El fiscal Federal Guillermo Lega había desestimado la denuncia de la Federación Universitaria porque consideró que el policía Becerra estaba haciendo prevención. Pero el juez Ochoa le recordó que no es competencia federal dicha prevención.
La investigación reclamada por los estudiantes universitarios para saber qué hacía un policía filmándolos durante una movilización por el boleto estudiantil está encontrando algunos escollos.
Es que para el fiscal Federal lo realizado por el agente Esteban David Becerra, de la policía Federal, “le compete por su actividad prevencional”.
El fiscal Guillermo Lega utilizó ese argumento para desestimar la denuncia y disponer el archivo de la causa.
El fundamento empleado por el fiscal fue el mismo del jefe de la delegación Río Cuarto Delitos Federales y Complejos. El propio Lega dice que esta autoridad policial cuando compareció ante el juez Federal explicó que “la actividad del policía en el lugar se debió a la prevención general que hacen sus dependientes en el casco céntrico de la ciudad”.
A Lega le pareció razonable pese a que el mismo jefe policial también reconoció que “no se comisionó a persona alguna de su numerario para la realización de tareas de inteligencia”.
Sin embargo, el archivo dispuesto por el fiscal, que generó indignación entre los estudiantes que no han obtenido respuestas sobre para qué los filmaban, fue rechazado por el juez Federal Carlos Ochoa.
Leyes: El juez recordó que la ley 24.059 de Seguridad Interior “no permite la utilización de las fuerzas policiales federales salvo en dos supuestos: 1) cuando se encuentren amenazados gravemente los derechos y garantías de cierto sector de la población y 2) cuando se encuentre en peligro la vida, libertad y patrimonio de personas”.
En la marcha del 29 de setiembre frente al Concejo Deliberante no se produjeron ninguno de estos supuestos. Sólo se trató de una concentración de estudiantes que entregaron las 10 mil firmas de riocuartenses que apoyan la creación de un boleto estudiantil más económico.
Ochoa también cita la ley 333/58 para rechazar el archivo dispuesto por Lega. “El hecho no se suscitó en territorio federal, tampoco se deriva que su función (la del policía) haya sido la de proveer a la seguridad de algún funcionario nacional o que se encuentren en juego intereses federales…”.
Agrega el juez que la misma ley 333 “impide actuar a la Policía Federal en cuestiones o situaciones que tengan que ver con posibles investigaciones a realizar por las fuerzas de seguridad provinciales”.
Los estudiantes, a través del abogado Héctor Giuliani constituido como querellante en la causa, rechazaron abiertamente la decisión del fiscal Lega sobre todo porque, además de los reparos técnicos, es un órgano que tiene por función “promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad”.
Medidas. Por otra parte, el fiscal Lega no dispuso ninguna medida para adoptar su resolución y se dio por satisfechos con todos los elementos que había en la causa para desestimar en el término de seis días la preocupación que invadió a cientos de estudiantes.
Nuevamente el juez Ochoa fue más allá y sugiere que se oficie a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio del Interior para determinar si se ordenó tareas de inteligencia sobre la manifestación realizada frente al Concejo Deliberante.
El juez no hizo lugar al pedido de desestimación formulado por el fiscal federal Guillermo Lega y dispuso elevar en consulta las actuaciones al fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Los pasos de la causa son seguidos con atención por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la que requirió copia del expediente luego que de los estudiantes, a través del abogado de Derechos Humanos Giuliani, la anoticiaran sobre lo sucedido en esta ciudad.
Fuente: Otro Punto
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