El 4 de diciembre de 2006 en la localidad de
Corral de Bustos (Córdoba) se produjo una pueblada en contra de la Justicia
Provincial de la localidad. Corral de Bustos es una pequeña ciudad de 12 mil
habitantes en la provincia de Córdoba, muy cerca del límite con Santa Fe. Ubicada
sobre una de las rutas de entrada a la provincia, es uno de los tantos lugares
donde las mafias del narcotráfico, la trata de blancas y otras están enquistadas
en el poder político y judicial. El hartazgo ante el encubrimiento y la
impunidad de varios crímenes y asesinatos (18) cometidos en la zona – que en
función del encubrimiento a las mafias la justicia nunca resolvió- estallaron
en bronca popular cuando la pequeña Ariana Sabache fue violada y asesinada en
su propio ámbito familiar. Unos 2000 vecinos del pueblo se concentraron ante el
Juzgado para expresar su repudio, ante la negativa del fiscal de salir a
dialogar con los manifestantes se rompieron los vidrios del Juzgado.
Pero la pueblada estalló cuando arribó al lugar una dotación de la Guardia de Infantería para reprimir a los manifestantes. Si bien la pueblada podría haber sido leída por el poder político y judicial como un severo llamado de atención a su propio papel, la decisión política de ambos poderes ha sido el de responder con la represión y la judicialización de la protesta.
En pocos días comenzó en el pequeño pueblo una verdadera caza de brujas que llegó a tener como resultado más de 40 detenidos, que fueron encarcelados en el complejo penitenciario de Villa María (ciudad ubicada a unos 180 km de Corral de Bustos), y se generó por parte del corrupto poder judicial una sensación de temor permanente hacia los manifestantes que el día de la pueblada estuvieron en la calle, con la amenaza de que en cualquier momento habría nuevas órdenes de captura.
Luego de un intrincado recorrido judicial de la causa, viciada por innumerables irregularidades, el caso se llevó a juicio en septiembre de 2011. El resultado del mismo tiene para la justicia de Córdoba, juez y parte en este caso, un claro sentido "ejemplificador".
Los compañeros fueron condenados a diversas penas. Ellos son: Víctor Barbero (abogado) y Omar Pasquín (periodista): condenados por la Cámara del Crimen de Bell Ville a la pena de siete años de prisión por considerarlos instigadores de la quema de los Tribunales de Corral de Bustos, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2006. Rubén Omar Astudillo (maestro confitero) y Juan José Guayanes (repartidor de bebidas) fueron condenados a cinco años de prisión efectiva por ser "coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio". Juan Marcelo Farías (jornalero) y Horacio Esteban Guayanes (albañil) "responsables del delito de incendio", condenados a cinco años de prisión efectiva.
Estos compañeros están cumpliendo prisión en la cárcel de Villa María, Córdoba. Además, seis de ellos fueron condenados a penas de cumplimiento condicional: Karina Marcela Ripoll (enfermera) fue declarada responsable del delito de daño calificado y condenada a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional. Pedro Nicolás Dobba (empleado municipal), Oscar Walter Guayanes (jornalero), Jorge Alberto Luna (jornalero) y Julio César Suárez (empleado de comercio) fueron encontrados coautores penalmente responsables del delito de daño calificado y recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional. Mientras, Hugo Daniel Dobba (jornalero) fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y 18 acusados fueron absueltos.
El caso ha sido llevado por los abogados de la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por múltiples irregularidades cometidas por la fiscalía y los jueces. Llamamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, colectivos, agrupaciones, personalidades, etc, a ser parte de la campaña de solidaridad y por la libertad inmediata de los presos políticos de Corral de Bustos.
El día 28/07 realizaremos en Corral de Bustos una actividad de difusión y solidaridad con todos los compañeros condenados, para exigir su libertad inmediata.
LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR!
Pero la pueblada estalló cuando arribó al lugar una dotación de la Guardia de Infantería para reprimir a los manifestantes. Si bien la pueblada podría haber sido leída por el poder político y judicial como un severo llamado de atención a su propio papel, la decisión política de ambos poderes ha sido el de responder con la represión y la judicialización de la protesta.
En pocos días comenzó en el pequeño pueblo una verdadera caza de brujas que llegó a tener como resultado más de 40 detenidos, que fueron encarcelados en el complejo penitenciario de Villa María (ciudad ubicada a unos 180 km de Corral de Bustos), y se generó por parte del corrupto poder judicial una sensación de temor permanente hacia los manifestantes que el día de la pueblada estuvieron en la calle, con la amenaza de que en cualquier momento habría nuevas órdenes de captura.
Luego de un intrincado recorrido judicial de la causa, viciada por innumerables irregularidades, el caso se llevó a juicio en septiembre de 2011. El resultado del mismo tiene para la justicia de Córdoba, juez y parte en este caso, un claro sentido "ejemplificador".
Los compañeros fueron condenados a diversas penas. Ellos son: Víctor Barbero (abogado) y Omar Pasquín (periodista): condenados por la Cámara del Crimen de Bell Ville a la pena de siete años de prisión por considerarlos instigadores de la quema de los Tribunales de Corral de Bustos, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2006. Rubén Omar Astudillo (maestro confitero) y Juan José Guayanes (repartidor de bebidas) fueron condenados a cinco años de prisión efectiva por ser "coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio". Juan Marcelo Farías (jornalero) y Horacio Esteban Guayanes (albañil) "responsables del delito de incendio", condenados a cinco años de prisión efectiva.
Estos compañeros están cumpliendo prisión en la cárcel de Villa María, Córdoba. Además, seis de ellos fueron condenados a penas de cumplimiento condicional: Karina Marcela Ripoll (enfermera) fue declarada responsable del delito de daño calificado y condenada a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional. Pedro Nicolás Dobba (empleado municipal), Oscar Walter Guayanes (jornalero), Jorge Alberto Luna (jornalero) y Julio César Suárez (empleado de comercio) fueron encontrados coautores penalmente responsables del delito de daño calificado y recibieron una condena de dos años de prisión de ejecución condicional. Mientras, Hugo Daniel Dobba (jornalero) fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y 18 acusados fueron absueltos.
El caso ha sido llevado por los abogados de la defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por múltiples irregularidades cometidas por la fiscalía y los jueces. Llamamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, colectivos, agrupaciones, personalidades, etc, a ser parte de la campaña de solidaridad y por la libertad inmediata de los presos políticos de Corral de Bustos.
El día 28/07 realizaremos en Corral de Bustos una actividad de difusión y solidaridad con todos los compañeros condenados, para exigir su libertad inmediata.
LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR!
BASTA DE
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
Firman:
Coordinadora Contra La Ley Antiterrorista (Córdoba) Coordinadora Anticarcelaria,
Central de Trabajadores Argentinos (CTA- Cordoba)
CADH - Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario, APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario Comisión por las Libertades Democráticas de Rosario.
Colectivo de Formación de la Clase Trabajadora de Rosario Partido Revolucionario Guevarista (PRG),
Taller Permanente de la Mujer del Cordón Industrial
Blog Viento en Contra
Biblioteca Popular Natalio Sviser
Agrupación Telefónicos 23 de Diciembre
Partido Obrero Revolucionario ( POR )
Por CADH - ROSARIO
Fuente:IndymediaRosario
Fuente:IndymediaRosario
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