Violencia y Derechos Humanos

Con motivo de la pasada Feria del Libro, estuvo en la ciudad la escritora Claudia Korol. Disertó acerca de la criminalización de la pobreza  y de la protesta social.  Entonces, hoy cuando se suceden a diario hechos que nos muestran descarnadamente la violencia que estamos padeciendo en todo el país, y que por episodios puntuales como el ataque al ex futbolista Fernando Cáceres cobran vigencia desde todos los medios de comunicación, atender estas reflexiones de la autora es interesante para que también meditemos acerca de la sociedad que tenemos y de la cual somos responsables por acción o por omisión.

La violencia social compromete a distintos actores  y sino miremos nuestra ciudad, en donde tenemos ejemplos recientes: un turista peruano hace  un mes fue detenido cuando estaba en la Plaza Roca, tratado con una severidad extrema, lo llevaron según la crónica periodística a la rastra y con golpes de puño hasta la Central de Policía, donde lo desnudaron y humillaron, y por si fuera poco lo dejaron sin dinero. También le recordaron que en Argentina sus derechos no valen. Tan lejos no debe estar de la verdad dado que por el caso hay seis policías imputados, que han sido indagados por la fiscalía y tomó intervención del hecho la embajada de Perú. Eso en una pequeña ciudad del interior como es la  nuestra,  que también se vio sorprendida por la absolución del policía Claudio Quiroga, quien se desempeñaba como subjefe del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia, cuando se lo denunció  por maltrato que acabaron con los detenidos en el Hospital. Sólo se lo condenó por lesiones leves a tres meses de prisión en suspenso. Si aceptamos el fallo como correcto, no es un dato menor que el citado Quiroga ocupaba un cargo importante en la fuerza que la sociedad tiene para que cuiden  a los ciudadanos. Ahora luego de este fallo  ¿Todo está bien, y el policía vuelve a su trabajo? ¿Seguimos con la misma tónica empleada por la Municipalidad que no acusó recibo de lo que expresáramos acerca de su personal de seguridad?

Y aquí viene al caso lo dicho por Claudia Korol cuando señala:

 “Las fuerzas policiales aún están siendo educadas con herramientas represoras que viene de la época de la dictadura, entrenadas para reprimir y matar”.

“La exigencia de mano dura es cada vez más común en la sociedad y no sólo en sectores socioeconómicos altos, sino también medios y bajos. Es algo que está muy construido por el discurso de la seguridad democrática, donde trata de arrinconar a los sectores excluidos en sus ghettos, que no salgan de ahí y que sean controlados”.

“Estamos criminalizando a los sectores más vulnerables, en lugar de plantear la lucha por los derechos a partir de las redes de solidaridad. Se tiene al otro como una amenaza, el pobre es criminal y se lo juzga antes de que haga algo”.

Los invitamos a leer este trabajo de la autora que se publicó hace 4 años para que reconsideremos nuestra posición ante la vigencia de los Derechos Humanos en el país.

CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS DE RIO CUARTO.

Que entendemos por derechos humanos.

30 de octubre de 2005 Red Nacional de Medios Alternativos

Claudia Korol - Hablar de este tema en la Argentina, presupone realizar algunas aclaraciones sobre el concepto mismo de los derechos humanos al que nos referimos.
¿Qué entendemos por derechos humanos, en la Argentina del 2005? ¿Qué entendemos por derechos humanos en un país en el que el 40% de la población no cubre sus necesidades básicas, y la inflación en curso amenaza con agregar a esta cifra, medio millón más de pobres? ¿Qué entendemos por derechos humanos en un país en el que cuando crece la producción y se reactiva la economía, crece también la brecha entre los más ricos y los más pobres; cuando la brecha entre el 10% más rico y el más pobre pasó de 24,25 veces en mayo del 2003, a 27,81 veces en diciembre del 2003, y a 28,94 veces en mayo del 2004?

¿Qué entendemos por derechos humanos en un país en el que los sucesivos gobiernos -hasta el actual- se han abierto las puertas, indiscriminadamente, para que las trasnacionales saqueen los recursos naturales, el petróleo, se apoderen de las aguas, las tierras, los bosques, la biodiversidad, expulsando a pueblos originarios de sus territorios, anegando con las represas amplias extensiones de tierras, contaminando con las explotaciones petroleras y mineras las tierras, las aguas? El modelo económico, político, social y cultural en curso ha provocado nuevas enfermedades incurables, que se multiplican sobre todo en las regiones más aisladas del país, o en las zonas paradójicamente más ricas en recursos, como aquellas que tienen petróleo o minerales. Crecen el cáncer, la diabetes, la leishmaniosis, malformaciones genéticas, resultantes de la contaminación. Y también crecen las distintas formas de depresión, stress, y enfermedades resultantes de la desocupación y la represión. Hoy mueren niños y niñas por desnutrición infantil.

 Hoy mueren miles de mujeres, en abortos clandestinos, porque el poder –haciendo reverencias al Vaticano- penaliza el aborto. Derechos humanos debería ser entonces, garantizar la comida, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, la información, la recreación, para toda la población. Pero lejos de abordar estructuralmente esta situación dramática, lo que se han puesto en marcha después del estallido popular de diciembre del 2001, son políticas de control social, de gobernabilidad, y de "combate a la pobreza" transformado en aniquilamiento de los pobres, que tienen un pilar en el asistencialismo, y otro en la represión. Es un modelo basado en la multiplicación de los mecanismos de control social con criterios contrainsurgentes.

 La impunidad, en esta perspectiva, no es más que una necesidad del propio modelo político, económico y social. Si la perspectiva es la criminalización de la pobreza y la judicialización de los luchadores, es necesario un poder represivo que tenga "garantías" para realizar una y otra vez violaciones a los derechos humanos (entendidos en el sentido estricto de las libertades individuales), con tranquilidad para operar "cumpliendo órdenes", que emanan del poder político y que son habilitadas por el poder judicial. Impunidad y represión, son dos caras de la misma moneda. Pero como después de la rebelión popular del 2001, no se puede seguir gobernando como antes en la Argentina, porque los límites del modelo los puso el pueblo con su "que se vayan todos", el gobierno nacional ensaya algunas medidas, y un discurso de derechos humanos, que actúa como un manto de confusión sobre esta descarnada realidad. Si para un sector social existen derechos humanos, y hay una ilusión de recuperación de espacios e incluso de obtención de demandas históricas, para los excluidos, no existen ni espacios ni ilusiones. Las cárceles son depósitos de pobres, maltratados y maltratadas por funcionarios de un sistema penitenciario educado en el odio contra los oprimidos. Los motines que sistemáticamente explotan en una u otra cárcel del país, desnudan una realidad agraviante para la dignidad humana. Miles de hombre y mujeres son amontonados en celdas en las que no existen condiciones mínimas de higiene, de salud, de alimentación –incluso han sido depositados en camiones, como recientemente se descubrió en la provincia de Jujuy-. Las cárceles están saturadas de pobres, la mayor parte sin condena, acusados de delitos que en muchos casos no cometieron. Sin defensa adecuada, frente a una justicia que acentúa su desprecio por los pobres, su condena a quienes nada tienen, y la impunidad de los que sí quedaron incluidos de manera privilegiada en el modelo hegemónico (como lo demuestra la excarcelación de Omar Chabán, empresario responsable de la muerte de casi 300 jóvenes, en el centro bailable Cromañon). La judicialización de la protesta, es el ariete fundamental para el disciplinamiento de los movimientos en lucha. La prisión arbitraria -con una causa armada contra el militante piquetero Gabriel Roser-, la prisión de los trabajadores de Caleta Olivia por la batalla realizada por trabajo genuino, la prisión primero y el juicio ahora en curso contra los detenidos en la movilización de la Legislatura, son sólo algunos casos de un drama gritante: más de 4000 procesados por movilizarse en reclamo de los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos hoy, en la Argentina, ha sido judicializada. Las víctimas de las violaciones a los derechos humanos hoy, en la Argentina, están siendo criminalizadas. Mientras los presidentes miran a las Cumbres, muy por abajo, donde no llega su mirada, la batalla por la libertad continúa porque no han logrado domesticar el deseo de vivir con dignidad.