Los dueños de Gamsur

Por Marcos Jure

Un empleado alto, flaco y estoico espera junto al palco con una botella plástica de Sprite en una mano y una copa en la otra. Cada vez que su jefe hace una pausa en el discurso, levanta la mano y ofrece el líquido que humedecerá los labios del dirigente que arenga desde el micrófono. Julio Mauricio Saillen, líder provincial de los recolectores de residuos y ahora mandamás de la CGT kirchnerista de Córdoba, es un orador limitadísimo, pero, abajo, los trabajadores a los que representa lo aplauden y vitorean como si fuera el mismísimo Perón. O Churchill. O Cicerón.
Una banda demasiado organizada para no ser rentada interrumpe el acto para alabar las virtudes de Mauricio, quien se pavonea con un estilo de conducción que atrasa 60 años pero que él cultiva como si fuera original. En el palco, detrás del líder están su señora esposa y su señora madre, así presentadas específicamente por el locutor oficial, casi la única figura que el Protocolo municipal ha conseguido colar en un acto monopolizado por los organizadores del Surrbac. Cuando termina de hablar y de decir que por fin los trabajadores se han puesto a cargo de la empresa Gamsur -que en los papeles pertenece en un 93% al Estado riocuartense-, Mauricio, alias “El Gordo”, se sube a una de las seis flamantes Ford Ranger que presentó la mixta y sale a dar una vuelta por el nuevo predio de Gamsur ante las risas y los aplausos de los empleados. Hace lo mismo con uno de los camiones VW. Como si fuera el propietario.
Por ahí, deambulan como figuras decorativas los funcionarios municipales, que mascullan su bronca por lo bajo, porque lo que debía ser el acto de relanzamiento de una empresa que se cansó de darles dolores de cabeza ofreció en realidad una imagen ignominiosa: a los ojos de quienes fueron a la nueva sede, se trató de la exteriorización de que el control de la empresa de higiene urbana no está en manos ni del gobierno ni de los directores públicos sino del sindicato.
Los camiones flamantes, las Ford Ranger, las barredoras nuevas, la inversión de 12 millones de pesos que José Lago, presidente del directorio, estaba esperando mostrar como el primer logro de su gestión en dos años, quedaron en un muy difuso segundo plano. Todo era verde. Todo era Saillen.
El sabor amargo que dejó ese acto no se generó porque haya quedado demostrado que los trabadores tienen un lugar central en la empresa, porque así debe ser. El sabor amargo se produjo al comprobar que los dirigentes sindicales de esos empleados se han convertido en algo peor de lo que dicen combatir.
¿Por qué Jure y su gobierno cedieron sin dar batalla en el escenario fáctico y simbólico? ¿Fue el reflejo de una situación que se intuía pero jamás se había manifestado con tanta desfachatez?
Ese mismo día, antes de que se hiciera el acto, el intendente tuvo una discusión subida de tono con los gremialistas. Trató de dejar en claro que Gamsur es del Municipio de Río Cuarto y no del gremio. La denuncia de Rubén Infante, que había ido a la Justicia para describir cómo lo habían maltratado en una reunión, había sido un indicio de que la situación se había salido de cauce.
Sin embargo, la puesta en escena en el relanzamiento contradijo casi inmediatamente al intendente. Porque no sólo tuvo que dar su discurso con una inmensa bandera con la cara de Saillén como telón de fondo sino porque, además, el gremio se manejó con la prepotencia de un dueño. El PJ dice que esa actitud puede deberse a que los fondos para comprar la maquinaria podrían haber salido del gremio y no de la mixta o el gobierno.
El propio Jure se encargó de reforzar la imagen de debilidad de su gestión cuando, al lado de quienes habían maltratado a un socio privado, ridiculizó la denuncia al tildarla de “novela mexicana”. Ganó aplausos pero perdió autoridad.
Pocos días después del infausto relanzamiento, Lago terminó admitiendo sus flaquezas y pidió una reunión urgente con la oposición. Explicó que está muy preocupado por el vuelo que ha tomado el gremio y propuso que los opositores le garanticen un colchón político para aguantar la posibilidad de una confrontación con los sindicalistas. “¿Cuántos días estamos dispuestos a soportar la basura en la calle?”, dijo Lago, que prevé paros extensos y nada pacíficos ni bien intente responderle con un no a un gremio acostumbrado al sí.
El Surrbac siempre consiguió lo que quería en Río Cuarto sin demasiada resistencia. Alcides Capello, uno de los socios privados de mayor protagonismo en la empresa cuando el Estado tenía sólo el 10% de las acciones, contó en el Concejo que Benigno Rins lo llamó una vez para que le pagaran al gremio 100 mil pesos que reclamaba y que después iban a analizar cómo los recuperaban.
Sin embargo, la situación empeoró desde que el gobierno de Jure compró la empresa. Llegó a jactarse de que controlaba al Surrbac y de que lo tenía como socio; pero al precio de darle todos los meses 10 mil pesos para la obra social, cederle un vehículo, pagarle tres empleados por mes y avalar los adicionales salariales de delirio que cobran los delegados. 
Pero el Surrbac no es conformista. Es un gremio que siempre va por más. Según admitieron fuentes de la propia empresa, los representantes sindicales digitan hoy a discreción la mitad de los puestos de trabajo dentro de una empresa que tiene permanente rotación en su plantilla de empleados. Y no sólo maneja el poder sino que lo hace con violencia. El capítulo Infante no fue el único; desde adentro de la mixta admiten que otro socio privado fue golpeado salvajemente porque no terminaba a tiempo la obra para el día del relanzamiento y que una disputa interna de poder, que terminó con la intempestiva salida de Sergio González del gremio y la empresa, se dirimió a golpes y a días de hospital. Los métodos ya no sólo sorprenden, asustan a quienes todos los días deben convivir con la intimidación.
La alianza con el Surrbac y con Camioneros -Jure se reunió un par de veces con Hugo Moyano en Buenos Aires- que en algún momento tranquilizó al intendente terminó siendo demasiado costosa, más que nada en el plano político. Porque todavía no puede dimensionarse cuán onerosa es en términos económicos aunque cada vez sobrevuela más la sospecha de que los millones de pesos que el Estado vive inyectando en Gamsur -ahora serán 4,6 millones por mes y se reajustarán cada 30 días- se diluyen en una empresa malgastadora que, para colmo, el gobierno  ha dado muestras de no conducir. ¿Quién decide cuánto y cómo se gasta en la mixta?
Ahora, cerca de Jure dicen que ya es hora de ponerle límites a un gremio que no sólo representa un problema en Río Cuarto sino en todo el país. Pero tampoco hay una estrategia uniforme y definida. Mientras Lago pedía una reunión con la oposición para trazar una política de Estado, desde el Ejecutivo lo desautorizaban al decir que el rumbo ya está definido y que sólo debe ser ejecutado.
Mientras el Surrbac sabe qué quiere y cada día avanza un paso más, el poder político, como contrapartida, responde con contradicciones y titubeos.

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Fuente: Puntal