Los juicios por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar continúan en todo el país. En el primero que
se desarrolló en Bahía Blanca, se
investigaron crímenes cometidos en el centro clandestino de detención “La Escuelita” y las sentencias se
conocieron el pasado 12 del corriente. Se trató de la causa caratulada “Bayón, Juan Manuel y otros por
Privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos
reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en Área
controlada operacional Cuerpo Ejército V”. Así, el Tribunal Oral Federal
subrogante de Bahía Blanca condenó a cadena
perpetua a 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos
desde el V Cuerpo de Ejército.
Además ordenó 17 años y medios de prisión para dos de ellos y 18 para el
restante .El tribunal ordenó que se enviara a una cárcel común los a los ex militares y policías condenados a
prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 90
personas durante la última dictadura militar.
Entre los condenados a cadena perpetua figura Mario Carlos Méndez, nativo de esta ciudad de Río Cuarto, coronel retirado de 58 años. La sentencia es por los delitos de secuestros, torturas y el
homicidio de tres personas en dos operativos que tuvieron como víctimas
a Daniel Hidalgo, Olga Silva Souto
Castillo y a Patricia Acevedo. Méndez, a quien apodaban “el loco
de la guerra”, había recibido reconocimientos por sus actuaciones
en estos dos operativos. Además, Méndez también estaba acusado del secuestro
y torturas contra un grupo de estudiantes
de distintos cursos y un profesor de la Escuela Nacional de Educación
Técnica Nº 1 “Ingeniero César Cipolletti” de Bahía Blanca. Además mientras se desarrollaba esta causa,
sobre el riocuartense ya recaía otro procesamiento, por la coautoría
de la privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público,
agravada por haber sido consumada con amenazas y violencias en perjuicio
de María Graciela Izurieta, una
joven que se encontraba embarazada de 7 semanas, y como “partícipe
necesario” en la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio
agravado por alevosía en contra de Izurieta,
Ricardo Gabriel Del Río y Carlos Roberto Rivera.
En su alegato, el fiscal Abel Córdoba había indicado: “La responsabilidad de Méndez
queda fundamentada en su actividad. Hay una preponderancia de la actividad
operativa por sobre el destino formal, que era la Compañía Comando y
Servicios, pero en realidad su destino eran los operativos. Aparece
en todos los operativos en los que hay oficiales identificados, como
uno de los preponderantes.”
Otras resoluciones importantes del fallo ordenan a
los juzgados federales a investigar la posible comisión de delitos por parte
del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones
que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados propuestas
por el V Cuerpo de Ejército;
la
complicidad del cura católico Vara;
dio curso a cuatro pedidos de falsos testimonios solicitados por la Fiscalía y
rechazó un planteo similar de las defensas contra un integrante del Equipo de
Antropología Forense. Con respecto al
diario propiedad de la familia Massot, sostuvo el fiscal “No
me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario
no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó
en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados
en 1976.
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
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