el manejo de los fondos públicos, o sea del dinero de la comunidad. ¿Por qué no se puede investigar?

Hace unos días atrás se planteaba la misma cuestión en la UNRC donde el Consejo Superior dispuso esperar la resolución de la Justicia, antes de definir si iniciaba sumarios por una situación interna de convenios firmados entre la Fundación de la UNRC y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). Ante esta situación se decidió esperar la resolución judicial antes de iniciar sumario por algo que pasó ya hace un año.

Escuchando las expresiones del ex Fiscal Garrido de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas basada en su experiencia a cargo de dicho ente, que terminó con las investigaciones acerca de ex Secretario de Transporte Jaime, observaba la conveniencia de que en el sistema democrático, los poderes como tal controlen e investiguen el funcionamiento de las estructuras administrativas, y por ende sus supuestas irregularidades, que en el caso referido a Jaime y la Secretaría de Transporte correspondía darle participación al Parlamento al mismo tiempo que actuaba la Justicia, dado que los tiempos son distintos, siendo el camino judicial más lento. Una investigación no desautoriza la otra, y Garrido sabe bien de qué estaba hablando.

¿No es comparable a lo que estamos viviendo en nuestra ciudad, tanto en la UNRC como en la Municipalidad? ¿Por qué desde las mismas autoridades que tendrían que articular estos procesos de esclarecimiento, se deslindan responsabilidades, y se inicia un tortuoso camino de condenar a priori a quienes pretenden desentrañar las madejas administrativas? ¿Los partidos políticos no tendrían que ser los primeros en sumarse a la posibilidad de conocer las verdades de situaciones que comprometen a sus integrantes en los gobiernos de turno? Si todo está bien: mejor, no sólo saldrán favorecidos los que gobiernan, sino que la dirigencia ganará credibilidad y así fortaleceremos la democracia.

Aquí no se trata de ofender a nadie, sino de mostrar con las pruebas al canto que el dinero público fue prolijamente administrado, porque echar mano al bolsillo de la gente con un impuestazo, cuando tenemos la sospecha de que se ha barrido basura debajo de la alfombra es bastante irritante para la población, que sostiene las arcas con su dinero.

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO