La vida en democracia necesita de controles que regulen el funcionamiento de las instituciones y los funcionarios, es simple como aquello que sabemos popularmente que no podemos ser juez y parte en la misma disputa. Parece que estas verdades elementales son obviadas por los que ejercen el poder en nuestro medio, tal es el caso del Concejo Deliberante cuyas disposiciones no dejan de sorprendernos como hace años lo venimos destacando. Así nos remitimos a los hechos más recientes como fueron los trascendidos con respecto a la adulteración de facturas que hacen a la rutina del funcionamiento del legislativo que cobraron cuerpo con la causa de los criollitos, y el destape de que se devuelven un número estimado de 30 facturas por día rechazando órdenes de pago por las irregularidades de la mismas.
Los caminos administrativos de los controles que posibilitaron conocer esta situación irregular, se basaban según refiere la crónica periodística en “el decreto 490 del 2004. Ese decreto establecía en su artículo 9 que la Subdirección de Presupuesto debía verificar el gasto. Agregaba que debía abstenerse de continuar el trámite de rendición si no se ajustaba a las condiciones fijadas para la presentación de las facturas y -aquí está la clave- determinaba que, ante cualquier adulteración o irregularidad detectada, la Subdirección debía elevar las actuaciones a la Secretaría de Economía. Es decir, todo el control quedaba en manos del Ejecutivo, un poder distinto al Legislativo.”
Pero hoy las cosas han cambiado y tras producirse este destape, los concejales rápidos de reflejos, aprobaron en noviembre del 2009 la resolución 428/09 por la cual las cajas chicas pasaron a ser auditadas por el propio Concejo, adonde termina el nuevo camino de control establecido.
Entre el hecho advertido y denunciado y la modificación de la norma transcurrieron… 33 días. En tiempo record, los representantes de la comunidad se otorgaron la facultad de autocontrolarse. Ya no es suficiente que el poder Ejecutivo, que es del mismo partido político que la mayoría del Concejo, ejerza este control, ahora esta función fue delegada al propio cuerpo legislativo. Planteada así la situación tenemos todo el derecho de pensar que las irregularidades difícilmente trasciendan y casos como el de los criollitos tiene todo los argumentos para quedar como problemas de entrecasa.
Ante la situación planteada hubiéramos pretendido que el Concejo estimulara los controles de los fondos que maneja, para demostrarnos a nosotros, los contribuyentes, que estas situaciones irregulares son excepciones y que no se esconde la basura debajo de la alfombra en una repartición oficial. Pero parece que el camino más fácil es el atajo que le otorga a un poder del estado la facultad de controlar sus propias cuentas, entre los compañeros de funciones. El ejemplo citado en el relato periodístico es muy gráfico dado que señala que en el caso de los criollitos la vuelta del expediente de acuerdo a la nueva modalidad le hubiera dado la alternativa de efectuar la denuncia al presidente del Concejo Eduardo Yuni quien entonces tendría que haber actuado vía judicial, comprometiendo la situación de su correligionario Gustavo Segre.
Las sospechas de la ciudadanía con respecto al descontrol en el manejo de las cuentas municipales, proceden de hace mucho tiempo, dado que nunca los números son claros y transparentes sea la administración de tal o cual color político. El reclamo permanente es que los mecanismos de controles funcionen para tener la certeza de que el dinero público se emplea en lo que la ciudad y su gente necesitan. En consecuencia si se siguen generando situaciones de sospecha en el manejo del dinero ya sea de una caja chica o de una empresa como Gamsur, los principales perdedores son los dirigentes, que luego se asombran al recibir la desaprobación de parte de la población, como sucedió cuando consideraron que la forma de sanear las finanzas era la vía del Impuestazo y no de revisión de tantos números sospechados.
CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO
Fuente: Puntal 13 de marzo 2010
Fuente: Puntal 13 de marzo 2010
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